BARCELONA.- A los 51 años, el presidente Pedro Sánchez va camino de convertirse en un equilibrista legendario de la política española. Desde su ascenso al liderazgo del PSOE en 2014, ha afrontado y superado todo tipo de adversidades que habrían representado el fin de la carrera de un político convencional. Sánchez ha sufrido un “golpe de Estado” interno, varias derrotas electorales, una moción de censura improbable, crisis de gobierno, etc. Y gracias a su osadía, flexibilidad e intuición ha sido siempre capaz de burlar a la muerte política.
El endemoniado panorama salido de las elecciones del 23 de julio le obliga a hacer un nuevo salto mortal, el más difícil todavía: pactar con Carles Puigdemont, el expresidente catalán convertido por la prensa de Madrid en la “bestia negra” de España. Y visto el resultado de la votación para la elección de la presidencia del Congreso, en la que el PSOE obtuvo el respaldo de Junts per Catalunya, el partido de Pugidemont, bien parece que volverá a salir airoso del envite.
Para entender la dificultad de la empresa basta recordar los descalificativos que ambos se dedicaron hace tan solo unas semanas, en plena campaña. “Puigdemont era un problema hace cinco años, hoy es una anécdota”, deslizó el líder socialista en una entrevista, antes de afirmar que la palabra del expresidente “vale lo que vale su declaración de independencia, es papel mojado”.
Por su parte, Puigdemont no utilizó un tono más conciliador al hablar de Sánchez. “Exactamente qué incentivo tenemos nosotros para hacer primer ministro a un mentiroso y un inclumplidor”, espetó en referencia a las promesas de inversiones para Cataluña que nunca se materalizaron. “Pagar por adelantado a un tío al que no le comprarías un coche de segunda mano es un deporte de riesgo”, remachó.
El dirigente independentista es una figura denostada por el nacionalismo español no solo por haber organizado un referéndum de autodeterminación en Cataluña en 2017 -declarado ilegal por el Tribunal Constitucional-, sino por haber puesto en evidencia a la Justicia española en reiteradas ocasiones desde entonces.
Desde su exilio de Bruselas, ahora como diputado del Parlamento Europeo, ha logrado que los tribunales de varios países europeos -Bélgica, Italia o Alemania- se hayan negado a deportarlo a España ante las deficiencias de las “euroórdenes” de arresto del Tribunal Supremo alegadas por sus abogados. Ello ha convertido a Puigdemont en un mito en una parte de la sociedad catalana, que ha desplegado pancartas con su efigie y el lema “No surrender” (sin rendición).
Obsesión mediática
La obsesión mediática en Madrid por el líder de Junts llevó a Sánchez a prometer en un debate preelectoral en noviembre de 2019 “traerlo de vuelta a España para que rinda cuentas ante la Justicia”, una declaración por la que se comparó a Sánchez con un sheriff de los westerns de Hollywood.
Por todo ello, que las urnas otorgaran el 23-J a Puigdemont la llave de la gobernabilidad de España parecía abocar al país a una repetición electoral. No obstante, desde entonces, los gestos de los dirigentes de Junts han sugerido que se abría una ventana de oportunidad a la negociación. El más evidente, el respaldo a la candidata socialista a presidir el Congreso, Francina Argmengol, ya en la primera votación. Ahora bien, ello no quita que su retórica sea dura e insistan a que el “precio” de su apoyo a la investidura de Sánchez no será barato.
Aunque durante la campaña electoral Junts situó dos condiciones sine qua non para apoyar cualquier investidura, una amnistía a los “represaliados catalanes” y la celebración de un referéndum de autodeterminación, todo parece indicar que son conscientes de la inviabilidad de la segunda exigencia. Una fuente que ejerce de mediadora en la negociación explicó a LA NACION que el verdadero desatascador de la reelección de Sánchez es la aprobación de una amnistía que permita a Puigdemont retornar a Cataluña.
Este concepto ya figuró en las conversaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya, el otro gran partido independentista, para la investidura de Sánchez en 2019. Entonces, los socialistas rechazaron pactar una amnistía al considerarla inconstitucional. En cambio, sí aceptaron aplicar varias medidas con el mismo efecto para algunos de los implicados en el referéndum de 2017, lo que les granjeó el apoyo de Esquerra en la pasada legislatura.
Fue así como en 2021 el gobierno de Sánchez indultó a los siete consellers o ministros de Puigdemont que optaron por no exiliarse y que pasaron más de tres años entre rejas condenados por sedición. Ahora bien, la medida no resolvió la situación de Puigdemont y de los otros miembros de su gobierno ahora en el exilio, así como a cientos de activistas y alcaldes independentistas procesados por ayudar a organizar el referéndum o las protestas posteriores por su represión.
En esta ocasión, la negociación con Puigdemont podría desembocar en una fórmula parecida: una batería de medidas legislativas con unos efectos legales parecidos a los de una amnistía. Eso sí, esta vez deberían beneficiar a todos los procesados por el conflicto catalán, que algunas entidades de derechos civiles cifran en unas 4000 personas. El PSOE quiere evitar la palabra “amnistía”, y por eso, en los pasillos del Congreso el jueves se escuchó mucho la palabra “desjudicialización”.
Si el deseo de Puigdemont de poner fin a su exilio, que él mismo ha reconocido que representa una pesada losa para su familia, es más fuerte que su desconfianza hacia Sánchez, y los negociadores de ambas partes gozan de suficiente imaginación para encajar todas las piezas, el líder socialista permanecerá en la Moncloa. De momento, el próximo paso será la celebración el lunes y el martes de la ronda de consultas del rey Felipe VI con los partidos políticos para decidir a quién encarga la formación del próximo gobierno.
