Pese a que faltan apenas dos meses para el vencimiento de la concesión de tres hidroeléctricas del sur, luego de 30 años de contrato, en el Gobierno están convencidos de avanzar en la creación de una nueva empresa estatal que se quedará con la administración de todas las represas. Se llamaría Enarsa Hidroeléctrica Comahue y podría estar inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) la semana próxima.
La empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), a cargo de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, de las importaciones de gas y de la construcción de las represas de Santa Cruz, tendrá el 90% de participación accionaria de la nueva compañía pública. El 10% restante será propiedad del Estado argentino.
El ministro de Economía, Sergio Massa, está en negociaciones con Neuquén y Río Negro para que las provincias también estén incluidas como accionistas, por lo cual Enarsa les cedería un porcentaje de participación. Lo mismo podría ocurrir con alguna empresa privada que muestre interés en ser parte.
Sin embargo, por el momento, el Gobierno avanzará con la constitución de la nueva empresa sin representación provincial, lo que generó el enojo del gobernador neuquino Omar Gutiérrez en un evento realizado hoy. “Me desayuné con la noticia y me parece una barbaridad”, dijo el mandatario provincial en las Jornadas de Energía 2023 del diario Río Negro.
Gutiérrez había leído en el portal Econojournal la carta que le envió la secretaria de Energía, Flavia Royón, al presidente de Enarsa, Agustín Gerez, donde le instruía formalmente que tomara el control de las represas hidroeléctricas del Comahue cuando vencieran las concesiones.
“La medida ilegítima, ilegal, antidemocrática, autoritaria y centralista no puede justificarse con el inminente vencimiento del plazo de las concesiones, algo que todos conocíamos y que era de carácter público. Las provincias somos dueñas de los recursos naturales, el agua es la que genera energía y es aquí algo fundamental y decisivo, porque las represas son las generadoras de una parte importantísima de la energía del país”, dijo Gutiérrez.
Actualmente, las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas perciben de regalías el 12% del valor de la energía vendida a los centros de consumo. Cuando las provincias comparten el recurso, cada una se queda con el 6% de regalías. Si se quiere subir el porcentaje de regalía es necesario hacerlo por ley. Asimismo, en algunas represas, Neuquén y Río Negro también son accionistas (clase B), por lo tanto, ya cobran una recompensa por el uso de sus recursos.
En el Palacio de Hacienda, por su parte, dijeron que las represas fueron construidas con los fondos que aportaron los ciudadanos de todo el país y que, por ello, las represas le pertenecen al Estado Nacional. Sin embargo, remarcaron que el porcentaje que le corresponderá a las provincias “lo resuelve Massa”.
En las provincias dicen que, si la decisión es no prorrogar las concesiones, debe haber una administración compartida entre Nación y los gobiernos provinciales en una nueva empresa. “Adicionalmente a la creación de la empresa, hay varias discusiones que hay que tener. Una es ver cómo se va a remunerar la energía que se genere en adelante y si el flujo puede alcanzar no solo para cubrir los costos de operación y mantenimiento, sino también para crear un fondo para el financiamiento de otras obras hidroeléctricas en la misma cuenca del Comahue, donde están las represas”, dijeron en una provincia del sur. En la Secretaría de Energía coinciden con la idea de crear un nuevo fondo para financiar el plan de construcción de obras hidroeléctricas.
Por otro parte, a partir del próximo mes se espera que la Secretaría de Energía lance una nueva licitación de operación y mantenimiento para que las empresas privadas se hagan cargo de esa parte de las represas, cuyas concesiones vencen el 11 de agosto. Esto incluye a las hidroeléctricas que están sobre los ríos Limay y Neuquén: Alicurá, operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito, administradas por la italiana Enel, y Planicie Banderita, bajo la concesión de la también estadounidense Orazul. Piedra del Águila, por su parte, bajo la operación de la local Central Puerto, vence el 29 de diciembre.
Entre las cinco centrales suman una potencia instalada de 4170 megawatts (MW), que representa el 10% del total de la oferta de energía eléctrica del país. Luego, entre 2024 y 2026, vencen otras 15 centrales hidroeléctricas, pero de menor potencia instalada que las primeras cinco. En total, se trata de un negocio que genera alrededor de US$200 millones por año.
El año pasado, el Gobierno creó una mesa de trabajo llamada Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc), conformado por representantes de la Secretaría de Energía, Cammesa, el ENRE y Enarsa. Dicha mesa debía “elaborar un informe circunstanciado, detallando el estado de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales, en vista de los próximos vencimientos”. Pero los actores que impulsaron ese equipo –incluido el exsecretario de Energía, Darío Martínez, y el exsubsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo– hace tiempo dejaron sus cargos.
Con relación a la construcción de las represas de Santa Cruz, Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la Secretaría de Energía indicaron que en los próximos días se firmará la adenda XII, que destrabaría un nuevo desembolso de los bancos chinos para continuar con las obras. Asimismo, próximamente se licitará también un estudio técnico para ampliar las líneas de transmisión eléctrica desde el sur, para ampliar la capacidad de transporte.
