“Me pegaron otra trompada”. De esta manera, Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, que el año pasado sufrió el bloqueo por parte de delegados del gremio lechero Atilra en la planta de Moctezuma, Carlos Casares, define la nueva resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo N°9, donde se ratificó la decisión del juez de primera instancia, José Ignacio Ramonet, que la obliga a reincorporar a 29 empleados despedidos. El nuevo revés judicial le ordena pagar $290.000 por día, es decir, 10.000 pesos por persona si se demora. En el gremio se hicieron eco de la decisión.
Así le pegaron a un empresario al que culpan de una presunta millonaria estafa
“Esto nos pone en una situación de extrema gravedad, nos condena a fundirnos cuando la cuestión de fondo no está resuelta, esto, además, pone en peligro la propiedad privada”, dijo Bada Vázquez. Las astreintes [sanciones] que la Justicia fijó, 10.000 pesos por día por empleado, van a parar a los empleados que fueron despedidos, mientras se determina si los despidos fueron realizados en el marco de la ley.
El Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°69, a cargo de Ramonet, había dictado la medida cautelar de eximir de prestar servicios a los 29 empleados. Posteriormente, el mismo juez la dejó sin efecto. Tras la apelación de Atilra, la Cámara N°9 ordenó la ejecución original de la medida cautelar “sin argumentos”.
“No lo justifica ni lo fundamenta, por eso me están violando los derechos de defensa. Me está ocasionando un perjuicio económico grave, porque la cámara me está condenando a fundirme sin fundamentar la decisión, eso es lo más grave”, indicó la empresaria.
Juan Beluardo, el abogado que patrocina a la pyme láctea en este caso, indicó que, más allá de lo dictado por el juez, van a presentar una recusación. Recordó también que en el medio hay una causa penal por lo sucedido en Moctezuma. “Creemos que no han sido imparciales, mostraron una suerte de parcialidad, en algún momento, toda vez que hasta el mismo fiscal general de Trenque Lauquen en la causa penal consideró apartarlo al fiscal Fabio Arcomano y designó a otro fiscal. Entendemos que la resolución que puedan dar los tribunales de trabajo tienen que estar ligados a esa resolución. Se presentó el desarchivo y hay otro fiscal que interviene en la causa”, completó.
Contó que cuando se dio la apelación en la Cámara N°9 presentaron un descargo explicando los motivos por los cuales no pueden reincorporar a los trabajadores. “Hay una causa de fondo sin resolver, hay causas penales en trámite y nosotros los despedimos por pérdida de confianza, que además nosotros trabajamos con alimentos y esta decisión podría afectar la salud pública, y que agredieron a sus compañeros, por ende, es imposible continuar la relación laboral”, señaló Bada Vázquez.
Los empleados despedidos son 29. De estos, dijo, dos ya pidieron la jubilación, dos más estarían trabajando en otros lugares y hay otros que hacen obras públicas. En medio de esta decisión, la empresaria señaló que vive momentos de tensión tras escuchar que en un video un delegado de Atilra pide a Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, que los ayude a “fundar una cooperativa”.
“Estoy mal porque me quieren fundir, y me está costando mucho sobreponerme sobre todo emocionalmente. Tendría que poner mi energía en ver qué producto nuevo puedo hacer, a qué otro mercado, a dónde puedo exportar, a dónde puedo conseguir más clientes, para que la Argentina pueda exportar más, pero tengo que ocupar mi energía en ver que no me fundan estos tipos. Está claro que el sindicato con sus bloqueos y amenazas vienen fundiendo pymes lácteas, no se generan nuevos puestos de trabajo y cada vez hay menos empleos en la Argentina”, remarcó la empresaria.
“No duermo, tengo taquicardia; quisiera que me dejen en paz ya, pero parece que es muy difícil. La Justicia está amenazada por una mafia sindical. Las empresas estamos fundidas. Nos sentimos muy desamparados, desprotegidos. No sabemos cómo si vamos a poder seguir”, puntualizó.
La empresaria ratificó que no van a reincorporar a los empleados: “Se perdió toda la confianza en esa gente. Las empresas estamos muy desprotegidas, no tenemos ningún tipo de protección y la propiedad privada está seriamente en riesgo, nadie quiere invertir en la Argentina, eso es en gran parte a la mafia sindical. Nosotros moriremos de pie, pero no vamos a morir de rodillas”. Tras la nueva resolución, contó, la gente del sindicato “se volvió a activar” en Moctezuma.
LA NACION consultó a Atilra sobre la última resolución judicial. Respondieron: “Se ordena en esa sentencia la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos que sucedió en el marco de la huelga del 18 de julio de 2022. Además, en su resolución, el Juez Ramonet impuso a la patronal el pago de sanción económica, estimada en $10.000 diarios por cada día de mora, por cada uno de los trabajadores por los que incumpla. En la resolución hay dos delegados y un miembro de Comisión Directiva que tenían protección gremial y fueron despedidos igual. O sea, estabilidad por la ley de asociaciones sindicales”.
