Cada vez que Damián Alfredo González, exconcejal de José C. Paz, se refiere en sus posteos de Instagram a Fabián Julián Carballo, candidato a intendente del distrito por el Frente Renovador en 2015 y empresario, lo llama “Mi gran amigo y conductor”. Nada raro en política. El problema es que González ocupa desde enero de 2020 el cargo de gerente general de Desarrollo Comercial de Trenes Argentinos, dependencia del Ministerio de Transporte, y coordina licitaciones de locales comerciales que Carballo podría adjudicarse sobre los andenes de las estaciones. Una incompatibilidad que, ya desde lo institucional o teórico, caracteriza a este área en la que tiene una evidente influencia el ministro de Economía, Sergio Massa.
González y Carballo militan desde hace tiempo en el conurbano, pero tuvieron además una sociedad comercial en la firma Manary SA, una inmobiliaria con sede en Lomas de Zamora que ya no funciona, pero que no fue dada de baja en la AFIP. González dice haberse desvinculado en 2015. Esa relación política y de amistad entre ambos los deja, sin embargo, a uno y otro lado del mostrador de un negocio que mueve millones, en general con un gran porcentaje en negro, y del que se habla poco: las ferias comerciales en derredor de las líneas ferroviarias.
Documentos públicos a los que accedió este diario dan cuenta de operaciones en las que, directa o indirectamente, a veces a través de algún socio, podrían estar vinculados.
Los empresarios del rubro suelen quejarse de que no siempre se enteran de las licitaciones, todas ellas con valores de canon mensual llamativamente bajos que, según informaron a este diario en Trenes Argentinos, son determinados por el Tribunal de Tasación de la Nación. Algunos no son más que negocios inmobiliarios: el concesionario adquiere, por ejemplo, 30 locales a cambio de montos que paga al Estado y que podrían equipararse al alquiler de un tres ambientes en Recoleta, y se los alquila a su vez a otros comerciantes. “Los cánones son bajos porque hay que hacer atractiva la licitación y muchos espacios están intrusados -explican en el Gobierno-. De lo contrario, todos los interesados querrían Retiro”.
González y Carballo tienen múltiples fotos en las redes en las que aparecen recorriendo distritos con sus referentes del Frente Renovador. Entre ellos, Massa y su mujer, Malena Galmarini. Trenes Argentinos, que preside Martín Marinucci, funciona bajo la órbita del Ministerio de Transporte nacional, que conduce el rosarino Diego Giuliano, otro funcionario del espacio.
Carballo es además un histórico de las ferias. Tiene a su cargo la concesión del Mercado Compensador de José C. Paz, una especie de Mercado Central del municipio que maneja Mario Ishii, y además un cargo en la provincia de Buenos Aires: el 13 de julio del año pasado fue designado director de Contralor de Transporte Aéreo bonaerense, dependencia del ministerio que conduce otro massista, Jorge D’Onofrio. Su atribución es entonces supervisar las operaciones en los aeródromos de la provincia, algo también incompatible porque tiene hace tiempo una línea aérea, Fusion Blue Services Aéreos SA, que suele suministrarle traslado a Massa. De hecho, según una investigación de Maia Jastreblansky e Iván Ruiz en LA NACION, le alquiló 17 vuelos para la campaña entre 2014 y 2019.
En el Frente Renovador argumentaron en su momento que se trataba de traslados pagos con sus respectivas facturas, pero la historia reciente indica que el ministro de Economía suele subirse a vuelos también por razones de amistad.
Es cierto que Carballo, como explicó el propio empresario a través de terceros a LA NACION, se dedica al negocio de las ferias callejeras hace casi 30 años. Tiene, por ejemplo, a través de la firma Flor-Fajul SA, de la que es director suplente, tres predios comerciales de la estación Delta, del Tren de la Costa, y otro en la estación Martínez, en el ramal Mitre, todos ellos adjudicados en gobiernos anteriores. Pero hubo licitaciones o renovaciones que llegaron con esta administración. Concretamente, meses después de que su amigo González asumió en Trenes Argentinos.
Por ejemplo, la expansión de locales en las estaciones del ferrocarril San Martín y el Urquiza en la ciudad de San Miguel, ambas separadas por unos pocos metros. Esa iniciativa, que empezó en 2011, se llama Centro Integral de Consumo y fue objetada hace diez años por el abogado Ricardo Monner Sans durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, enfrenta juicios por no dar comprobante y hasta subfacturarles en hasta un 50% a los inquilinos. El año pasado, de acuerdo con los registros a los que accedió este diario, fue renovada por 25 años. En el Gobierno explican que esa concesión no está estrictamente bajo el área de la empresa que tiene a su cargo González, que es la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), sino de la Administradora de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (Adifse), otra firma del grupo. Pero en algunos andenes se conocen todos.
Según el documento de Trenes Argentinos, fechado el 10 de marzo de 2022 a las 14, se habían presentado para esa licitación sólo dos ofertas. La más alta, la de Flor-Fajul, ganó con un canon mensual de 300.000 pesos. La otra, que ofrecía 50.000 pesos menos ($ 250.000), pertenecía a la firma SOF Solution SA, que desde octubre de 2021 preside José Gabriel Arribillaga, otro empresario del sector que también lidera Pasaggio SA, una firma de estacionamientos que Carballo condujo hasta 2019.
“Pasaggio está cerrada, no opera más”, dijeron cerca de Carballo. La que sí funciona es otra empresa que encabeza Arribillaga, Tejilastic SA, que se adjudicó el 11 de abril de 2021 veinte locales y espacios comerciales en la estación Laferrere, del ramal Belgrano Sur. En el Gobierno aclaran que, de esos 20, exactamente 18 estaban usurpados. El canon previsto en el contrato equivale a lo que se paga por departamento de tres ambientes en la Capital Federal: 150.000 pesos en 2021, que aumentó a 200.000 el año pasado, quedó en 250.000 en 2023 y subirá a 305.000 para 2024 y a 382.000 en 2025.
Tejilastic SA era en realidad una textil. Pero, el 23 de diciembre de 2020, pocos días después de la asunción de Alberto Fernández, los socios cambiaron el objeto de la sociedad a otros rubros, como el inmobiliario y la construcción para la explotación de locales comerciales. Eso les permitió adjudicarse otros 120 locales en la estación Moreno, de la línea Sarmiento, con un canon inicial de $ 420.000 para el primer año que aumentó a 559.020 en 2022, a $ 700.000,98 en 2023, a $ 840.000 para 2024 y a $ 1.060.000 para 2025. El Gobierno dice que, de esos 120 comercios, 45 estaban intrusados y eso suponía una deuda mensual de un millón de pesos mensuales en la factura de electricidad que ahora paga un privado.
Son negocios que a veces sorprenden por la desproporción entre lo que se paga y lo que se obtiene en rentabilidad. Sobre todo si, como postea en las redes, González, al que La Nación intentó sin éxito contactar directamente, la actividad del militante consiste en mejorarle la vida a los ciudadanos. El 23 de agosto de 2018, por ejemplo, el funcionario publicó un video de Roberto Baratta en el que Massa se manifestaba a favor de la ley del arrepentido. Abajo, a modo de conclusión, citó una frase del líder del Frente Renovador: “La sociedad va a volver a creer cuando la plata de un bolso o una valija vuelva al Estado”. Un idealista.
