Para no desaprovechar la oportunidad que tendrá el próximo gobierno de cortar el largo ciclo de decadencia, es imprescindible preparar una estrategia de ordenamiento integral del Estado. Asumir que estamos frente a un problema organizacional y que para resolverlo se necesitan mucha innovación, profesionalismo y audacia política. Repetir las tradicionales recetas de ajuste fiscal es un camino más fácil, pero es garantía de repetir frustraciones.
Frente al agobio que genera la inflación, es entendible que la recuperación de la estabilidad sea un tema prioritario. Esto resalta la importancia de diagramar un nuevo régimen monetario y contemplar regulaciones que, de manera clara y estricta, establezcan la independencia del Banco Central. Para decirlo claro: cortar de cuajo la posibilidad de que el Banco Central financie con emisión el déficit fiscal.
Resulta simplista, sin embargo, asumir que la independencia del Banco Central alcanza para superar los crónicos déficits financieros y de gestión de los que adolece el Estado argentino. Para que el nuevo régimen monetario sea sostenible será necesario aplicar –desde el primer día en el poder– la simplificación tributaria, la eliminación de la coparticipación, el ordenamiento funcional del Estado y cambiar la organización del sistema previsional.
En este último tema, no solo es fundamental generar los incentivos para que las reglas bajo las que se determinan los beneficios sean equitativas y cumplibles. También es fundamental un profundo cambio institucional que blinde la independencia del ente administrador.
La concepción de que la previsión social es un componente más del sector público no solo va en contra de la autonomía expresamente establecida en el artículo 14° bis de la Constitución (“la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado”, señala el apartado); además, genera incentivos que conspiran contra un manejo prudente y profesional del sistema.
Es imposible seguir una estrategia consistente de administración de ahorros si la Anses sigue operando subordinada al poder político central. Bajo este marco institucional, siempre está latente la posibilidad de que otros objetivos de políticas públicas interfieran y prevalezcan sobre los criterios recomendables en materia de administración de los ahorros previsionales.
El reciente decreto de necesidad y urgencia que dispone la liquidación de inversiones dolarizadas en poder de la Anses es un testimonio muy ilustrativo. Apropiarse de los ahorros previsionales, como manera de paliar problemas macroeconómicos, ha sido una “política de Estado” a la que apelaron gobiernos de muy diferentes ideologías.
En el mismo sentido, la integración indebida de la Anses al resto del sector público es un factor que incita políticas previsionales irresponsables. El hecho de que se asume que “el Estado”, en una definición amplia y ambigua, se hace cargo de afrontar sus erogaciones induce a que desde los tres poderes se tomen decisiones jubilatorias sin evaluar su sustentabilidad financiera.
En la medida en que no hay una cultura de medir costos y establecer las fuentes de financiamiento se multiplican las leyes, fallos judiciales y decretos sin prever cómo pagarlos.
Una acumulación de decisiones previsionales adoptadas sin respaldo actuarial explica buena parte del déficit fiscal crónico, lo que deriva en excesos de endeudamiento y emisión monetaria. Desatada la crisis macroeconómica, siempre está latente la posibilidad de incautar los ahorros previsionales.
Para que la independencia del Banco Central sea la garante de una moneda estable es imprescindible contemplar, bajo la misma lógica y con el mismo énfasis, la independencia de la Anses. Las normas tienen que dejar claramente establecido que los funcionarios de la Anses son los responsables de la buena administración de sus recursos.
Consistente con ello, fijar legalmente su obligación de rechazar cualquier tipo de apropiación que afecte negativamente el patrimonio del organismo y ser los responsables de que toda decisión en materia de regulaciones de beneficios, antes de ser instrumentada, esté avalada por un estudio actuarial que demuestre su consistencia financiera. Tiene que ser muy claro qué leyes, fallos judiciales y decretos que afecten el funcionamiento del sistema previsional tienen que ir acompañados de los mecanismos que permitan su financiamiento.
Amparadas por la falta de autonomía de la Anses, el apropiarse de los ahorros previsionales y el hacer promesas de beneficios sin prever su financiamiento son dos tipologías de estafas muy repetidas. Por eso, es un acto de ingenuidad pretender recuperar la estabilidad solamente regulando la independencia del Banco Central. Para ser coherentes, es imprescindible también establecer la independencia de la Anses, regulando legalmente que sus funcionarios estén obligados a cuidar los ahorros y a aplicar políticas previsionales financieramente sostenibles.
Fuente: La Nación. Ver nota completa.
