El candidato libertario Javier Milei puso como una de sus propuestas disruptivas la eliminación de la coparticipación federal y mañana sus laderos comenzarán a delinear ese plan. Desde la Legislatura bonaerense, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, presentará este jueves junto a otros referentes de La Libertad Avanza un informe hecho por la Asociación Argentina de Contribuyentes al que accedió LA NACION, que expone una salida legal y otra legislativa a ese sistema, siempre bajo el precepto de que las provincias ya no quieran ser parte del formato que se aplica ahora. La idea que plantean es que exista el mínimo posible de coparticipación.
El estudio fue hecho por esta asociación que trabaja de manera independiente, pero que provee de materiales al partido conducido por Milei. Estarán mañana en la sede del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires para acompañar a Villarruel diputados provinciales como Nahuel Sotelo, candidatos legislativos, el asesor económico “Bertie” Benegas Lynch, el armador libertario Sebastián Pareja y el postulante a vicegobernador Francisco Oneto.
“Queremos demostrar que hay salida, empíricamente y con datos reales; cómo la coparticipación termina jugando en contra de las provincias. Es una base, vamos a empezar a analizar opciones para ver qué es lo que más le conviene al Estado nacional y a las provincias. Es un informe que muestra los daños de la coparticipación”, señaló a LA NACION una fuente libertaria que participará mañana del encuentro.
En 113 páginas, el documento que presentarán este jueves explica por qué el actual régimen de coparticipación federal “defrauda” los principios de reparto que marca el artículo 75 de la Constitución, al entender que el actual modo de distribución es discriminatorio e inequitativo, como así también que genera una “dependencia económica absoluta” al gobierno nacional de algunos territorios. Asimismo determina que hay provincias “discriminadas” y otras “favorecidas”.
La primera parte del estudio hace un análisis sobre ese supuesto mal funcionamiento del sistema de coparticipación vigente y de cómo algunos mecanismos que aplica la administración nacional -como la emisión monetaria y la brecha cambiaria- afectan a las provincias. Además, recalca la disparidad en las tasas de dependencia que tienen parte de los territorios con respecto al Gobierno y señala algunos -como Santiago del Estero, La Rioja y Formosa- que llegan a índices de 70, 80 y 90%. El informe hace incluso comparaciones con lo que pasa en Estados Unidos, por ser una “república federal”.
“La mayoría de las provincias dependen de la coparticipación federal para solventar sus actividades. Este esquema lesiona gravemente la autonomía provincial y el principio del federalismo local”, plantea. Como ejemplo, explica que existen “diferencias pronunciadas entre población y coparticipación”, entre otros gráficos y análisis. Entonces considera que todo esto pone en entredicho que el régimen de coparticipación guarde fidelidad con los mandatos constitucionales. Esa es la base que luego utiliza para plantear las posibles salidas.
Así remarca que parte de la ley 23.548 que regula la coparticipación es inconstitucional. Es que sostiene que, según esta normativa, las provincias deben adherir al régimen, pero que si no aceptan, la sanción es la pérdida de los fondos coparticipables. Por eso entienden que este mecanismo es una “forma de coerción” contra las administraciones provinciales.
Asimismo expresa que esta norma que regula la coparticipación habla de adhesión, pero no regula qué pasa con aquellas provincias que ingresan pero quieren salir del régimen. En base a este precepto establece las salidas.
Salida jurídica
Como estrategia jurídica indica que las provincias que desearan irse de forma parcial o total del acuerdo podrían solicitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley. También dice que se debería solicitar adicionalmente la inconstitucionalidad de los impuestos directos vigentes, entre otras opciones “más complejas”.
“Una decisión de la Corte Suprema de la Nación no solo podría establecer la salida de una provincia, la inconstitucionalidad de los impuestos directos si se ponen en vilo o el sistema que deba aplicarse para que la presión fiscal de los impuestos indirectos nacionales y provinciales no lleven a una desventaja de la provincia saliente, sino que además debería establecer plazos y un cronograma de salidas parciales a fin de que las partes puedan terminar con el régimen de forma planificada y ordenada”, sintetiza sobre esta posibilidad, y acota: “Consideramos que podría darse la salida final del régimen con una sentencia del máximo tribunal”.
Salida legislativa
En tanto la otra posibilidad que expone es que, a través de una reforma de la ley de coparticipación, se logre regular expresamente un procedimiento de salida.
Así, el estudio recomienda formas de negociar con otras fuerzas para que el Congreso acepte cambios a la antigua ley, que permitan llegar a un régimen formal de salida de la coparticipación, para que las provincias puedan volver al sistema de federalismo fiscal original.
“Negociar un sistema de salida, más que la salida misma, permitirá que algo a lo que ya tienen derecho las provincias (salir del régimen y solicitar la inconstitucionalidad de los impuestos directos e indirectos que comprometan su recaudación, autonomía y competencia fiscal) tenga un cauce regularizado y no acontezcan situaciones bruscas de salida. Sin perjuicio de ello, una salida total también sería posible aunque, a nuestro entender, más compleja”, advierte el informe.
En una parte, el documento hasta hace una mención al Brexit, por el que el Reino Unido se separó de la Unión Europea, y analiza: “Sería cuando menos interesante indagar en la opinión de la ciudadanía en las distintas provincias sobre la posibilidad de que su jurisdicción salga del régimen de coparticipación. ¿Qué resultaría de un referéndum argentino sobre la salida a la ley de coparticipación, tal como el realizado por Gran Bretaña en el año 2016? Sin perjuicio del posible impedimento legal que pudiera plantearse de nuestro ordenamiento al efecto, sería sorpresivo en una consulta semejante que la mayoría apoye el mantenimiento de su provincia en el régimen, lo más probable es que todos apoyen la terminación de este”.
