La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto notable en la cantidad de empresas mipymes en la Argentina, y en los primeros 12 meses del gobierno de Alberto Fernández se verificó una reducción de 22.500 empresas. El año 2020 fue tremendamente recesivo, como es bien conocido, y destructor de empresas, pero cuando la economía rebotó en los años siguientes apenas se pudo recuperar el 45% de las que se habían perdido inicialmente. Así, en los primeros tres años de esta gestión el saldo es de una reducción de 12.200 empresas, lo que equivale a 80 menos por cada semana transcurrida.
Sin embargo, la situación difiere notablemente para las firmas de mayor envergadura (de más de 100 empleados cada una), que tuvieron una merma mucho menor durante la pandemia y que están plenamente recuperadas en cuanto a su cantidad. Por supuesto, su desempeño no alcanza para compensar la situación de las mipymes, en términos del número de empresas en el país, ya que la cantidad de firmas grandes creció apenas en 700 en tres años. Es que las crisis no tienen efectos homogéneos entre las micro, pequeñas y medianas y las grandes empresas.
Al mismo tiempo, la cantidad de monotributistas se movió en dirección opuesta y mostró un marcado crecimiento. Antes de analizar esta dinámica es importante aclarar que el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el monotributo, es considerado muy importante para facilitar la apertura formal de nuevos negocios de pequeña escala, porque disminuye notoriamente los costos de cumplimiento tributario, si se tiene en cuenta la carga que implica estar en el sistema general.
Esto es fundamental, porque los costos de cumplimiento tienen componentes fijos que resultan en un impacto notablemente regresivo, y perjudican de manera significativa a los emprendimientos más pequeños cuando no existen mecanismos simplificados (es decir, cuando la microempresa debe está obligada a los mismos procedimientos que una gran empresa).
También es importante resaltar que la reforma que creó el monotributo unificado, iniciada en Córdoba y luego irradiada a más de una docena de provincias, ha demostrado ser muy exitosa. Consiste en unificar los tributos de otras jurisdicciones con el monotributo, que es de carácter nacional. Además de bajar los costos que implica cumplir con las diferentes cargas fiscales incluidas, también trajo mejoras en la administración tributaria a través del trabajo coordinado entre los organismos de recaudación. Tener un régimen simplificado y que se unifique los tributos de diferentes niveles de gobierno, resulta fundamental mientras no haya alguna reforma superadora.
Dicho esto, es imposible no advertir el contraste notorio entre la evolución de la cantidad de empresas y la de monotributistas. La cantidad de inscriptos en el monotributo que se identifican como trabajadores independientes (no incluye a los que, además, son empleados en relación de dependencia) creció a un ritmo superior al 5% por año en el último trienio. Para una comparación, este conjunto de contribuyentes creció en ese período al triple de velocidad que el empleo privado formal. La cantidad de monotributistas pasó de 1,63 a 1,9 millones, lo que implica que se crearon 270.000 nuevos emprendimientos o autoempleos en el régimen simplificado.
Parte de esos emprendimientos sustituyó a empleos dependientes registrados que no se crearon, sea esto fruto de que no existieron oportunidades ocupacionales como asalariados, o que no se dieron por la vía formal. El crecimiento acelerado de la cantidad de monotributistas probablemente nos habla más de la reforma laboral que está pendiente que de un auge emprendedor notable; aunque seguramente hay algo de las dos cosas.
En suma, en los primeros tres años del gobierno de Alberto Fernández se dieron de alta, en promedio semanal, más de 1700 monotributistas, y dejaron de operar unas 80 micro, pequeñas y medianas empresas.
Trazado el panorama de la dinámica reciente en lo que hace a la cantidad de empresas, es interesante analizar cómo se compone el mapa de la empresarialidad en el país.
En primer lugar, se destaca la gran heterogeneidad manifiesta en el crecimiento de la cantidad de empresas, si se analiza el momento actual versus la prepandemia. Mientras que diez jurisdicciones tienen una cantidad de empresas igual o menor a la que tenían en 2019, las 14 restantes manifiestan un crecimiento, de variada intensidad. Esto señala que la macroeconomía obviamente influye, pero el impacto no es homogéneo, y sin dudas influyen los niveles de competitividad y las políticas subnacionales.
Las grandes jurisdicciones en términos de contribución a la empresarialidad, como son CABA y la provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que albergan cerca de 80% de las empresas, están entre las que tienen una cantidad de empresas menor que en 2019.
Si a esta dinámica reciente le sumamos la acumulación histórica, el resultado es una densidad empresarial muy heterogénea entre jurisdicciones. En el primer lugar en densidad empresarial se ubica CABA, que, por ser la capital nacional, manifiesta una proporción exagerada de empresas con domicilio en su territorio, como fracción de su población permanente: hay 38 cada mil habitantes.
Luego, las provincias de mayor densidad mipyme son: La Pampa (18 empresas cada mil habitantes), Santa Fe (14), Río Negro, Córdoba, Tierra del Fuego y Chubut (13, en cada caso). El promedio nacional se ubica en 11 empresas cada mil habitantes, y hay un sexteto de jurisdicciones muy próximas a la media nacional: Neuquén (12), Entre Ríos (12), Santa Cruz (11), Mendoza (10), Buenos Aires y San Luis (9).
Las provincias con menor densidad empresarial son todas del norte argentino: Formosa (4), Santiago del Estero y Jujuy (5) y La Rioja, Salta y Tucumán (6). Las restantes jurisdicciones se ubican en un nivel de entre 7 y 8 mipymes cada mil habitantes. Como puede apreciarse, esta enorme heterogeneidad puede interpretarse como la existencia de muchos países diferentes dentro de la Argentina, y abre muchos interrogantes sobre cómo la política económica debe darles respuesta en los próximos años.
