Acorde a lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía Sergio Massa avanzó en el ajuste del gasto público que, en lo que va del año, fue del 8,3% real (es decir, descontada la inflación) respecto del mismo período del año pasado. Jubilaciones, asignaciones familiares, subsidios y transferencias a las provincias fueron las principales afectadas por el recorte, el cual fue posible no tanto por una reforma estructural del gasto –como pide el FMI y pregona la oposición- sino por obra y gracia del efecto inflacionario.
Lo cierto es que el ministro y candidato presidencial buscará exhibir como logro este ajuste ante los técnicos del FMI –con los que se reunirá la semana próxima-, como así también la fuerte caída del déficit primario en estos siete meses. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), fue un 22,6% inferior en términos reales que el registrado en el mismo período del año anterior.
Igualmente, esta caída del déficit primario no alcanzaría para cumplir con la meta pactada con el FMI. En efecto, el Gobierno se comprometió a reducir el déficit primario al 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2023. Traducido en pesos, esto que para fines del año (o, lo que es lo mismo, acumulado al cierre del cuarto trimestre de 2023) el déficit primario debía ser igual o inferior a $2.978.300 millones. Según la OPC, en solo siete meses ya alcanzó $2.383.014 millones.
El ajuste que introdujo el Gobierno afecta, sobre todo, a los gastos corrientes que terminan licuándose con la inflación. Las disminuciones reales más relevantes se registraron en las transferencias a provincias (-28,0% interanual); en las asignaciones familiares (-25,3% interanual), en los subsidios a la energía (-22,9% interanual) y en los programas sociales (-21,3%).
Lo llamativo es que la poda llegó incluso a aquellas partidas sociales más sensibles que sirven de contención a la población vulnerable. Se trata de los programas Acompañar (-17,5% real interanual); Tarjeta Alimentar (-10,9%) y Potenciar Trabajo (-2,2%).
En el caso del rubro jubilaciones y pensiones, si bien la disminución real fue más acotada (3,8% a/a), resultó el cuarto rubro de mayor contribución a la reducción del gasto dada su participación en la estructura del gasto primario (39,7%), señala el último informe de la OPC. El ministro de Economía prometió refuerzos en las asignaciones familiares y bonos para las jubilaciones una vez que regrese de los Estados Unidos. Serán paliativos que difícilmente logren atemperar el impacto de los recortes.
Aumentos presupuestarios y una señal de alarma
Por el contrario, hubo partidas que esquivaron la poda presupuestaria. Entre ellos los intereses de la deuda: la partida aumentó un 21,2% interanual, traccionado por la suba de las tasas de interés internacionales. Los pagos al FMI acumularon $298.607 millones en el año. También tuvieron refuerzos las transferencias a las universidades (+12,4% real interanual) por acuerdos salariales; los subsidios al transporte (+12,2%), que fueron destinados a cubrir parte de la tarifa de transporte automotor de pasajeros. También tuvieron aumentos las empresas Belgrano Cargas y Logística y Operador Ferroviario S.E.
Todas estas ampliaciones del gasto se financiaron con recursos que estaban presupuestados en la jurisdicción denominada “Obligaciones a cargo del Tesoro”, una suerte de “fondo de reserva” que el Ministerio de Economía va utilizando a medida que necesita reforzar aquellas partidas que sienten en mayor medida el impacto de la inflación (salarios, jubilaciones, subsidios).
Según advierte la OPC, al 31 de julio el Tesoro utilizó un total de $1.197.507 millones de este “fondo de reserva”, el cual prácticamente quedó sin recursos: solo quedan $10.000 millones, advirtió la OPC. Es una señal de alarma si se considera que algunas partidas ya ejecutaron a esta altura del año más del 80% de sus presupuestos (entre ellas prestaciones para alimentos y el Potenciar Trabajo), y si el Tesoro no las asiste con nuevos refuerzos, se quedarán sin recursos antes de fin de año.
