Los bancos locales tienen cada vez una mayor porción de los encajes prudenciales constituida en títulos públicos, es decir, que la contracara de una parte creciente de los depósitos privados en pesos es crédito que le concedieron a un deudor -como el Tesoro Nacional- con pésima reputación y evaluado por las propias calificadoras como “muy riesgoso”.
El fenómeno es tal vez la parte menos visible del crowding out. Pero esa exposición -que luce poco prudencial- viene creciendo sostenidamente en los últimos cinco años, es decir, desde que el Estado perdió totalmente el acceso al financiamiento voluntario.
Sin esa posibilidad, fue la administración Macri la que dio el puntapié inicial en medio de la corrida cambiaria y la crisis de 2018 para que los bancos puedan integrar parte de los encajes con Bonos del Tesoro Nacional (Bontes), además de hacerlo con Letras del Banco Central (las recordadas Lebac) y sus sucesoras, y muchos más masivas Letras de Liquidez (Leliq). Fue una manera de hacerse de financiamiento accesible y barato en medio de aquel tembladeral general, permitiendo a la vez a los bancos obtener rendimiento por colocaciones que, hasta entonces, estaban obligados a mantener a tasa cero.
“La flexibilización arrancó entonces, aunque en raras ocasiones esto representó más del 4% de los depósitos. Sin embargo, a partir de junio de 2021 se le otorgó la posibilidad de que emplearan otros bonos como efectivo mínimo además de los recién mencionados, y en el último año también se flexibilizaron ciertas regulaciones al respecto. De esta forma, los títulos encajables pasaron a representar de 9,5% de los depósitos en abril de 2022 a 15,2% en abril del corriente año”, explica el economista Nery Persichini, de GMA Capital.
Sobre esta cuestión, detalla este analista, hay dos puntos para destacar. “El primero es la expansión monetaria que esto representa: en lo que va de 2023 se inyectaron $1,1 billones en la economía solo por este motivo. Dinero que antes estaba en efectivo, pero que no circulaba en la economía, fue canalizado para financiar el déficit fiscal”, alerta, recordando que esto se dio además en un marco en que el BCRA emitió otros $670.000 por adelantos transitorios, $1,1 billones más para llevar adelante recompras de bonos de la deuda en el mercado secundario y $3,36 billones más para pagar los intereses de la “Bola de Leliq”.
“El segundo es obvio: el riesgo que representa integrar en exceso títulos públicos como encajes. Si bien es cierto que remunera mayores intereses, ante un potencial evento de estrés de la deuda pública, los bancos no saldrían indemnes. Al aumentar la exposición del sector bancario al soberano, crece el riesgo de contagio al sistema en su conjunto. Salvando las distancias, parte de la experiencia traumática de 2001 se vinculó a eso”, recuerda.
El encaje bancario es la porción del dinero captado de terceros (depósitos) que los bancos comerciales no pueden prestar. Ese dinero queda inmovilizado en una cuenta corriente que las entidades tienen abierta en el BCRA. En este caso, parte creciente tal como se detalló, se destinó a financiar a gasto público.
Los datos que dejó la última licitación de deuda, que el Gobierno presentó como muy exitosa, al conseguir una tasa de refinanciación del 131%, son reveladores respecto del abuso que hay con esta herramienta: más del 40% de lo colocado ($304.000 millones) fue explicado por el nuevo Bonte 25, un título suscripto íntegramente por los bancos porque, precisamente, lo pueden utilizar para integrar la posición de resguardo de depósitos captados de terceros que tengan bajo administración.
