“Pareciera que la agroindustria es únicamente una fábrica de dólares en el país. Los gobiernos se acuerdan de nosotros cuando tienen una crisis y, lamentablemente, vivimos de crisis en crisis todos los años, con lo cual se acuerdan habitualmente de nosotros. Pero la verdad es que somos una fábrica de empleo, de producción, de protección ambiental y proyección de futuro, más allá de ser una fábrica de dólares”.
La reflexión pertenece a Gustavo Idígoras, coordinador técnico del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), en su presentación en el “Seminario sobre las Oportunidades para el Desarrollo Federal” organizado por el CAA. Allí habló junto a Julio Calzada, director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sobre el Plan Federal Agroindustrial que la agrupación que nuclea a diversas cadenas presentó a principios de marzo pasado.
El ejecutivo alertó que a “esa fábrica de dólares” se la está “poniendo en riesgo” y que, en consecuencia, el sector ha perdido una privilegiada posición a nivel mundial.
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Idígoras dijo que, si bien la agroindustria argentina “es reconocida como un jugador central a nivel internacional”, a diferencia de sus principales competidores “se estancó en los últimos 15 años” en la tasa de crecimiento de inserción internacional. Aunque la sequía tuvo un efecto desfavorable, remarcó: “[Antes] ya estábamos en los últimos puestos”.
“La Argentina perdió todo ese espacio que tenía ganado por mérito propio, pero cuando uno mira el escenario hacia adelante encontramos enormes oportunidades. Hay una seguridad alimentaria internacional demandante de manera incesante y creciente”, dijo Idígoras.
“Ese escenario de seguridad alimentaria hoy la Argentina no está en condiciones de responder; si seguimos ese camino [por el estancamiento] lo más probable es que la Argentina todos los años pierda participación internacional, por lo tanto el concepto de fábrica de dólares no es permanente; ya lo estamos poniendo en riesgo”.
Problemas
Remarcó que hay “muchísimos condicionamientos”, tales como “problemas logísticos, alta carga tributaria, cambio de reglas de juego”.
Idígoras destacó que durante casi un año 36 cadenas de valor trabajaron en conjunto con “una visión compartida” de cómo proyectar un país. “Nos pusimos de acuerdo en tratar de proyectar juntos hacia dónde podría ir la Argentina y tratar de salir de esta crisis recurrente que hay en nuestro país”, dijo.
Fue así que en marzo pasado el CAA presentó el Plan Federal Agroindustrial que consta de 167 páginas en donde se presentan siete pilares estratégicos y 40 propuestas para contribuir al desarrollo sostenible de la economía nacional.
Prevé generar US$100.000 millones anuales en exportaciones agroindustriales, forestales y pesqueras y 878.000 empleos nuevos en 10 años. Dentro de las metas está la adopción de la neutralidad del carbono a 2050, las buenas prácticas ambientales, incrementar el número de productores, duplicar la industrialización del agro, mejorar la seguridad y el abastecimiento alimentario nacional y promover una mayor integración productiva y social con carácter federal e inclusivo.
“No podemos generar diferenciaciones que generen competencia desleal entre cadenas de valor agroalimentarias, energéticas, forestales y pesqueras. También hay que generar igualdad de oportunidad e inclusión de pequeños y medianos productores”, dijo en un tramo de su disertación.
Agregó: “Tenemos que empezar a transformar nuestra economía fósil en una basada en la producción de materia prima orgánica que pueda lograr empezar a sustituir paulatinamente no solo con bioenergía, sino también bioinsumos y todas las necesidades que tenga el mundo en ese sentido”.
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También habló de un proyecto de ley para enfrentar el cambio climático. “La Argentina no puede seguir arriesgándose sin una ley de seguro agropecuario y cambio climático. Es una actitud suicida de la Argentina no tener una ley en ese sentido”, agregó.
Indicó que proponen la facilitación del comercio exterior y eliminar las medidas de prohibición para exportar. “Proponemos un programa de derecho de exportación a 10 años que lleve a que muchas de las economías regionales al día uno [del plan] no tengan el castigo impositivo para poder seguir produciendo y generando empleo, y que en cuatro años el cobro del derecho de exportación del 90% de la agroindustria llegue a cero”.
