Los cuestionamientos de Cristina Kirchner para apartar a los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky de la sala de la Cámara de Casación que debe revisar su condena a seis años de prisión se encaminan a fracasar, estiman en los tribunales, basados en lo que ocurrió con planteos similares. En cuanto al tercer juez, Javier Carbajo, también recusado por la vicepresidenta, él se excusó de intervenir en el caso y sus colegas deben analizar si admiten que se corra del expediente.
La sentencia contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López a seis años de cárcel fue apelada por los acusados, lo mismo que por la fiscalía, que además apeló las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, René Jesús Garro, y Santiago Kirchner.
Como el caso estaba radicado en la Sala IV de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte, le correspondía a los jueces Hornos -presidente-, Borinsky y Carbajo revisar esa condena. El fiscal ante esa sala es Mario Villar, que ayer sostuvo la apelación que promovió el fiscal de juicio Diego Luciani. Villar estuvo de licencia la semana pasada y fue suplantado en este caso por su colega Raúl Pleé, a quien también recusaron.
Una vez que la causa Vialidad llegó a la Casación, para ver si la confirma o la revoca, el juez Carbajo se excusó de intervenir en esta decisión. Argumentó que ya había votado en la causa de lavado de dinero donde Lázaro Báez fue condenado a diez años de cárcel. Uno de los delitos que le permitió a Báez reunir ese dinero negro, unos 58 millones de dólares, transferidos a Suiza y blanqueados para su retorno al país, se cometió con la obra pública obtenida merced a las prácticas corruptas por las que ahora fue condenado.
Los defensores buscan la absolución de sus clientes y la fiscalía, que Kirchner, Báez, López y Nelson Periotti, extitular de Vialidad, sean condenados no solo por administración fraudulenta agravada, sino también por asociación ilícita.
Carbajo dijo que “se trata del mismo hecho, obra pública” y que intervenir pondría en crisis “la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado”. Dijo que era su obligación excusarse “para no comprometer, irremediablemente, el deber de imparcialidad” que tiene como juez, “atributo inabdicable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo”.
La decisión de Carbajo no cayó bien en el tribunal, que interpreta que Hornos y Borinsky están bajo fuego del kirchnerismo, que los acusa de ser parte del lawfare, y cree que restarle a la sala a uno de sus integrantes no hace mas que debilitarlos. Fuera de los tribunales, desde la política también hubo quienes se quejaron de la decisión y, sin considerar las razones jurídicas, cuestionaron que el juez que se excusó le haya “sacado el cuerpo” al caso.
De todos modos, las razones esgrimidas por Carbajo fueron de corte jurídico y serán Borinsky y Hornos lo que las analicen y decidan si aceptan su excusación o no. Difícilmente no la acepten. En el 80% de los casos, cuando un juez se excusa sus colegas de tribunal convalidan esa decisión, dijo a LA NACION un funcionario judicial experimentado.
Los abogados defensores de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy recusaron a Carbajo, Borinsky y Hornos, y también al fiscal Pleé, de corta intervención en el caso, dado que Villar ya retomó su funciones. Esta semana defensores oficiales de otros acusados sumaron nuevos planteos sobre supuestos conflictos de intereses.
Antes del fin de semana, vencen los plazos para que los defensores de todos los acusados presenten sus recusaciones y expresen si mantienen sus recursos.
Después, los jueces Borinsky y Hornos se reunirán para analizar el planteo de excusación de Carbajo y la recusación de los abogados de los acusados. Beraldi sumó un escrito extra a su recusación en el que pidió a los tres jueces que se aparten y que ellos no decidan sobre las recusaciones sino que se sorteen nuevos jueces para eso, pero no parece que vaya a ser el camino que adopten Borinsky y Hornos.
Los planteos de recusación sobre ambos se basan en varios asuntos. Un argumento es que ya intervinieron anteriormente en el caso, cuando dejaron firmes los procesamientos de Cristina Kirchner y otros acusados, y cuando confirmaron en sus cargos a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que firmaron las condenas. Los defensores dijeron que son parte de una legión de jueces y funcionarios judiciales que perdieron independencia e imparcialidad.
En particular, a Borinsky y a Hornos la defensa les cuestionó que hubieran visitado a Mauricio Macri cuando era presidente en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Dijo Beraldi que dos circunstancias adicionales, relacionadas con los encuentros, “fulminan su independencia e imparcialidad”. Son que “Hornos y Borinsky se mantuvieron bajo reserva durante años y tanto el anterior Poder Ejecutivo como el propio juez Hornos intentaron ocultarlos”. Además, el abogado cuestionó las explicaciones que dieron los jueces de esas visitas. Hornos señaló que tenía una “relación social” con Macri y Borinsky “explicó sus quince visitas a la Quinta de Olivos alegando que se trataba de encuentros deportivos en los que se jugaba al tenis o al paddle”.
Sin embargo, estos mismos cuestionamientos a Borinsky y a Hornos ya fracasaron. Se consideraron insuficientes para apartarlos del caso y también para motivar una causa penal. Los encuentros fueron motivo de una denuncia, que determinó el inició de una causa judicial en la que ambos jueces resultaron sobreseídos. Ese fallo se encuentra firme. Fue el juez Marcelo Martínez de Giorgi quien sobreseyó y luego la Cámara Federal confirmó esa sentencia. Con estos antecedentes, es difícil que prospere esta recusación.
El caso tendrá avances esta semana. Aún si Borinsky y Hornos rechazan las recusaciones y se quedan en con el caso, Cristina Kirchner puede intentar recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, a quien también cuestiona en su escrito de recusación.
Cuando quede confirmada la integración del tribunal, recién entonces comenzará el plazo que se denomina “término de oficina”. Son 30 días hábiles (por es un caso complejo; de lo contrario, serían solo diez) para que los abogados de las partes accedan al expediente y preparen los recursos que deberán exponer ante los jueces de la Cámara.
En ese término, los abogados elaborarán sus argumentos para sostener la necesidad de revocar las condenas, que la fiscalía buscará que se confirmen. Los plazos dan para que el término de oficina venza en julio, muy cerca del final de la actividad judicial por la feria judicial de invierno.
Por eso, en el mes de agosto, cuando se retome la actividad en los tribunales, los jueces estarían en condiciones de fijar fecha para una audiencia oral y pública con al fiscal Villar y los abogados, para que expongan sus posiciones. Esta audiencia puede ser reemplazada por la presentación de un escrito. En otras ocasiones, Cristina Kirchner utilizó esta instancia para exponer oralmente ella misma sus argumentos y denostar a la Justicia.
Por prudencia y timing político, señalan fuentes de los tribunales, es muy improbable que los jueces fijen audiencia en agosto y en los meses subsiguientes, ya que las PASO son el 13 de agosto y las elecciones generales, el 22 de octubre.
Así las cosas, las audiencias podrían posponerse para finales de 2023 o febrero de 2024 con lo que la resolución del caso pasará necesariamente para el año próximo. Tras la realización de la audiencia, los jueces tienen 20 días hábiles para tomar una decisión, si confirman o revocan aunque sea parcialmente la sentencia.
