A pesar de las denuncias oficiales, los reclamos a la Justicia de la oposición y de versiones entre empresarios, en las entrañas de la administración oficial del comercio exterior se esfuerzan por negarlos enfáticamente. Para los observados funcionarios a cargo, las restricciones a las importaciones no existen; tampoco, “el peaje”, la corrupción ligada a la obtención del bien subsidiado más demandado por los argentinos: el fantasmagórico dólar oficial.
Mientras la corrida cambiaria de esta semana promete volver aún más difícil la dinámica sobre las reservas, por lo que los economistas esperan más trabas al acceso de divisas, la Secretaría de Comercio prepara anuncios inminentes para intentar disipar la polémica por los pedidos a la Justicia de la oposición para que investigue la posible “corrupción” y “tráfico de influencias” en la aprobación de permisos. Las medidas son acordadas con los despachantes de aduana, donde el Gobierno asigna todas las responsabilidades por las supuestas avivadas en el opaco tránsito de mercaderías.
“No hay cepo”, afirmó un hombre fuerte de la Secretaría de Comercio que lidera Matías Tombolini, pese a que hasta ayer no había ingresado prácticamente ni un solo auto desde el exterior. La noticia se conoció y ayudó. “Hoy liberaron”, contaron desde las terminales automotrices. El ingreso o no de bienes desde el exterior (también los plazos preferenciales), además de depender de los escasos dólares en el Banco Central (BCRA), es una palanca para “negociar” precios con las empresas. Bien lo saben aquellos que en las últimas semanas fueron invitados a transitar los pasillos oficiales porque sus listas –y costos- mostraban valores por encima de los esperados por el Gobierno.
“No cerró ninguna fábrica; es cierto, pero la complejidad operativa para administrar las demoras con la SIRA es enorme. No sólo para sólo nosotros, sino también para nuestros proveedores. Hay una complejidad absoluta para operar la fábrica. Sí, algunas líneas tuvieron que frenar por falta de insumos. En las últimas dos o tres semanas hubo un parate total con la aprobación de SIRA [permisos]”, denunciaron en una importante empresa de alimentos.
En los últimos seis meses, contaron a LA NACION, se solicitaron US$44.998 millones (un alza interanual de 39%) para importaciones, pero se autorizaron US$35.669 millones (+11%). La cantidad de SIRA, permisos de compras al exterior, solicitadas llegó a 398.830 (un aumento anual de 34%). Las autorizadas fueron 307.837 permisos (un avance de 3%). Como suelen decir desde el BCRA, las importaciones crecen. Sin embargo, no lo que las empresas quieren. La diferencia entre solicitado y autorizado nace justamente del cepo cambiario y la consecuente brecha de cotizaciones. Esto empuja las expectativas de devaluación y la voracidad de importadores por acceder a dólar oficial en divisa o en stock. En el medio de esa puja, aparecieron varios sectores que denunciaron que su producción puede verse afectada.
Aquellos son los números que Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial, presenta cuando visita las cámaras empresarias. De cada una, se lleva un reclamo similar al que, por ejemplo, difundió en enero pasado la Unión Industrial Argentina (UIA). Entonces, esa entidad indicó que siete de cada diez empresas manifestaron que las dificultades en el abastecimiento de insumos “podrían generar paradas en algunas líneas de producción”.
En promedio, al Gobierno le piden unos US$400 o $450 millones por día; unas 2500 SIRA. Son entre 45.000 y 50.000 por mes. En medio de la escalada del dólar no se incrementaron, contaron; por lo menos no tanto como en el arranque del sistema, hace seis meses, cuando en los primeros días se cargaban pedidos por US$1400 millones. Pese a que afirman que no hay cepo exportador, en Comercio aceptan que hay pocos dólares y que es necesario asignarlos a la producción. Esto implicó un trabajo conjunto de la AFIP, el BCRA y la Secretaría de Comercio con diferentes sectores.
Las denuncias de corrupción
Ese embudo sirvió al ministro de Economía, Sergio Massa, para negociar precios para quienes requirieran plazos diferenciales. Pero, además, comenzó a generar versiones y rumores sobre pedidos de coimas, como contó LA NACION semanas atrás. El Gobierno está al tanto. Massa denunció un caso juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. En el mundo empresario se habla de un 15% en dólares del valor de lo importado para destrabar una importación. Cervantes estuvo este lunes en el Centro de Despachantes de Aduana. En ese encuentro, contaron fuentes que participaron del mismo, se peloteó el tema. La conclusión: se trataría de despachantes “compitiendo deslealmente” entre ellos y no de funcionarios corruptos. Claro que en la política –y en la empresa- no creen lo mismo que en el Gobierno.
En la oposición no compran esa versión. De hecho, en los últimos días los diputados de la Coalición Cívica, Juan López, Paula Oliveto y Victoria Borrego presentaron un petitorio a la Justicia para que se investiguen esas sospechas. “Esta concentración de facultades [de Comercio], la discrecionalidad en los procedimientos y el cepo de la economía fomentan no solo arbitrariedades, sino que abren las rendijas donde se cuelan el tráfico de influencias y la corrupción”, escribieron los legisladores. “Estamos, entonces, ante una ficción, un entramado difuso en el cual ejemplaridad y probidad no van de la mano. A su vez, en muchas instancias sobran vericuetos legales, artilugios y acciones específicas para simular transparencia cuando en realidad, con otros nombres y actores, se ha beneficiado, prioritariamente, a aquellos que acceden a dar coimas para obtener beneficios. En este caso concreto, poder importar a un dólar barato”, completaron.
“Vista y analizada la normativa vigente, no tenemos dudas, que estas maniobras no solo pueden ser calificadas como fraude para sacar divisas del país a precio dólar oficial, o evasión impositiva por parte de las empresas, sino de un sistema perfectamente aceitado por los organismos estatales participantes para un fraude al Estado Nacional. Estas tretas no podrían haber sido llevadas a cabo sin la aprobación de la Secretaría de Comercio Exterior, la AFIP y el Banco Central de la República Argentina. En otras palabras, los funcionarios públicos del Estado Nacional con competencia en Comercio Exterior, habrían facilitado y favorecido prácticas ilegales que empresas y particulares practicaban”, escribieron y luego pidieron que se investiguen los hechos denunciados y determine la responsabilidad penal de Tombolini. La presentación está en el juzgado de María Servini de Cubría, contaron a este medio.
Las medidas de Comercio
En las próximas horas, Comercio se prepara para lanzar medidas que aplaquen las dudas en las operaciones de comercio exterior. En principio, habrá un reempadronamiento. Ya se trabaja en una actualización de la base de datos del registro de importadores (alrededor de 25.000 CUIT) para “establecer una comunicación directa entre la administración y los dueños de las empresas”. Se usarán emails, SMS y notificaciones. La idea es correr a los despachantes en esa relación. En Comercio creen que algunos, notificados de la salida de una SIRA aprobada, se daban vuelta y vendían sus gestiones para destrabarla por un porcentaje de la operación.
Además, se pondrá en marcha una ventanilla exclusiva para facilitar los trámites de importación de las pymes. “Habrá una plataforma de autogestión asistida de carácter gratuito, las firmas, a través de sus titulares, podrán acceder al estado y gestión permanente de sus declaraciones, recibir capacitación en los principales temas de Comercio Exterior y tener asistencia desde una mesa de ayuda. Además, las firmas tendrán la posibilidad de poder elegir, si así lo desean, realizar la gestión a través de un despachante de aduana”, adelantaron a este medio. Agregaron además que, para las pymes, se eliminarían además algunas de las tarifas vigentes para la carga de SIRA en dólares.
Tombolini ya había quedado envuelto en la tormenta por el nombramiento de su mujer, María Magdalena Stroman, en la secretaría que él dirige. Stroman fue nombrada como Asesora de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno ad honorem. Allí lo justificaron diciendo que se trataba de “transparentar” una situación vigente. Es que Stroman ya trabajaba desde febrero pasado haciendo pedidos -de información- en las empresas privadas.
