La presentación del proyecto de ley de promoción del hidrógeno en el Congreso despertó la expectativa de las empresas y potenciales inversores en desarrollar esta industria clave para cumplir con las metas de descarbonización. Tras una larga espera, fuentes del sector celebraron que se haya puesto en la agenda política. “Es un paso adelante”, dijeron. Sin embargo, en el análisis de la letra chica advierten sobre algunos puntos que “podrían ser mejorados”, como el acceso a financiamiento internacional, los altos impuestos sobre la inversión y la exigencia de contenido nacional en el corto plazo.
El proyecto oficial presentado la semana pasada contempla exenciones fiscales, acceso diferencial al mercado libre de cambios (MULC), libre aplicación de divisas hasta el 50% de lo que los emprendimientos obtengan por sus exportaciones y estabilidad fiscal por 30 años, entre otros incentivos.
La iniciativa propicia la producción y el desarrollo de las cadenas de valor de tres tipos de hidrógeno de bajas emisiones: el que se produce a partir de gas natural con captura de emisiones (azul), de energía nuclear (rosa) y de electrólisis de agua mediante energías renovables (verde). Éste último es el que presenta mayores beneficios por su bajo impacto ambiental.
Si bien hay varios proyectos en la Argentina, el más ambicioso es el de la empresa australiana Fortescue, que en 2021 anunció una inversión por US$8400 millones en Sierra Grande, Río Negro. En diálogo con LA NACION, la firma celebró el envío del proyecto al Congreso, donde la iniciativa podrá ser “debatida y mejorada”.
Dijeron: “Se trata de un paso relevante para convertir a la Argentina en uno de los líderes de producción de hidrógeno verde en la región, creando una industria que brinde soluciones reales frente al cambio climático y posicione al país a la vanguardia de la transición energética”.
No obstante, subrayaron la importancia de que en el debate parlamentario se contemplen los siguientes aspectos: “acceso al financiamiento a costos competitivos a nivel internacional”, “régimen impositivo adecuado a las necesidades” y “obras de infraestructura y expansión del sistema eléctrico nacional”, ya que se requieren de líneas de transmisión que soporten esta nueva fuente de energía.
Fuentes del sector insistieron en que, al tratarse de una industria incipiente en el mundo, deben atenderse las variables que permitan llegar a un costo final competitivo en el mercado internacional, ávido de fuentes de energía renovables. Creen, además, que el financiamiento de bancos internacionales es clave para “desarrollar una industria desde cero”, para lo cual se requiere “mucho más que una ley”, en una clara alusión a la seguridad jurídica que exigen como garantía.
Alta exigencia de contenido nacional
Juan Cruz Azarri, miembro del estudio MHR Abogados, especializado en temas de energía, infraestructura y tecnología, advirtió sobre puntos que podrían dificultar el desarrollo de proyectos. “Hay demasiada exigencia de componente nacional en el proyecto de ley de hidrógeno. En una industria nueva, con tanta incertidumbre, generar una obligación que seguramente sea muy difícil de cumplir va a trabar proyectos más que facilitarlos”, expresó.
El proyecto establece que para gozar de los beneficios fijados por la ley las empresas deberán cumplir con un requisito de integración nacional del 35% durante los primeros cinco años en el caso del hidrógeno verde, del 45% en el siguiente decenio y del 50% hasta el final del régimen. Los porcentajes varían de acuerdo con el tipo de hidrógeno.
En ese punto coincidió el secretario de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti. “Lo que hay que evaluar es la capacidad que tienen las empresas y mano de obra locales en relación con esta cadena productiva. Habrá que hacer una adaptación porque en la actualidad las compañías locales se especializan en otras tecnologías”, dijo. Y aclaró: “Lo ideal es que el porcentaje de contenido nacional vaya subiendo, pero si no es posible habrá que adaptarlo”.
Pese a ello, Sanguinetti destacó el “espíritu general de la ley”, cuyo texto “es perfectible”. Afirmó: “Habrá que ajustar todos los parámetros que sean necesarios, de eso se trata el debate parlamentario. Allí se le dará una última pasada en fino para llegar a una ley de consenso que nos sirva a todos: Estado, empresas extranjeras y pymes locales”.
Otros cuestionamientos
Azarri criticó también el costo de la inversión incluida en el certificado para financiar el Fondo de Afectación Específica y el funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrógeno (Anhidro) para los cuales se prevé el pago del 0,5% del valor total de la inversión, respectivamente. “El monto es muy alto teniendo en cuenta que estos proyectos son de miles de millones de dólares, lo que genera un sobrecosto para los proyectos que no existe en otras latitudes con las que competimos, como Brasil, Uruguay y Chile”, expresó.
Sobre este punto coincidió el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), Juan Manuel Alfonsín, quien aseguró que “se crean dos pseudo impuestos (sic) de 0.5% sobre la inversión (1% acumulado), cuyo destino queda sujeto a la discrecionalidad de la Secretaría de Energía. Sugerimos eliminarlo”.
Alfonsín cuestionó también que la autoridad de aplicación sea la cartera que actualmente dirige Flavia Royón. “Es un problema, dado que tienen un sinnúmero de competencias, por lo que no tendrá foco en el hidrógeno. Nosotros proponemos una autoridad específica para la transición energética”, afirmó.
Por su parte, Azarri criticó que las exenciones de retenciones en hidrógeno de 0% sean solamente para el hidrógeno verde y por los primeros diez años de vigencia de la ley. “Es muy probable que en ese tiempo por varias razones (industria nueva con mucha incertidumbre) las exportaciones sean muy pocas”, aventuró.
Respecto de la libre aplicación de divisas, el abogado cuestionó que solo se puedan usar para pago de capital e intereses comercial y financiero: “En el proyecto de gas natural licuado (GNL) también se admite la utilización de los fondos de libre aplicación para pagar utilidades, dividendos y repatriación de inversiones de no residentes. Sería bueno que estas opciones también estén en la ley de hidrógeno”.
