LA PLATA.- El fiscal general Héctor Vogliolo inició el trámite para que la Cámara de Casación bonaerense reabra la causa de la presunta estafa en la Legislatura de la provincia -declarada nula la semana pasada-. Mientras se decide la suerte del expediente, la fiscal del caso, Betina Lacky, apuesta a seguir adelante con su investigación sin frenar las medidas de prueba.
Por el momento, por ejemplo, Lacky conserva el teléfono del acusado, Jorge “Chocolate” Rigau. No se lo devolvió y en los próximos días podría pedir que se haga un peritaje sobre el aparato. El fundamento para seguir adelante pese al fallo de la Cámara de Apelaciones que liberó a Rigau y anuló la causa es que esa sentencia no está firme, explicaron fuentes de la Procuración bonaerense a LA NACION.
En cuanto al fiscal general Vogliolo, él comenzó los trámites del recurso de Casación. Hizo la “reserva” que prevé la ley (dice que quien va a recurrir un fallo tiene que informarlo dentro de los 7 días al tribunal que lo dictó) y ahora tiene 20 días para analizar toda la prueba reunida en la causa y presentar su recurso.
Mientras tanto, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires analiza la posibilidad de presentarse ante el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Guillermo Atencio, para pedir ser reconocida como particular damnificada en esta causa. La Fiscalía de Estado es el órgano constitucional encargado de litigar en representación de los intereses del Estado de la provincia de Buenos Aires.
“Estamos analizando las alternativas de la apelación de Vogliolo. Es una cuestión técnica compleja. Estamos evaluando hacer una presentación, pero no tuvimos acceso aún [a la causa]”, explicaron. Gómez (nombrado durante el gobierno de Daniel Scioli), no tiene plazo para presentarse como querellante. Puede hacerlo en cualquier momento antes de una sentencia.
“Formalmente no estamos notificados. No hemos tenido acceso al expediente que es un circuito cerrado a donde solo se ingresa con una clave que se le da a las partes”, dijeron en la Fiscalía de Estado a LA NACION.
“Podría haber una defraudación al fisco si la gente no trabajaba allí: o si las tarjetas estaban a nombre de personas muertas -analizaron en la Fiscalía de Estado-. Si la gente trabaja allí, sería otro tipo de delito: entre privados.”
“En alguna causa de defraudación a la Legislatura ya nos hemos presentado. Entonces era gente a la que le falsificaron firma para contrato”, recordaron en el organismo.
La punta por donde abordar una presentación podría ser el testigo -de cuyo testimonio dio cuenta LA NACION– que declaró que no conocía a Julio “Chocolate” Rigau, que tenía una tarjeta a nombre suyo y cobraba un supuesto sueldo por él. El testigo se llama Ezequiel. Estudia para ser abogado y es titular de una de las 49 tarjetas de débito secuestradas a Rigau.
