A las medidas de fuerza por el atraso en los pagos de subsidios que encabezaron varias empresas de colectivos durante las últimas semanas, ahora se suma el reclamo del sector de los fraccionadores de gas para garrafas, que afirman que el Gobierno les debe más de $5400 millones, correspondientes a siete meses de demora en el desembolso de la Asistencia Económica Transitoria. Además, cuestionan que no se haya prorrogado el acuerdo en lo que va del año ni oficializado incrementos en los precios máximos a partir de abril, que les permitan compensar las pérdidas.
Para mañana el Ministerio de Economía tiene previsto anunciar el lanzamiento del “programa de subsidios para garrafas con vistas al invierno para 1,2 millones de hogares”. El sector está a la expectativa de que se hable de esta deuda.
“Así como el precio del boleto de colectivo no se puede sostener sin subsidio, tampoco el de las garrafas”, afirmaron en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla). “Los precios máximos de referencia fijados por la Secretaría de Energía de la Nación están por debajo del costo de operación. Estamos trabajando a pérdida”, aseguraron.
La entidad nuclea a 17 empresas pyme fraccionadoras de gas licuado en garrafas, que representan al 70% del mercado nacional. Su rol en la cadena productiva es intermedio, antecedido por la producción y continuado por la distribución de garrafas, que son utilizadas por alrededor de 20 millones de argentinos, principalmente para calefaccionarse o cocinar, es decir, casi el 40% de la población.
“Sin la asistencia y con precios de referencia por debajo de los costos de operación, es imposible invertir, producir y distribuir los productos”, advirtió Pedro Cascales, presidente de Cegla. La entidad encuadra su reclamo en el marco de la Ley 26.020, que instituye el régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP). “La ley establece que los precios de referencia se deben actualizar –periódicamente– garantizando una ‘razonable rentabilidad’, a fin de que se puedan realizar las inversiones necesarias. Por eso, según los cálculos, el precio de las garrafas debería duplicarse”, afirman en el sector.
Hoy, por una garrafa de 10 kilos, Energía fijó para el fraccionador un precio de $667, mientras que para el distribuidor es de $1171 y para la venta al público, de $1229. Cabe destacar que el servicio de delivery (entrega de garrafas en puerta) no es alcanzado por el marco regulatorio, haciendo elevar el costo hasta llegar a $2000, según Cegla.
“Si se tiene en cuenta que la estructura de inversión de cada garrafa involucra, por ejemplo, para las zonas más alejadas [noroeste y noreste argentino], un 23% de gastos de transporte, 21% de mano de obra, 18% producción, 4% impuestos y 34% GLP, las cuentas no cierran”, explicó Cascales.
Capital afectado
En diálogo con LA NACION, el titular de Cegla detalló las implicancias del atraso en el pago de subsidios. “En nuestro caso, en marzo, el costo operativo [por garrafa] en la faja central del país (zona 1) fue de $894, con lo cual vemos un margen negativo de $227, mientras que en el norte (zona 2) fue de $1045, llevándolo a $378″, precisó.
Consultado acerca de las consecuencias de las pérdidas, Cascales dijo: “Han impactado en deudas con el fisco, problemas financieros y teniendo que hacer uso de los ahorros de las empresas, que se han ido descapitalizando”. Y añadió: “[La situación] se ha comido el capital y ha demorado inversiones que no se pudieron hacer en tiempo y forma. Esto es muy negativo para el sector porque nunca ha dejado de cubrir las necesidades de todas las regiones, incluso en pandemia, y especialmente a los sectores más desprotegidos, que son los que más consumen gas en garrafas”.
Respecto de las inversiones, el titular de Cegla se refirió, por ejemplo, a la necesaria compra de camiones que deben realizar anualmente, así como al proceso de verificación y recalibración de los 20 millones de garrafas que circulan en la Argentina y que, en promedio, implican el recambio de 2 millones por año. “Las inversiones que hacemos son muy grandes porque el 60% se produce en la zona de Bahía Blanca, desde donde hay que mover en camiones [la producción fraccionada] principalmente al NEA y NOA”, expresó Cascales.
En Cegla reconocieron que están en diálogo con la Secretaría de Energía, aunque sin resultados en lo inmediato. “Solo nos dijeron que están analizando la situación en función de las partidas presupuestarias que dispongan”, señalaron. Y advirtieron: “El sistema depende 100% de la regulación del Estado. Si esto no se resuelve, habrá regiones a las que no se podrá llegar y empresas que no podrán seguir operando”.
LA NACION se comunicó con autoridades al tanto de la negociación, quienes afirmaron que han mantenido reuniones con los distribuidores, pero no aun con los fraccionadores. “Hay una deuda y es real. Estamos trabajando para regularizar la situación. Energía está trabajando las mejores opciones viables para acercarse al precio tanto para las distribuidoras, fraccionadores y productores”, aseguraron.
