La investigación de tres casos de abuso sexuales y encubrimiento en un escuadrón militar de Gualeguaychú causó en las Fuerzas Armadas el mayor impacto en los últimos 30 años. Fuentes castrenses dijeron a LA NACION que “hay que remontarse al caso Carrasco para encontrar un antecedente” de dimensiones similares, al referirse al asesinato del soldado conscripto Omar Carrasco, cuyo cuerpo apareció en 1994 en un cuartel de Zapala, en Neuquén, veinte días después de su desaparición, lo que produjo un escándalo que derivó en la eliminación del servicio militar obligatorio.
Más allá de las consecuencias que habrían sufrido las mujeres soldados afectadas en los casos que investiga la justicia federal de Gualeguaychú, el impacto más fuerte se produjo por las detenciones del principal acusado, el sargento Víctor Hugo Mercado, y del jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, el mayor Juan Facundo Candiotti, por presunto encubrimiento, destrucción de pruebas y entorpecimiento en la investigación.
Según pudo saber LA NACION, el jefe del Ejército, general Guillermo Olegario Pereda, anticipó su regreso de Brasil, donde se encontraba en funciones oficiales, para ir en las próximas horas a Gualeguaychú y ponerse al tanto de la situación en forma directa.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa considera que se trata de “un caso grave” y tiene previsto revisar los procesos disciplinarios, reforzar las visitas a las unidades militares para concientizar sobre el tema, así como los mecanismos que faciliten el acceso a las denuncias, las instancias de capacitación y la contención a las víctimas, anticipó a LA NACION la directora de Políticas de Género, Laura Masson.
“El caso de Gualeguaychú es una de las formas de violencia contra las mujeres más difíciles de erradicar en todas las instituciones. Esto nos impulsa a redoblar esfuerzos y actualizar las estrategias institucionales para dar respuesta a un cambio de largo aliento”, explicó la funcionaria del ministro Jorge Taiana, quien en 2021 ordenó la creación de departamentos de Género en cada fuerza.
Hay, además, 17 oficinas de género en el área militar en todo el país, un protocolo de atención desde 2008, mesas de trabajo con autoridades de las Fuerzas Armadas y se trabaja en la capacitación de la le ley Micaela. “Pero la realidad nos demuestra con casos como este que el tema está muy lejos de estar resuelto”, admitió Masson.
La mujer en los cuarteles
Las denuncias de abusos sexuales y acoso se registran en momentos en que creció la presencia femenina en el ámbito militar. Recientemente, el ministro Taiana reveló que las mujeres representan el 20% de los efectivos militares en el país, lo que se refleja en los regimientos y en las misiones y operaciones de paz en las Naciones Unidas.
Algunos sectores del Ejército, no obstante, posan su mirada sobre el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, a quien le atribuyen una vocación de protagonismo. “Los casos de abusos en las unidades militares existen y se producen como en otros lugares u oficinas. Pero las directivas del Ministerio de Defensa y del propio Ejército son estrictos y se cumplen bastante bien”, graficó una fuente militar. Admitió que, frente a estos casos, la sensación general es “de angustia y decepción”.
El Ejército comenzó a incorporar mujeres en el cuerpo comando en 1997, entre los oficiales, y un año antes entre los suboficiales. La Fuerza Aérea empezó a hacerlo en 2001 y la Armada, en 2002, y ambas, desde 1980 entre los suboficiales. Para el cuerpo profesional, ya recibían ingresantes femeninas desde la década del 80.
A partir de la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa se impulsaron normas para favorecer la inserción de la mujer en las Fuerzas Armadas. En 2012, por ejemplo, se autorizó el ingreso de oficiales mujeres a las armas de Infantería y Caballería en el Ejército.
El protocolo
Cuando una autoridad militar toma conocimiento de un caso de abuso o acoso debe activar un protocolo, que contempla labrar un acta, informar a las víctimas qué caminos seguir y comunicar a la superioridad hasta tanto se reciba o no una denuncia formal, explicó un vocero de la fuerza. “Las sanciones son duras y, según el caso, pueden ir desde días de arresto, lo que seguramente le impedirán ascender, a la destitución si se trata de abuso sexual. En este supuesto, el militar responsable será dado de baja y perderá derechos”, añadió la fuente.
Los equipos interdisciplinarios de género deben derivar a la víctima de la violencia sexual a un centro de salud, a la mayor brevedad posible, y la deben asesorar sobre la importancia de solicitar medidas cautelares, para su protección.
“Uno de los aprendizajes del caso Carrasco es que ocultar cualquier error o delito es una locura. Antes se hacía para preservar a la institución. Hay mayor conciencia de que s preferible ser sancionado por un error que ir preso por ocultar pruebas”, dijo un general retirado del Ejército, al señalar que esa conducta “está totalmente internalizada en las Fuerzas Armadas.
La fue advirtió sobre el riesgo de que el propio Ejército, con la intención de “ser políticamente correcto” aplique sanciones a un militar antes de terminar las investigaciones en la Justicia, lo que seguramente significará que le corten la carrera. Es una enorme diferencia con los políticos, que pueden estar hasta imputados por una causa y siguen en funciones”, arriesgó la fuente castrense.
Fuente: La Nación. Ver nota completa.
