La Generalitat le abrió un expediente a Rosa Peral por las entrevistas que la mujer, condenada a 25 años por el asesinato de su expareja en el caso conocido como el crimen de la Guardia Urbana, concedió a medios de comunicación, y también para un documental emitido por Netflix. El Departamento de Justicia estudia una sanción a la presa, interna en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), por un mal uso del régimen interno de comunicaciones que supone una falta grave y limitar de manera inminente sus llamadas y videollamadas a solo familiares directos.
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Los presos tienen autorizadas las comunicaciones con familia o amigos, a una serie de números de teléfonos determinados y limitados. Cuando desean conceder entrevistas a medios, el interno debe comunicarlo a la dirección de la prisión, que es quien valora antes de tomar una decisión. Lo hacen de manera conjunta con asuntos penitenciarios, la junta de tratamiento y comunicación, detallan desde el Departamento de Justicia.
Para decidir si se otorgan entrevistas, se tienen en cuenta diversos elementos, como que no altere la rutina del centro, cuestiones de seguridad, el impacto que puede tener en el proceso de inserción del interno o la protección a las víctimas, entre otros. En el caso de autorizarse, se llevan a cabo con papel y lápiz, a través de los locutorios de comunicación. Para medios audiovisuales, no se autorizan.
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Saltarse ese tipo de requisitos es una falta grave, indican desde el Departamento de Justicia, que insiste en que el modelo de ejecución penal catalán, que tiene transferidas las competencias, es garantista y preserva la intimidad en las comunicaciones de los internos con su familia y amigos. Eso supone que no se fiscalizan ese tipo de encuentros o llamadas. Las últimas entrevistas concedidas por Peral fueron telefónicas. El Departamento limitará de manera inminente sus llamadas y videollamadas, y solo podrá contactar con familiares directos. De detectarse que a través de esos números también se conceden entrevistas, podrían vetarse también.
Peral concedió diversas entrevistas a medios de comunicación en los seis años que lleva presa por el asesinato de su expareja, Pedro Rodríguez, de manera conjunta con quien era su amante, Albert López. Los tres formaban parte de la Guardia Urbana de Barcelona. Ninguna de ellas fue autorizada, indican desde Justicia. Peral y López fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, en una sentencia firme confirmada por el Tribunal Supremo.
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La última entrevista sonada de Peral forma parte de un polémico documental, Las cintas de Rosa Peral, donde la mujer defiende su inocencia, asegura que actuó por el miedo insuperable al otro sentenciado y critica que fue juzgada injustamente por una sociedad machista que la condena más por su vida sentimental que por unas pruebas sólidas en su contra. Más de la mitad de los participantes en el documental, entre ellos dos periodistas, el fiscal del caso y el abogado de la familia de la víctima, denunciaron que la productora, Brutal Media, les engañó sobre el objetivo del documental, que a su juicio no es otro que blanquear la figura de la condenada.
El crimen de la Guardia Urbana, uno de los más mediáticos de los últimos años, volvió a la primera línea informativa después de que Netflix haya estrenado la serie de ficción El cuerpo en llamas, interpretada por Úrsula Corberó en el papel de Rosa Peral y Quim Gutiérrez como Albert López. Peral denunció a Netflix ante la posible vulneración del derecho al honor de sus hijas y pidió que se paralizase el estreno, sin éxito. El abogado de la familia de la víctima, Pedro Rodríguez, solicitó también el embargo de cualquier tipo de ingreso que pudieran recibir los condenados por la serie de ficción o por el documental, que se estrenó a la vez en la misma plataforma. Peral niega que haya cobrado por ninguna de las dos cosas.
El letrado de la familia de Pedro Rodríguez también demandó a Peral por un posible alzamiento de bienes. Considera que la mujer podría haber cometido el delito al donar a su padre la mitad de la casa que posee en Cubelles (Barcelona) pocas semanas antes de la sentencia firme del Tribunal Supremo, explica Juan Carlos Zayas. El abogado sospecha que pudo tratarse de una estrategia para no pagar la indemnización de 800.000 euros a la que deben hacer frente de manera solidaria Peral y López a la familia de Rodríguez.
