Más de la mitad de los chicos de la Argentina (55,7%) vive en la pobreza. Y en el conurbano bonaerense esa condición afecta a cerca de dos tercios de los menores de 18 años: al 63,8%. Esos datos –consignados en un informe de la consultora ExQuanti y elaborados a partir de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec– corresponden, en rigor, al primer trimestre del año. El ritmo creciente de la suba de precios y la caída de la actividad económica llevan a estimar que hoy la realidad es más grave, y que el drama personal, familiar y social que se esconde detrás de los números será peor en los próximos meses.
En ese contexto, las transferencias de dinero que hace el Estado a las familias con chicos muestran caídas significativas en términos reales. Aun cuando los montos pagados se reajustan periódicamente, en la práctica alcanzan para comprar cada vez menos cosas, porque las subas son inferiores a la inflación. Corregidos los números por inflación, en el último año el gasto en infancia tuvo una caída más pronunciada que la que tuvo la erogación primaria total del Estado, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En las asignaciones por hijo, tanto la dirigida a los desocupados e informales (la AUH), como la que abarca a un grupo de asalariados registrados y monotributistas, la menor inversión estatal en términos reales se evidencia tanto en el conjunto del gasto como en lo que llega a cada hogar. Los importes de julio último sirvieron para comprar –según el caso y según se detalla más adelante en esta nota– un 11,4% o un 35,8% menos de lo que podía adquirirse con las prestaciones del séptimo mes de 2022. Eso, si la comparación se hace contra el índice general de inflación; si se toma el valor de la canasta de pobreza y su variación, se observa que la caída del poder de compra de los montos, en el año con Sergio Massa como ministro de Economía, llega a 16,3% o a 39,3%, según la prestación.
También está retrasado el monto que, por hijo, puede descontarse del ingreso sujeto al impuesto a las ganancias: la deducción por menores de 18 años es la tercera pata del esquema de transferencias por la población infantil y adolescente.
Las causas de la reducción del valor de las prestaciones son la inflación y algunas políticas, como la disposición del pago de refuerzos que luego se quitaron. Además, por la baja frecuencia de actualización del ingreso familiar tope para acceder a las asignaciones en el mercado laboral formal, hubo períodos en el último año en los que en muchos hogares se dejó de cobrar asignación por hijo.
Más allá de sus problemas coyunturales y estructurales, las políticas de transferencias del Estado para la infancia son “una inversión estratégica”, tal como se las define en un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Lo es, tanto por sus efectos inmediatos y de mediano plazo, como por su impacto en la sociedad del futuro.
La dinámica demográfica, señala el documento, que muestra una reducción de la fecundidad y un aumento de la longevidad, define el proceso de envejecimiento poblacional. Y, en su tiempo de “bono demográfico” –el período previo a que crezca significativamente la participación en la población de los adultos mayores económicamente dependientes–, los países deberían hacer inversiones tendientes a una mejora sostenida de la productividad, según advierten con frecuencia economistas especializados en la materia, como José María Fanelli. “Para sostener el estado de bienestar en el mediano plazo se requieren inversiones presentes, que garanticen los derechos de niños/as y que den lugar a un aumento de la productividad de los/as trabajadores/as del futuro”, afirma, en coincidencia, el informe del Cippec.
Según ese estudio, el valor promedio de la canasta de pobreza estimado para un niño, niña o adolescente fue de $22.937 en junio; con el encarecimiento que hubo en julio, según dio a conocer el Indec, ese valor subió a $24.568. La AUH es entre junio y agosto de $13.864 mensuales y, en el caso de menores de hasta 14 años se suma la prestación del Plan Alimentar (de $17.000 si se tiene un hijo). Las asignaciones para los trabajadores formales, en tanto, son de montos de entre $2915 y $13.864.
Para determinar el valor de la canasta por cada menor, se partió del definido por el Indec para un adulto varón (en junio fue de $33.731 y en julio, de $36.130) y se tomó un promedio de las equivalencias determinadas por el organismo en la franja de 0 a 17 años (por ejemplo, para una niña o un niño de un año el valor de la canasta es el 37% del definido para el adulto, y para un varón de 17 años es el 104%). Ese promedio resultó del 68%; de allí, los $22.937 y los $24.568.
En los doce meses previos al actual, el incremento de los precios de la Canasta Básica Total del Indec, usada para estimar la pobreza, fue de 125,7%, lejos del porcentaje de subas de las transferencias a hogares que, se analizan a continuación.
Asignación Universal por Hijo
Llega a alrededor de 4,28 millones de chicos, según el dato más reciente publicado por la Secretaría de Seguridad Social, de marzo de este año. Se trata de la prestación por los hijos menores de 18 años de trabajadores desocupados, informales, de servicio doméstico y monotributistas sociales. Que el número de beneficiarios sea similar al de los que están bajo el sistema de asignaciones de la economía formal es un dato que habla de la situación social y laboral del país. Según los datos de ExQuanti, la pobreza infantil pasó de 48,1% a 55,7% entre los primeros trimestres de 2022 y de 2023, en tanto que un informe del Instituto Di Tella (también basado en los resultados de la EPH) indica que la tasa de informalidad en el conjunto de asalariados y cuentapropistas supera el 50%.
Por cada hijo menor de 18 años se cobra entre junio y agosto $13.864 por mes. En septiembre el monto subirá un 23,29% y será de $17.093, ya que se actualiza siguiendo el índice de movilidad previsional. En rigor, cada mes se percibe el 80% de la prestación ($11.091 según el valor actual), mientras que el 20% ($2773) es abonado una vez al año, contra la presentación de la certificación de escolaridad y atención de la salud.
Cuando se trata de chicos de hasta 14 años se suma la prestación Alimentar, de $17.000 para las familias con un hijo; de $26.000 si hay dos hijos, y de $34.000 si hay tres o más hijos. Es un beneficio que se amplió en 2020, ya que en un inicio cubría a menores de hasta 6 años.
Tanto los montos de la AUH como los del plan Alimentar por un hijo tuvieron una suba interanual, a julio, de 89%, mientras que la inflación general fue de 113,4%. La prestación sufrió así un deterioro de 11,4% en términos reales, aunque si la comparación se hace con el índice de la canasta de pobreza, la caída es de 16,1%.
Es decir, en los últimos meses se pudo comprar con la asignación un 88,6% o un 83,9% de lo que se podía un año atrás. Eso, sin considerar aún los efectos de la devaluación decidida el día posterior a las PASO, frente a los cuales se espera para los próximos días anuncios tendientes a una recomposición de ingresos.
En términos agregados, el informe de la OPC muestra que en el primer semestre el gasto para la AUH se redujo un 12,8% interanual, corregidas las cifras por inflación, un índice superior al del ajuste promedio de todo el gasto corriente, de 7,6%.
¿Cómo debería definirse, en todo caso, el monto de una prestación por hijo, sobre todo en un escenario inflacionario? Según Manuel Mera, director de Protección Social en el Cippec, la cuantía debería estar atada al valor de una canasta y habría que discutir exactamente a cuál.
Mera pone el foco en particular en los adolescentes, que son una población con gastos mayores por la cual, en el sistema de la AUH, se cobra menos (porque están al margen del plan Alimentar). “Se podría evaluar, como posibilidad, que la canasta básica ‘por adolescente equivalente’ sea la que rija el monto [es decir, que la AUH sea el 84% del valor de la canasta del adulto]. Es un debate que debería darse y que depende de las decisiones sobre la política alimentaria, si seguirá o no atada a la AUH”, afirma.
En el conjunto de las prestaciones del sistema considerado no contributivo, se suman algo más de 786.000 pagos mensuales por hijos de jubilados y beneficiarios de diferentes pensiones no contributivas.
Asignaciones familiares del sistema formal
Este esquema contempla pagos por hijos menores de 18 años (o incapacitados para el trabajo) de asalariados formales, monotributistas y perceptores del seguro de desempleo del sistema de la seguridad social. Según datos oficiales, hoy son alrededor de 4,24 millones los chicos por los cuales se cobra.
En los últimos años existió una dinámica fuertemente distorsiva en este esquema. En febrero último, por ejemplo, la cantidad de asignaciones por hijos de asalariados había caído más de un 61% con respecto a la de marzo de 2022: en ese lapso se dejaron de pagar prestaciones por 1,95 millones de chicos, según la estadística publicada por la Secretaría de Seguridad Social. Eso pasó porque en muchos hogares se había superado el ingreso tope para acceder a la prestación. Hasta una reforma reciente (de marzo de este año) ese tope se mantenía congelado por un año. Es decir, por subas nominales de salarios, que en muchos casos no alcanzaban para compensar el daño de la inflación, el sistema iba expulsando mes a mes a trabajadores del salario familiar. Y eso permitió un ajuste importante del gasto público, en desmedro de las políticas para la niñez.
Con la actualización de ese tope de ingresos en marzo, la cantidad de hijos de asalariados menores de 18 años cubiertos pasó de 1.218.088 a 3.399.623 en solo un mes (quienes ingresaron, habían quedado afuera previamente por lo explicado en el párrafo anterior). Entonces, el mayor ingreso individual mensual que puede percibirse en un hogar para acceder a la asignación pasó de $158.366 a $404.062. Y se dispuso que la cifra coincida con el umbral que define qué asalariados pagan Ganancias; por eso, luego el monto se volvió a reajustar: pasó a $506.230 (ingreso individual) o $1.012.460 (ingreso familiar) . Y ahora, con el nuevo piso salarial de Ganancias de $700.875, deberá tener otra actualización.
La cuantía de la asignación varía según los ingresos del hogar o la categoría del monotributo en la que está el adulto a cargo: por hijo se cobra hasta este mes $13.864; $9350; $5654 o $2915. Desde septiembre las cifras serán de $17.093; $11.528; $6971 y $3594. Por hijo con discapacidad, los importes son de $45.147; $31.937 o $20.155 (según en qué rango de ingresos esté el hogar) y el mes próximo subirán un 23,29%. En algunas zonas del país las sumas son mayores.
En estas prestaciones, la caída de poder adquisitivo del último año fue producto de la inflación y de otro hecho: a mediados de 2022, a la asignación por hijo propiamente dicha se les adicionaba un extra a modo de complemento, porque regía una garantía (fijada en 2021, en tiempos preelectorales) por la cual en los hogares ubicados en los dos rangos de ingresos más bajos el total a cobrar debía ser de $10.126 y de $6830, respectivamente. Esos adicionales fueron quedando absorbidos a medida que la cuantía de la asignación subía por la movilidad. Y desde hace unos meses ya hay extras.
Así, las prestaciones de julio último fueron, para un grupo, solo un 36,9% nominalmente más altas que las de un año atrás. Y tuvieron un poder de compra menor en un 35,8%: si lo que en julio de 2022 valía $100, en julio de 2023 costaba $213,4 (el índice promedio de precios avanzó un 113,4%), entonces con $136,9 se podía comprar en el segundo momento de la comparación un 64,2% del conjunto de bienes y servicios en cuestión (136,9 es el 64,2% de 213,4).
El informe de la OPC consigna que hubo una baja interanual de 28,2% del gasto destinado a asignaciones familiares en la primera mitad de 2023. El ajuste se hizo por tres vías, según se explica: la suba de los valores por debajo de la inflación; la baja y la anulación del adicional dispuesto en 2021, y la política de actualización del ingreso máximo para acceder a las prestaciones.
Deducción de Ganancias
En este caso no se trata de un cobro directo, sino de una suma de dinero que los padres dejan de pagar por el impuesto a las ganancias. Desde este mes están alcanzados por el tributo los salarios de más de $700.875 (en bruto). En sentido contrario a lo que ocurre con las asignaciones familiares, los montos implicados son más altos cuanto mayor es el ingreso personal. Y eso ocurre porque la cifra deducible (lo que se descuenta del ingreso antes de calcular el tributo) es fija para todos los casos, mientras que la escala de alícuotas es progresiva: a mayor ingreso, mayor porcentaje de descuento por Ganancias.
Cada menor puede ser declarado a cargo por uno de sus padres, o por ambos, pero en ese caso se aplica el 50% de lo deducible para cada uno. Por todo 2023 la deducción es de $212.356,37 y, por tanto, para los ingresos más altos (a los que se les aplica la alícuota marginal del 35%) el efecto máximo de una menor carga impositiva es de $74.324,6 anuales.
Problemas de diseño
Según los investigadores del Cippec, si bien en los últimos años hubo esfuerzos por aumentar la cobertura del sistema de transferencias integrado por tres patas, “persisten desafíos considerables” en el esquema. El diagnóstico abarca varios puntos en los que se encienden alertas.
Uno es que existen problemas de equidad. Por ejemplo, y según se describe, “quienes reciben la AUH deben cumplir condicionalidades que no existen en los otros dos pilares del sistema”. También se señala que falta progresividad, si se tiene en cuenta, por caso, que hay empleados alcanzados por Ganancias que dejan de tributar montos mayores a los de la asignación por hijo cobrada por algunos de los trabajadores formales con sueldos inferiores.
Otra cuestión puesta bajo la lupa es la falta de integralidad. Por ejemplo, el plan Alimentar no alcanza a los adolescentes y tiene una actualización diferente a la de las otras asignaciones. Además, se advierte, las familias con hijos de hasta 14 años que cobran la AUH reciben hasta $17.000 más que las que están en el mercado laboral formal y perciben, probablemente, ingresos similares.
También se advierte que hay chicos por los que no se recibe ninguna prestación. Según el Cippec, estimaciones hechas en los últimos años por Unicef indican que alrededor de 9% de la población infantil y adolescente no estaría alcanzada por estas políticas, por diferentes causas. Un dato clave para conocer la realidad de los chicos es el de cuántos son. Ese número surge del censo de población realizado en mayo de 2022, pero aún no fue difundido por el Indec.
