En diciembre de 2019, días antes de que Alberto Fernández, asumiera el poder, la Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno saliente de Cambiemos presentó ante la Justicia un escrito donde sintetiza los 75 indicios y evidencias que, a su juicio, prueban que Lázaro Báez era el testaferro de los Kirchner y que manejaba su dinero.
A pesar de estos indicios, que están en la causa judicial de la Ruta del Dinero K y que fueron presentados por la UIF como querellantes en el caso, el fiscal Guillermo Marijuan entendió que no había pruebas y promovió esta semana el sobreseimiento de Cristina Kirchner en esa causa por lavado de dinero.
Lázaro Báez ya fue condenado a 10 años de cárcel en ese expediente pero desde hace 10 años se investiga si los Kirchner están detrás de la plata que blanqueó el empresario. Marijuan dijo que no pudo probarlo y pidió sobreseer a la vicepresidenta.
La oposición, a través de Elisa Carrió, dijo que cree que lo hizo por su cercanía con Sergio Massa, que necesita el aval de Cristina Kirchner para su candidatura presidencial. Marijuán lo negó y dijo que hace meses que no habla con Massa y que no es su íntimo amigo.
Este informe de la UIF, que se mantuvo en reserva, es anterior a la condena contra Cristina Kirchner en el caso de Vialidad a 6 años de prisión y al fallo de la Cámara de Casación que confirmó la condena por lavado de dinero contra Báez. Los jueces Mariano Borinsky y Angela Ledesma entendieron que el delito precedentes de donde provenía el dinero lavado por Báez era la evasión fiscal y no la obra pública corrupta con la que lo benefició el kirchnerismo. De ese argumento se vale Marijuan para despegar a Cristina Kirchner de esa plata.
Sin embargo, las evidencias que recoge el escrito de la UIF de la época de Cambiemos no variaron estos años para sostener la implicación de la vicepresidenta e incluso algunos de ellos aparecen en la evidencia que sustenta su condena en la causa de Vialidad.
“La familia presidencial Kirchner utilizó a Lázaro Báez como testaferro de sus negocios criminales”, señala en la página 3 el escrito de la UIF, que lleva la firma de Mariano Federici, en ese momento titular del organismo.
El escrito de 60 páginas concluyó que “las evidencias lógicas que a esta altura, devienen irrefutables-, demuestran a las claras que Lázaro Antonio Báez no era un empresario contratista más, sino que, por sus características, su rol encuadra en lo que se denomina “hombre de paja” o más burdamente “testaferro”.
Entre sus conclusiones, enumera el crecimiento de Báez como empresario relacionado con los Kirchner, sus antecedentes que no guardan relación con el empresario millonario que acumuló bienes inmuebles, rodados, aeronaves, bienes suntuarios y dinero en cuentas del exterior. Indicaron que paso a tener propiedades cuyo precio de venta comparado con el de compra por parte de los Kirchner era “antieconómico” para el empresario.
Indicó que las operaciones entre ambos eran “carentes de lógica económica comercial” y que el conglomerado del empresario “le transferían fondos a la familia Kirchner por pago de alquileres por sus inmuebles y hoteles, otorgándoles un flujo corriente de fondos”.
En cambio cuando los Kirchner necesitaban dinero para inversiones, no disponían del suyo, sino que Báez les “compraba” inmuebles y efectuaba préstamos, “que fueron repagados con los ingresos que él mismo generaba a la ex familia presidencial”.
Ante “gastos extraordinarios o imprevistos”, como la construcción del mausoleo donde están los restos de Néstor Kirchner, fue Báez quien se hizo cargo, dice el escrito.
“Surgen indicios de una confusión patrimonial entre los patrimonios de los Kirchner y los de Báez”, dijo la UIF. Y puso como ejemplo los diez departamentos ubicados en la calle Bartolomé Mitre 535 de Río Gallegos que se construyeron utilizando la figura de un fideicomiso en el que se estipulaba que, una vez finalizada, Austral Construcciones y Néstor Kirchner dividirían en partes iguales los inmuebles, pero finalmente, en la declaración jurada de bienes presentada por el ex presidente se presentan como dueño del complejo.
La preferencia por Báez para recibir obra pública es otro indicio, al igual que la prioridad para recibir antes el pago de certificados de obra, beneficios que luego se probaron en el juicio donde fue condenada Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El efecto de los cuadernos
Otro indicio mencionado es que en el caso de los cuadernos de las coimas, a pesar de ser uno de los principales empresarios de la obra pública, no aparece pagando ningún soborno para mantener los contratos, como no ocurrió con los otros hombres de negocios dedicados a la obra pública, que admitieron haberlo hecho.
Una evidencia más de su particular estatus es que cuando se descubrieron sus maniobras “se puso en marcha un fenomenal encubrimiento, en el que formaron parte distintas áreas del Estado Nacional: AFIP, UIF, BCRA, Procuración del Tesoro, Ministerio Público Fiscal, entre otras”.
Entre los 75 indicios y hechos que menciona la UIF están que “Báez empresario no fue otra cosa que la creación del matrimonio Kirchner, que por los cargos que ocuparon sucesivamente no podían acaparar aquel dinero a su nombre, ni ganar aquellas adjudicaciones con empresas de su propiedad, sino que necesitaban un empresario de confianza que oficiara de prestanombres”.
El origen del dinero lavado, para la UIF, era “la irregular asignación de obra pública a la empresa Austral Construcciones”, sin perjuicio de “las maniobras impositivas ilícitas que también llevó adelante, y que, consecuentemente, significó otro flujo de dinero ilícito”.
“El incremento patrimonial del exmatrimonio presidencial encuentra como contrapartida operaciones llevadas a cabo con el entorno del nombrado Lázaro Báez”, señala la UIF al vincular las declaraciones juradas de los Kirchner con las maniobras de lavado.
“Báez le habría “prestado” a Néstor Kirchner 2,4 millones de dólares utilizados para la adquisición de un complejo hotelero”, dijo la UIF. Y “el mismo año en que le habría prestado 2,4 millones de dólares para la adquisición de un complejo hotelero, también le habría adquirido inmuebles de su propiedad, por más de 700.000 dólares”. “Hay una clara confusión patrimonial entre los Kirchner y Báez”, sostiene la UIF.
El informe de la UIF menciona que Báez y los Kirchner compartieron propiedades, terrenos y obras en construcción. Además había alquileres pagados por Báez a los Kirchner. En el caso de Austral, Máximo Kirchner entregaba 12 cheques una vez al año, y en el caso de Kank y Costilla, los pagos se hacían en sus oficinas. Los cheques fueron firmados por Martín Báez y cobrados por Máximo Kirchner, sin que se sepa que pasó con el dinero, dice la UIF.
“Los movimientos de dinero entre ambas familias eran constantes, dando cuenta de una economía simbiótica”, describe el informe. El otro flujo de fondos provino del alquiler de habitaciones en el Hotel Alto Calafate por parte de Austral, que son investigadas en el caso Hotesur y Los Sauces.
El financista de los Kirchner Ernesto Clarens declaró como arrepentido en el caso cuadernos que participaba en la recaudación del dinero en efectivo pagado por los empresarios (contratistas de obra pública), los cuales una vez reunidos eran cambiados por este en dólares billete, para luego entregarlos a los funcionarios del gobierno nacional.
“Báez y su conglomerado empresario, pese a carecer de justificación económica, le transferían fondos a la familia Kirchner bajo el concepto de pago de alquileres por sus inmuebles y hoteles, otorgándoles un flujo corriente de fondos. A su vez, cuando los Kirchner necesitaron mayores fondos para, por ejemplo, realizar inversiones Báez y las empresas de su conglomerado le “compraron” inmuebles y efectuaron préstamos, que fueron repagados con los ingresos que él mismo generaba a la exfamilia presidencial”, dice la UIF.
Concluye que “estas dos disímiles conductas demuestran que, en realidad, Lázaro Báez operaba como un “hombre de paja”, detrás del verdadero propietario de los bienes ilícitos, no solo mediante un flujo constante de gastos corrientes sino también a través de grandes transferencias, que solo pueden explicarse mediante el previo requerimiento por parte de quienes se sabían verdaderos titulares de los bienes del Grupo Báez”.
El patrimonio de Báez acreditado en la causa de la ruta del dinero es de 2.630 millones de pesos. “El único fundamento para tan abultado patrimonio es la existencia de una asociación ilícita cuyo objetivo primordial era construir el imperio Báez desviando dinero del Estado Nacional”, concluyó la UIF.
Al relatar la ruta del dinero, parte de la plata era traída en efectivo desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de San Fernando, mediante vuelos en aviones privados de la familia Báez, y administrados por Top Ai. Desde allí era trasladada e ingresada en “cuevas financieras” de la city, entre ellas SGI, conocida como La Rosadita, en Puerto Madero, para ser reenviado a cuentas off-shore.
Esa plata, dice a UIF, hace el camino inverso realizado por Daniel Muñoz, el secretario de los Kirchner. “Muñoz y Báez no solo integraban asociaciones ilícitas con la familia Kirchner sino que además, utilizaron mecanismos similares para remitir dinero al exterior”, señala la UIF.
Ambas estructuras (la de Muñoz y Báez) operaron con las sociedades pantalla creadas por Clarens. “Otro indicio que debe ser valorado es justamente la utilización de los mismos operadores financieros para realizar similares operaciones de lavado de activos”, dice el escrito que dejó Cambiemos al dejar el Gobierno.
“Lázaro Antonio Báez, que no parece ser el único lavador con que contaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero si quizás el más importante. En su maratónica carrera como empresario de la construcción se vislumbra claramente el hilo conductor de las maniobras investigadas en todos los expedientes judiciales”, dice la nota. Y señala que cuando Báez empezó a ser investigado, las agencias del Estado lo protegieron.
“Por ello, a nuestro entender, surge palmariamente que los hechos analizados no fueron realizados por Báez en soledad sino bajo la supervisión del matrimonio Kirchner y sus funcionarios dependientes, quienes se erigían como verdaderos dueños del dinero lavado y acompañaron al empresario patagónico en todo su periplo. Lo ungieron desde empleado bancario hasta mega empresario, le asignaron la casi totalidad de obra pública de la provincia de Santa Cruz, entre otras, le permitieron los más diversos incumplimientos poniendo a los organismos de contralor a mirar hacia otro lado y – una vez iniciadas la causas judiciales en su contra – lo encubrieron directamente”, dice la UIF.
Basa estas afirmaciones en las declaraciones como arrepentidos que hicieron Clarens, el condenado ex secretario de Obras Públicas José López, y el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. “Los tres coinciden en el rol asignado a Baez y su vínculo con la familia Kirchner”, sostuvo la UIF.
Relató una declaración de Manzanares donde el contador le aconsejó a Néstor Kirchner cancelar una deuda con Báez de 8 millones de dólares que había en su declaración jurada. Kirchner lo hizo en 2008, con un depósito en el Banco de Santa Cruz, donde tenía los plazos fijos. “Mientras ocurría esto, que duró alrededor de dos horas, Néstor Kirchner con Lázaro Báez transitaban las calles de la ciudad en un auto conducido por Daniel Muñoz, ansiosos por recibir novedades y saber si el tema estaba o no concluido. Muñoz así me lo comentó, también me dijo que Néstor Kirchner le había dicho a Lázaro Báez: ‘Fíjate a ver cómo me la devolvés’”.
La UIF menciona además una escucha telefónica realizada a Báez donde este menciona que sus bienes no son de su propiedad, sino que “alguien de arriba” se los habría dado para que los administre”. Dijo la UIF que al menos ese dato debe ser analizado como un indicio mas.
