Los abogados reclamaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga para que los jueces y empleados judiciales retornen a trabajar a sus despachos de manera presencial, dado que denunciaron que se está resintiendo el servicio de justicia. Dijeron que ya la pandemia de coronavirus que motivó este régimen laboral a distancia terminó, lo mismo que la feria judicial de invierno.
En una nota enviada al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), Ricardo Gil Lavedra, pidió que “se arbitren los medios necesarios para normalizar la actividad presencial en los órganos judiciales”.
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Sostuvo que la Corte ya dispuso el regreso de la presencialidad plena delegando en cada Cámara la reglamentación de esta medida. Así las cosas, “en su mayoría, las Cámaras no decretaron el retorno de todos los funcionarios y empleados sino que tomaron posturas diversas y efectuaron una subdelegación a los tribunales inferiores, dejando librado al criterio de cada dependencia la organización del trabajo” en cuanto a si es remoto o presencial. “Todo ello en franca contravención a lo resuelto oportunamente por la Corte”, dijo Gil Lavedra.
“Esta situación ha provocado que cada juzgado de los distintos fueros tenga un protocolo de atención al público diferente, sin uniformidad de servicio, con disparidades notables en la presencia o ausencia del personal, provocando en consecuencia serios obstáculos para el ejercicio de la profesión de la abogacía, y el adecuado servicio de justicia”, dice la nota de dos carillas.
Algunos ejemplos de esta discrecionalidad con la que cada Cámara reglamentó la asistencia laboral: la Cámara del Trabajo dejó a criterio de cada juez si los empleados trabajan de manera virtual o presencial, pero los jueces y funcionarios deben concurrir de manera presencial todos los días.
En la Cámara Civil, de quien dependen los juzgados de familia que entienden en divorcios, adopciones y problemas de separación de padres y madres de sus hijos, por ejemplo, el 70% del plantel debe estar presente; en la Cámara Federal de la Seguridad Social, que atiende los juicios de los jubilados, los empleados van según “las necesidades y prioridades que dispongan las autoridades de cada dependencia del Fuero”.
Y en la Cámara del Crimen, que atiende los casos de presos o acusados de delitos comunes, se estableció que cada juez puede por excepción autorizar el trabajo remoto, “en casos limitados y particulares”.
Las consecuencias de esta situación se palpan a diario en los edificios de los tribunales de la Capital Federal. En el Palacio de Justicia ya casi no transita público, porque los abogados envían sus escritos de manera remota y cuando acuden a los juzgados no encuentran a los empleados que llevan sus casos. Brillan las cerámicas en todos los pisos. Ya no hay colas en los ascensores.
Lo mismo ocurre en los edificios judiciales que rodean a Plaza Lavalle, donde mermó la circulación de público a tal punto que cerraron tradicionales cafés y restaurantes donde los abogados prolongaban las tertulias luego de las audiencias y los jueces solían almorzar.
En el edificio judicial de Comodoro Py 2002, en Retiro, no circulan abogados ni imputados. Está casi vacío todos los días, con muy poco movimiento.
Los abogados se quejan de que cuando acuden a las mesas de entradas no encuentran al empleado que lleva su caso. O si lo hacen en un juzgado, no lo encuentran en el juzgado de al lado, donde llevan otro expediente. Los juicios orales se efectúan de manera virtual, excepto por jueces y secretarios que están sentados en salas de audiencias vacías. Hay jueces que no acuden a diario a sus despachos.
“No existe justificativo alguno para no cumplir con la presencialidad plena como lo ha dispuesto ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo Gil Lavedra en su nota, e insistió que el máximo tribunal ya dijo que “la regla debe ser la presencialidad plena”, aunque “la realidad es que muchos juzgados no cumplen con ella, causando así un deterioro en la atención al público en general y a los matriculados en particular”.
“Actualmente, cada juzgado ha resuelto de forma distinta la presencialidad del personal, sin un protocolo o reglas que unifiquen de alguna forma las pautas necesarias para lograr una eficiente e igualitaria prestación del servicio de justicia. Este contexto presenta enormes asimetrías respecto de la presencialidad, dispuestas de modo arbitrario y discrecional”, se quejaron los letrados. Y señalaron que los perjudica en su ejercicio profesional, “lo imprevisible que resulta la ausencia o presencia del personal judicial según cuál sea el tribunal que intervenga”.
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Si bien mejoró el sistema con la pandemia, el ejercicio de la abogacía requiere hablar con los funcionarios, jueces y empleados, dijo Gil Lavedra. “Obviar ello es no conocer cómo se ejerce diariamente la profesión”, y ello obliga a que los abogados lleven una agenda para saber si el empleado de cada juzgado que lleva sus causas está presente o ausente o en día va a trabajar y en qué horario para poder revisar la situación de su expediente y ser atendido personalmente.
A lo que se agrega que, en muchas oportunidades, el sistema Lex-100 de gestión de causas no funciona debidamente y obliga a los abogados a ir personalmente ante el riesgo de que venzan los plazos procesales.
Gil Lavedra insistió en que la situación tras la pandemia cambió, la OMS declaró que la pandemia de COVID-19 dejó de ser una emergencia sanitaria mundial y terminó con el estado de emergencia dispuesto en 2021, por lo que demandó a la Corte que haga cumplir su propia acordada y disponga el trabajo presencial pleno en todos los tribunales. “La pandemia terminó”, recordó Gil Lavedra.
