Tras una movilización de organizaciones sociales, motorizada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que conduce el dirigente Juan Grabois, frente a la Municipalidad de Concordia, dirigentes de Juntos por el Cambio denunciaron un intento de presión para acceder a una contratación directa para tareas de selección y reciclado de basura. La protesta, que siguió a otra marcha realizada la semana pasada, incluyó la quema de neumáticos, en un clima de fuerte tensión.
El concejal Felipe Sastre (Juntos por el Cambio) explicó a LA NACION que el intendente peronista Enrique Cresto (Frente de Todos) firmó un convenio de cooperación mutua para el reciclado de la basura en el predio local Campo del Abasto con la cooperativa Mundo Reciclado, ad referéndum de la aprobación del Concejo Deliberante. Advirtió que se trata de una adjudicación directa y que, inclusive, se dispuso un pago adelantado por $7 millones, por tres meses, a la cooperativa apadrinada por Grabois. “Al no lograr el respaldo de los dos tercios en el cuerpo legislativo, la ordenanza se frustró y ahora el MTE presiona para que sea convalidada”, planteó el edil de la oposición.
El intendente Cresto completará en diciembre su segundo mandato como intendente y no puede aspirar a la reelección. Con ocho concejales sobre un total de 15, le faltó un voto para llegar a los dos tercios en el Concejo Deliberante, objetivo que en la oposición considera “imposible”. Los otros cinco ediles responden a Juntos por el Cambio.
“La situación está cada vez más complicada. El planteo sigue siendo el mismo”, declaró Ludmila Fernández, dirigente del MTE, al insistir en la necesidad de facilitar el acuerdo para avanzar en el reciclado de la basura. La protesta de las organizaciones sociales partió de la plaza España y llegó a la plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal, cuyas puertas se cerraron por razones de seguridad. Los trabajadores marcharon con banderas argentinas y muchos de ellos tenían pecheras del MTE.
La oposición en Concordia, en tanto, expresó su rechazo a “la contratación directa y a los proyectos del oficialismo para promover el monopolio en el reciclado urbano de la basura”.
