Una nueva pista que vincula una operación con criptomonedas con las líneas telefónicas que fueron adquiridas a nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, alentó la posibilidad de identificar a los responsables de esa maniobra con la que se pretendió perjudicar a magistrados, dijeron a LA NACION dos fuentes que trabajan en esa tarea.
El dato surge de un informe que está elaborando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte. Toda esa información la está recibiendo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien decidió la semana pasada unificar en una megacausa estas maniobras de espionaje ilegal mediante las cuales se activaron líneas truchas a nombre de al menos tres jueces de la Corte con otro caso en que el fueron hackeados los celulares de dos de los jueces que condenaron a Cristina Kirchner, de un fiscal que la investigó y de dos jueces de la Cámara de Casación denunciados por la vicepresidenta.
De “segundo padre” a “delincuente”, el giro de Javier Milei con Ricardo López Murphy
Los especialistas de la Dajudeco determinaron que se tramitaron en la compañía Personal cinco líneas a nombre del presidente de la Corte Rosatti, que el magistrado en ningún momento contrató, ni solicitó. El juez lo descubrió porque le llegó la factura. Con esas líneas, según los expertos, se habrían realizado operaciones con criptomonedas, lo que permitiría seguir la pista de los responsables de esta maniobra.
Las líneas se habilitaron entre el 20 de diciembre de 2022 y el 19 de febrero de 2023, y fueron dadas de baja el día 9 de marzo de 2023. Los chips fueron adquiridos en las ciudades de Posadas y Garupá, en Misiones.
La sospecha es que se realizó una actividad ilegal para armar una operación de inteligencia para perjudicar al presidente de la Corte. Rosatti está bajo fuego del Gobierno y Cristina Kirchner habló la semana pasada de un supuesto “enriquecimiento ilícito” del magistrado. El juez está sobreseído con un fallo firme por esa denuncia anónima.
Los cinco chips diferentes se colocaron en siete aparatos con diferentes números internos conocidos como IMEIs, desde los cuales se traficaron comunicaciones. Se identificaron 39 abonados que impactaron en esos siete aparatos. Son en total 28 personas diferentes. Dos de esas líneas pertenecen al vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y a la jueza federal de Misiones María Verónica Skanata. Ambos declararon como testigos en la causa y dijeron que nunca tramitaron estas líneas.
Además, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti dijo que en abril pasado advirtió que personas conocidas suyas recibían llamadas a su nombre desde teléfonos que él nunca había contratado. Por eso, el juez Martínez de Giorgi amplió la investigación para que la Dajudeco rastree esas líneas y que amplíe la pesquisa para averiguar si también se sacaron líneas truchas a nombre de Lorenzetti y del cuarto juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda.
Martínez de Giorgi tiene la sospecha de que hay una vinculación entre esta causa y la otra paralela donde fueron duplicadas tarjetas SIM y se trató de acceder a los chats de Telegram de los jueces Sebastián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que condenaron a Cristina Kirchner, de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y del exfiscal Ignacio Mahiques, hoy camarista de la Ciudad.
Por eso resolvió juntar ambas causas y rechazar el pedido de la fiscal Paloma Ochoa para que el caso de las líneas truchas a nombre de los jueces de la Corte sea enviado a la justicia federal de Misiones. Dijo el juez Martínez de Giorgi que “se advierte la existencia de una estrecha conexión” entre ambos sucesos. Entendió que las dos cuestiones (la de la Corte y la del resto de los magistrados) “involucrarían un plan criminal vinculado a maniobras relacionadas con la afectación de líneas telefónicas, cuyos damnificados resultan ser en gran parte de los casos jueces que desempeñan sus funciones en esta ciudad”. Dijo que “nos encontramos frente a acontecimientos ocurridos en un período temporal cercano, que guardan características similares, encontrándose todos ellos relacionados con la vulneración o afectación de líneas telefónicas vinculadas con distintos magistrados”.
“Surge evidente la conexión en torno a la selección de las víctimas” y en torno a que “las maniobras ilícitas se desarrollaron en pleno ejercicio de sus funciones públicas y en un cercano lapso temporal”, dijo el juez y unificó ambos casos jurídicamente.
De este modo, el nuevo fiscal en ambas causas, ya sea la de los jueces de la Corte y aquella en que fueron hackeados los mensajes de Giménez Uriburu, Basso, Mahiques, Hornos y Borinsky será Gerardo Pollicita. El fiscal está trabajando en un dictamen para impulsar la acción y solicitar una batería de medidas de prueba que buscan establecer puntos en común.
Las investigaciones de la justicia de la Ciudad ya determinaron que quien duplicó las tarjetas SIM de los teléfonos de los magistrados Giménez Uriburu, Basso, Mahiques, Hornos y Borinsky fue el hacker misionero de 22 años, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro. El acusado confesó, dijo que cobró 15.000 pesos por cada objetivo y señaló que tuvo la colaboración de dos personas a las que identificó por sus apodos en la web: @pr1sox, que le permitió acceder a bases de datos protegidas desde la deep web y ElJuanXD, que fue quien le pagó por hacerse pasar por los magistrados y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. Le pagaron en criptomonedas, pero no sabe quien fue, dijo. En esos casos las líneas eran de Movistar.
Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta acordaron que Pro tenga un solo candidato en la ciudad y haya PASO en provincia
El hacker Nunez Pinheiro, de Eldorado, Misiones, es el mismo que tramitó la duplicación de la tarjeta SIM del teléfono de los exministros de Seguridad porteños Marcelo D’Alessandro y Diego Santilli, ambos de Juntos por el Cambio. Los mensajes de Telegram hackeados a D’Alessandro fueron usados en el juicio político que el kirchnerismo impulsa sobre los jueces de la Corte.
Se trata de una operación de inteligencia a gran escala que tiene como epicentro Misiones, encargada a cuentapropistas sin experiencia verificada, por usuarios anónimos que se mueven en el mercado de las criptomonedas y que afecta a jueces federales (incluidos tres de la Corte) a quienes el kirchnerismo tiene en la mira.
