La Cámara Federal permitió que se secuestre el teléfono celular del diputado nacional de Pro Gerardo Milman, para analizar sus mensajes entre el 1 de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023, y determinar si es hay información relacionada con el atentado que sufrió Cristina Kirchner el 1° de septiembre del año pasado.
La decisión fue tomada por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, con la disidencia del juez Mariano Llorens. Bruglia y Bertuzzi señalaron que se trata de agotar esta pista para que no queden dudas. Dijeron que “el secuestro del aparato celular del diputado Milman encuentra debida motivación en los fundamentos expuestos” por el fiscal Carlos Rívolo, que impulsó despejar las dudas sobre la pista que impulsa Cristina Kirchner.
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Esta pista surgió por la declaración de Jorge Abello, un asesor de un diputado del Frente de Todos, que dijo que escuchó en el bar Casablanca, frente al Congreso, como Milman hablaba con dos colaboradoras dos días antes del atentado y decía “cuando la maten yo estoy camino a la Costa”, dando a entender que sabía que iba a ocurrir la tentativa de homicidio y que no lo iban a poder ligar a ella.
La jueza María Eugenia Capuchetti investigó esta afirmación y no solo no la corroboró, sino que mandó a investigar a Abello por falso testimonio, ante la presunción de que mintió para armar una acusación falsa.
Pero Cristina Kirchner insistió y para despejar dudas reclamó el celular de Milman y el de sus colaboradoras. Capuchetti se negó, pero ahora la Cámara revocó esa decisión e hizo lugar a la inspección de los mensajes en un lapso de tiempo acotado.
La Cámara dijo que, “sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”.
“Ya hemos dicho que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la Vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente, resultando ello el camino adecuado para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado, quien reviste el derecho a que se desestime de manera certera la versión sobre sus presuntos dichos y toda posible injerencia en los hechos”, aseguraron.
Por eso es que dispusieron que se extraiga la información del teléfono en un “acotado y prudente lapso temporal”, que abarca desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023, y que debe limitarse al “análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa”, y preservando los datos que no se relacionen con el caso.
Los datos solo deben ser recibidos por la jueza para que decida cuales son propios de este caso y compartidos con las partes. El resto deben ser eliminados.
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El juez Llorens, en cambio, dijo que como no hay evidencia que haga creíble el relato de Abello. “Como no hay prueba alguna que me permita -siquiera con el grado de provisoriedad propio de la etapa- dar credibilidad al testimonio de Jorge Abello, no encuentro un indicio claro, preciso y concordante con el resto de la prueba que habilite una injerencia mayor en la privacidad de personas que no se encuentran formalmente imputadas en estas actuaciones, como lo es el diputado Gerardo Milman”.
“Tampoco encuentro razones, dadas las conclusiones analizadas, para considerar apropiado aumentar el lapso de análisis temporal solicitado por la Fiscalía. Por una falta de fundamentación de lo solicitado, que recordemos resulta una intromisión en la intimidad de las personas, y hasta que se arrimen al legajo razones que lo ameriten, votaré -de momento- por no hacer lugar a esa medida”, escribió.
