El juez federal de los Estados Unidos Randolph Moss ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano que está secuestrado desde el 6 de junio pasado en el aeropuerto de Ezeiza, cuando aterrizó con 19 tripulantes iraníes y venezolanos que fueron investigados bajo la sospecha de que se dedicaban al espionaje o a actividades de apoyo al terrorismo.
El juez Moss, según dijeron fuentes cercanas al caso, actuó a pedido del fiscal de Washington Rajbir Datta, -como publicó el martes pasado LA NACION– que viene reclamando que envíen la aeronave a los Estados Unidos porque consideran que se violó la ley norteamericana cuando el avión fue vendido en violación a una ley norteamericana que prohíbe negociar bienes norteamericanos con empresas listadas como sospechosas de terrorismo.
La entrega de la aeronave a los Estados Unidos es una decisión política del Estado argentino, que debe resolver si hace lugar al reclamo norteamericano o si elige no pelearse con el Gobierno de Venezuela y eventualmente el de Irán, que observa el desarrollo de las acciones.
El juez Moss escribió en dos carillas y media que el 20 de octubre de 2022, Estados Unidos presentó una demanda verificada por decomiso de la una aeronave Boeing 747-300 de origen estadounidense, con el número de cola YV-3531 y el número de serie del fabricante 23413.
La aeronave dijo está sujeta a decomiso porque se exportó de Irán a Venezuela y de Irán a Rusia sin la autorización del gobierno de EE.UU. y en violación de las normas del Departamento de Comercio de EE. UU. que rigen la exportación y reexportación de productos de origen estadounidense.
En su tribunal, dijo el juez, hay una moción de la fiscalía de “sentencia en rebeldía” y una orden final de decomiso. Enumeró el juez Moss los pasos realizados en su causa, que avisó a la Argentina, a Emtrasur, a Venezuela en su embajada en Washington y que publicó en un sitio oficial de decomiso del gobierno en Internet el 15 de noviembre de 2022 durante 30 días consecutivos.
Todas las personas interesadas en la propiedad del avión debían presentar sus reclamos al menos 35 días después de que se envió la notificación, o a más tardar 60 días después del primer día de publicación en el sitio oficial de decomiso del gobierno en Internet.
El juez explicó que “un tratado entre los Estados Unidos y Argentina rige la asistencia judicial recíproca en asuntos penales y exige que el estado requerido [Argentina] hará todo lo posible para efectuar la notificación de cualquier documento relacionado o que forme parte de cualquier solicitud de asistencia realizada por el estado requirente [EE.UU.] en virtud del disposiciones de este Tratado”.
El juez concluyó con que “se ordena que se dicte sentencia en rebeldía contra la Empresa de Transporte Adrocargo del Sur, S.A. (“EMTRASUR”) y todas las personas o entidades que reclamen un interés en la Propiedad Demandada” y que la la Aeronave Boeing 747-300 con el número de cola YV-3531 y el número de serie del fabricante 23413, “será confiscada a los Estados Unidos de América”. Y además “Se ordena que los Bienes Demandados se dispondrán de acuerdo con ley” y que “no se requiere ninguna acción adicional en este asunto”.
El Gobierno de Estados Unidos ya envió exhortos sobre la aeronave. En uno pidió el secuestro. El Ministerio de Justicia lo envió en el acto al juez Federico Villena de Lomas de Zamora, que hizo lugar a la solicitud, en coincidencia con el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona.
Luego a fin de año, los Estados Unidos mandaron un segundo oficio donde directamente pidieron el decomiso para que puedan llevarse el aparato. Pero el Ministerio de Justicia recibió el exhorto y pidió datos adicionales y aclaraciones. Retiene el oficio desde hace mas de seis meses sin darle intervención al juez Villena para que decida.
“Hay un claro componente político en la decisión de retener el exhorto. No le quieren dar el avión a los Estados Unidos porque se trata de favorecer a Venezuela”, dijo a LA NACION una fuente que es parte en la controversia.
Ahora hay que ver si sucede lo mismo con este nuevo oficio del juez Moss cuando llegue a la Argentina. El acuerdo de cooperación judicial internacional entre la Argentina y Estados Unidos es de 1991 y prevé que es el Ministerio de Justicia el organismo que tramita las solicitudes, no la Cancillería, cono ocurre con todos los demás países. El Ministerio de Justicia tiene la decisión política de tramitar ese pedido o no. Por reciprocidad, cuando la Argentina le pide colaboración a los Estados Unidos, también la secretaria de Justicia se reserva esa facultad.
Se trata de un avión de carga Boeing 747-300, cuya incautación fue emitida por la corte de distrito de Columbia el 19 de julio pasado. En esa ocasión, el Ministerio de Justicia se allanó de inmediato, recibió el pedido del juez de Washington Michael Harvey y lo reenvió al juez Villena.
EL juez debía resolver qué hacía con los tripulantes iraníes y venezolanos. Finalmente sobreseyó a algunos de ellos, les dictó la falta de mérito a otros y permitió su salida del país. Eran 19 tripulantes del avión de Emtrasur, cuatro iraníes, entre ellos el piloto y el copiloto, y 15 venezolanos.
En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación norteamericana “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní”, a una firma venezolana. El departamento de Justicia norteamericano recordó el supuesto vínculo de Mahan Air con el Hezbollah y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.
Con esa decisión del juez Villena, el avión quedó paralizado en Ezeiza. Un grupo de alguaciles (“marshals”) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está desde entonces viajando de manera frecuente a Buenos Aires para hacerse cargo del mantenimiento del avión. Contratan a personas que lo pongan en marcha, que se hagan cargo de mantenerlo en operaciones, por orden de la Justicia norteamericana. Estados Unidos paga por el estacionamiento de la aeronave, el combustible y el mantenimiento.
El Gobierno de Vebezuela reclama la aeronave. el exhorto americano habla de un decomiso in rem, es decir que sigue al objeto y no a las personas, y lo planteaba como un decomiso civil, sin perjuicio de las personas involucradas. El asunto no es menor porque con imputados libres en sus países, con falta de mérito y sobreseídos, la empresa Emtrasur, representada por el abogado Maximiliano Rusconi, está reclamando que le devuelvan la aeronave.
La Justicia le dijo que no, y el reclamó escaló hasta la Cámara Federal, que le negó esa posibilidad. Las autoridades venezolanas reclamaron airadamente el avión: dijeron que estaba secuestrado por el Gobierno argentino.
Se trata de un viejo avión, discontinuado, que tiene un gran gasto de combustible y prácticamente no tiene valor comercial para la industria. Sí es un botín geopolítico, en medio de la pulseada entre Estados Unidos y Venezuela, con el Gobierno argentino en medio.
El fiscal adjunto de los Estados Unidos Rajbir Datta explicó en su pedido de decomiso que notificaron a Venezuela, a Emtrasur sobre la aeronave y que se publicaron edictos por 35 días y que nadie se presentó reclamando la aeronave ni invocando una clausula de inmunidad o violación de la soberanía venezolana para quedarse con el aparato.
En su escrito, el fiscal señaló que no hay violación de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). “No hay ningún demandante ante el Tribunal que haya invocado las protecciones de la FSIA y los Estados Unidos ha proporcionado un aviso consistente con la Regla complementaria G y FSIA. En consecuencia, no hay base para encontrar que la FSIA prohíba esto”, dice el escrito de Datta.
Datta dijo que está prohibido que Mahan participe en cualquier exportación o reexportación o transacción que involucre bienes de origen norteamericano. Fue en octubre de 2021 que Mahan Air le vendió el avión a la aerolínea venezolana Emtrasur, una subsidiaria de la empresa estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), “sin autorización del Gobierno de los Estados Unidos”.
“Entre o alrededor de febrero de 2022 y alrededor de mayo de 2022, Emtrasur continuó reexportando la aeronave demandada, incluso a Teherán, Irán y Moscú, Rusia, sin el permiso del Gobierno de EE. UU.”, dice el fiscal. Por eso entiende que “la aeronave está sujeta a decomiso por violaciones de las leyes de exportación de los Estados Unidos.
“Los Estados enviaron un aviso por correo al consulado de Venezuela en Washington DC, enviaron un aviso por correo a dos direcciones corporativas en Venezuela, y notificación por correo electrónico a los abogados argentinos que representan a la demandante potencial en procesos argentinos”, dijo el fiscal, alegando que se cumplieron acciones que van mas allá de “lo que es mínimamente necesario bajo la FSIA”.
Ahora se sumará este nuevo reclamo al Gobierno argentino, ya que el juez enviará un nuevo exhorto para decir que se agotaron las instancias de trámite judicial y reclamar que se de trámite al decomiso del avión y se lo manden a los Estados Unidos.
