Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, y sus funcionarios, negocian a contrarreloj con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con China para conseguir dólares para aliviar las reservas del Banco Central (BCRA), en las últimas semanas, otra parte del equipo económico tomó una serie de medidas con el fin de cerrar aún más el goteo de divisas. Si hasta mediados de abril las restricciones para importar eran preocupantes, en los últimos días comenzaron a ser alarmantes, dicen en el sector privado.
En apenas unas semanas, el Banco Central emitió dos resoluciones que restringen el pago a los fletes internacionales, lo que encarece el costo logístico del comercio exterior, y obligó a las provincias a que usen sus propias divisas para pagar deuda en moneda extranjera. En el mismo lapso, la Secretaría de Comercio le pidió al sector energético que financie las importaciones durante los próximos 90 días, mientras que extendió hasta diciembre el plazo al que la industria automotriz puede acceder a divisas.
Esta situación tiene al menos tres efectos directos. Por un lado, la actividad económica sufrirá una caída mayor por la falta de insumos, que se sentirá con fuerza en el segundo semestre. Al mismo tiempo, la inflación se mantendrá alta por la escasez de productos, por los mayores costos de transporte y financieros (al tener que pedirle un préstamo a un proveedor o a un banco para pagar las importaciones) y por la incertidumbre que genera el hecho de no saber cuál será el valor de reposición de la mercadería.
Los analistas económicos ya anticipan una caída de al menos 4% del PBI para este año y una inflación de 150% “en el mejor de los escenarios”, según proyecta la consultora 1816.
El tercer efecto es mirado con lupa por la oposición, ya que, si a alguno de sus candidatos le toca asumir el 10 de diciembre próximo, heredará una bola de demandas acumuladas de dólares para pagar importaciones.
El año pasado, por caso, pese a que la Argentina tuvo un ingreso récord de dólares por exportaciones de más de US$88.000 millones, la deuda comercial por importaciones (lo que ingresó vs. lo que se pagó) ascendió a US$30.942 millones, un aumento interanual de US$8604 millones (38,5%), ya que a fines de 2021 era US$22.338 millones, según datos de la consultora MAP.
El 53,7% de esa deuda es de empresas con sus casas matrices en el exterior, un porcentaje similar al de 2021 (53,6%), pero levemente menor al 56,9% que promedió entre 2017 y 2020. “Aunque esto podría estar indicando cierto agotamiento en la voluntad de financiamiento de las casas matrices a sus filiales argentinas, sigue siendo positivo que la mayor participación continúe correspondiendo a compromisos con acreedores relacionados, en la medida que acota el riesgo de default”, dice el último informe de MAP.
Los mayores controles sobre las importaciones también afectó el stock de deuda de los servicios contratados en el extranjero (Sirase), que aumentó US$1800 millones en 2022 (21,3%), hasta los US$10.114 millones.
“Todo lo que viene es más difícil para las compañías. Creemos que hay más riesgo de default comercial, entre las próximas SIRA [Sistema de Importaciones de la República Argentina] que van venciendo, para las que hoy no hay dólares, y las que heredará el próximo gobierno en diciembre, que tal vez tenga que hacer una renegociación de los permisos de acceso al mercado cambiario. La deuda comercial es un stock que va a seguir creciendo. Van a ingresar los productos, pero los pagos van a quedar diferidos para diciembre”, dijo el economista Juan Pablo Ronderos, director de MAP.
El analista también advirtió por el impacto que tendrán las restricciones en la inflación. “Cuanto menos podés importar para producir o vender, hay menos oferta y sube el precio. Por otro lado, algunas empresas no van a ir más a buscar dólares al mercado oficial y van a importar a través de los tipos de cambio libre, sobre todo los que importan bienes finales”, agregó.
“Está todo atado entre alambres”
En las cámaras empresariales no se sorprendieron con las nuevas restricciones a los sectores energético y automotor, ya que, si bien son generadores de dólares por sus exportaciones, también son de los que más demandan divisas para operar. “La situación general es que no hay dólares y el Gobierno intenta exprimir aún más en donde se puede la deuda comercial. Las empresas, a su vez, están exprimiendo sus deudas con los proveedores y en algunas generó tensiones en las cadenas de suministro. Está todo atado con alambres”, dijeron en una cámara con llegada al Gobierno.
Los economistas que asesoran a las compañías explican que estas deudas comerciales tienen un costo, ya que las empresas buscan cubrirse de un salto del tipo de cambio. “Este es otro elemento que presiona sobre los precios. Si tenés los dólares, pagas hoy. Si tenés pesos, tiene sus costos. Los yuanes, por su parte, se están usando bastante y descomprimió algunos pagos. Hay que ver qué ocurre en la negociación con el FMI, pero si no aparecen los dólares, habrá una combinación de faltantes de algunos productos y tensiones en algunas plantas con aumentos de precios, porque habrá que exprimir más la deuda comercial, y cada vez las garantías que piden y las coberturas son más altas”, agregó el asesor económico.
En el sector energético, por caso, la Secretaría de Comercio ya les informó a las empresas refinadoras que tendrán que financiar sus importaciones durante el plazo de 90 días. A cambio, se les habilitará la posibilidad de invertir los pesos en una letra dollar linked del Banco Central, que ajusta según la variación del tipo de cambio, para cubrirse de un posible salto devaluatorio.
“El costo de conseguir financiamiento a 90 días es una tasa en dólares de entre 10 y 13%. En la teoría esto se debería poder pasar al precio final del consumidor, pero en la práctica, ni siquiera podemos trasladar la devaluación mensual, porque no se puede aumentar más de 4% mensual. El Gobierno quiere todo”, opinaron en una de las empresas afectadas, que cree que se habilitará un aumento mayor en el valor de los combustibles de 6% mensual.
Lo que causó sorpresa entre las empresas fueron las restricciones para pagar fletes, ya que la demanda de dólares para pagar estos servicios representa apenas entre 3 y 4% del costo total de las importaciones, según explican en el mercado.
“Entramos en un segundo semestre que será peor que el primero en materia de comercio exterior. Lo bueno del año ya pasó. Estamos con el combustible del auto en la zona roja y el Gobierno lo está administrando. Las perspectivas son muy duras si el ministro de Economía no consigue financiamiento de China, Brasil y de Estados Unidos. La situación se agrava con lo que sucedió con los fletes al exterior, donde ahora hay que pedirle permiso a la Secretaría de Comercio para realizar los pagos, cuando antes era automático. Esto generó que el tipo de cambio de los fletes se fuera al demonio, porque ahora cotizan más cerca de $400 que de $240. Por ejemplo, un flete de Shanghái – Buenos Aires, que costaba US$2500 a $240, ahora cuesta lo mismo a $380. Tenemos los nuevos fletes blue″, explicaron en otra cámara empresarial.
En el sector privado temen también que caigan las frecuencias de transporte a la Argentina por las dificultades de las empresas navieras para cobrar el servicio. “Puede suceder que las compañías de fletes, para mantener el nivel de rentabilidad, disminuyan las frecuencias al país, con menos barcos y aviones, lo que hará aumentar aún más el precio. Geográficamente, nuestro país está ubicado al sur de América, no es como Panamá donde hay un tránsito frecuente, nosotros necesitamos la máxima productividad logística para que quieran venir”, concluyó un asesor de comercio exterior.
