No es razonable gastar a cuenta de una probable fortuna si antes no existe la certeza de hacerla posible. Esta premisa es válida para los candidatos con más chances de llegar a la Presidencia, que basan el futuro crecimiento económico de la Argentina en el potencial de los sectores productivos con mayor capacidad de invertir, exportar con valor agregado y generar divisas que hoy escasean dramáticamente en el Banco Central.
Uno de los principales es el energético, por su estrecha vinculación con la macroeconomía en el corto y mediano plazo. Y también con los compromisos internacionales a largo plazo para cumplir la transición destinada a mitigar el cambio climático global, que abren para los hidrocarburos una ventana de oportunidad hasta 2050.
Pero aún así, enfrenta dos grandes obstáculos el aprovechamiento pleno de los enormes recursos de petróleo y gas natural no convencional de Vaca Muerta (ya representan 55% y 44% de la producción total del país); la generación de electricidad a base de fuentes renovables o no contaminantes (eólica, solar, hidroeléctrica, nuclear, hidrógeno verde y litio) y hasta la probabilidad de explotación de hidrocarburos off shore (costa afuera).
Uno es la notoria lentitud en la última década para contar con la infraestructura necesaria, convertida en un cuello de botella para que una mayor producción no sólo permita sustituir importaciones, sino llegar a más consumidores, exportar a países vecinos y a mercados externos.
Los recursos están, pero hay que desarrollarlos y ponerlos en valor. Es decir, ahora se requieren con urgencia más oleoductos, gasoductos -troncales y de redes-; plantas de almacenaje y de licuefacción de gas y líneas de alta tensión y distribución eléctrica, que el Estado no está en condiciones de asumir ni financiar por carencia de recursos fiscales genuinos y crédito externo.
Mucho menos si queda firme el fallo del tribunal de Nueva York por la irregular reestatización del 51% de YPF en 2012, que lo obligará a pagar US$16.000 millones al fondo de inversión Burford que compró la quiebra del Grupo Eskenazi. Esa cifra equivale a cuatro veces el costo total del gasoducto Néstor Kirchner, que recién este año inauguró oficialmente la primera de sus dos etapas y hasta tuvo que habilitarse un “canal verde” de importaciones para concretarla.
Otro obstáculo, relacionado con el anterior, es la crónica pendularidad, imprevisibilidad y hasta discrecionalidad de reglas que, junto con la proliferación de subsidios cruzados y la distorsión del marco institucional – los entes reguladores del gas y la electricidad están intervenidos desde hace casi cuatro años-, fomenta inversiones privadas por costo de oportunidad en vez de planes a más largo plazo (excepto el Plan Gas) cuando el petróleo y gas no convencional es asimilable a la actividad minera: se extrae sólo si se invierte continuamente o viceversa.
Sin ir más lejos, en su doble rol de ministro y candidato Sergio Massa acaba de crear el dólar Vaca Muerta (con ingreso del 25% de las exportaciones al dólar contado con liquidación) para aplicar a las inversiones en los próximos 60 días, como una promoción por sólo dos meses.
También demostró que la política económica es negociable: acordó con las petroleras la extensión hasta fin de noviembre del congelamiento de precios de naftas y gasoil, luego de la suba de 12,5% tras las PASO, que se sumó al 4,5% de comienzos de agosto y quedará licuada por la inflación.
Aunque ayer se anunció la extensión del dólar soja hasta el 20 de octubre, Massa apuntó con el dólar petrolero a corregir muy parcialmente otra distorsión sectorial: la diferencia entre el precio del “barril criollo” (US$56) reclamado por las refinadoras para el petróleo liviano y el internacional del crudo Brent, que en agosto se ubicaba en US$80 y esta semana saltó a US$93.
El especialista Daniel Montamat, exsecretario de Energía, dice que, en la práctica, el dolar VM es una prefinanciación de exportaciones para asegurar su liquidación en noviembre y paliar la escasez de reservas del BCRA, aunque -en este caso- no hay silobolsas y la capacidad de almacenaje de crudo es limitada.
Por eso cree que el monto a liquidar estará muy por debajo (casi un tercio) de la estimación oficial de US$1200 millones, ya que la brecha de precios crea un incentivo para que los refinadores aumenten sus compras de petróleo a precio subsidiado y un desincentivo a los productores a venderlo, con lo cual podría disminuir la producción.
Mientras tanto, las provincias petroleras percibirán sus regalías sobre la base de un “barril criollo” de menor precio. Una situación omitida paradójicamente por Massa en Neuquén, donde habló en la concentración proselitista convocada por trabajadores de ATE y petroleros que paralizaron sus actividades y únicamente exaltó su intención de defender Vaca Muerta para exportar su producción al mundo.
Con una perspectiva más realista, un seminario organizado por el Instituto de Energía General Mosconi en su 40° aniversario, aportó datos.
Por caso, Joaquín Lo Cane, director de Operaciones de Total Energies Argentina, describió la secuencia del desarrollo de la formación neuquina con una analogía futbolística.
“Primero está la Copa de la Liga local, para asegurar el abastecimiento de gas en invierno y dejar de importar 20 millones de metros cúbicos diarios, cuando se completen las dos plantas compresoras del primer tramo del gasoducto NK. Segundo, la Libertadores, con la reversión del gasoducto del Norte (ya licitada), que permitirá exportar a Chile, Bolivia y luego a Brasil. Y tercero, la Intercontinental, con la segunda etapa del GNK y la instalación de plantas de licuefacción de GNL para exportar de 1 a 4 millones de m3 diarios por año a mercados de ultramar, que requerirá una inversión de US$20.000 millones más un ducto para transportar gas natural desde Vaca Muerta a una planta off shore. Porque la demanda ya existe”, graficó.
La magnitud de estas inversiones obligará a incluir en el planeamiento energético a la inversión privada, sostuvo el especialista Ricardo Carciofi (UBA), que además abogó por reorganizar los mercados energéticos, recomponer precios, normalizar y profesionalizar los entes reguladores.
Fernando Navajas (FIEL) prevé una reforma importante de las leyes de los ‘90 para el sector porque el mundo es diferente y “rogar para que se encuentre una fórmula de tipo de cambio real, aunque el camino óptimo está “piqueteado”, dijo. También abogó por un gradualismo tarifario para reducir subsidios a la oferta y una tarifa social cuyo costo fiscal calificó como “de terror”, por lo cual propuso un cheque de $10.000 (a valores actuales) para el pago unificado de facturas de gas y electricidad en invierno y de $5000 en verano por los sectores de menores ingresos.
Jorge Lapeña, tiular del IAEGM, alerta que el parque de generación eléctrica tiene una capacidad instalada de 42.000 MW, pero puede ofrecer 28.500 porque está obsoleto, lo que obliga a importar de Paraguay, Brasil y Uruguay si hay picos de demanda.
En el seminario también hubo cuestionamientos a Massa por incluir en el proyecto de presupuesto 2024 la creación de una empresa estatal para hacerse cargo de las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue que vencen a fin de año.
Más aún cuando fue el Gobierno quien alentó “un paro activo” para defender la obra pública a granel. Sobre todo, cuando el crecimiento a base de inversión privada requiere regulaciones del Estado coherentes y no clientelistas.
