De María Soledad Morales a Cecilia Strzyzowski, Chaco es el nuevo Triángulo de las Bermudas donde se pierde la Argentina y deja expuestos problemas sociales, institucionales y políticos que se acumulan como capas geológicas luego de 40 años de democracia. Una capa data de la década del ‘90: la coparticipación federal distorsiva, incorporada al texto de la Constitución de 1994, que termina desincentivando el desarrollo económico provincial y consolida a los oficialismos del interior, ineficaces para gestionar un futuro prometedor pero eficaces para autorreproducirse. Otra capa, arranca con la crisis de 2001 y las tendencias que inaugura, que siguen condicionando el presente. Una de ellas, la explosión de la política de planes asistenciales con su tercerización en organizaciones sociales cada vez más poderosas. De la misma época, otra tendencia que se volvió capa detectable y persistente a lo largo de los años: el surgimiento pos 2001 de las escuelas de gestión social, institucionalizada en la Ley de Educación Nacional de 2006. Las escuelas de gestión social se sumaron legalmente, junto con las de gestión cooperativa, a la estructura del sistema educativo, además de las históricamente reconocidas de gestión pública y gestión social.
Ante las urgencias de la realidad, el surgimiento de parches convertidos en endémicos, con efectos colaterales más serios que los problemas coyunturales que venían a solucionar: la consolidación de un poder paralelo al Estado y socio estratégico de los gobiernos provinciales en su eternización en el poder.
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Cada una de esas capas está en la base del poder amalgamado en torno a las figuras de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Las capas se retroalimentan unas con otras. El resultado es una organización como la de los Sena, financiada con plata de los Estados nacional y chaqueño, derivada hacia su emprendimiento social a partir de su alianza con el poder provincial de Jorge Capitanich, cuyo vínculo con Sena arrancó en sus años de jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Ese flujo continuo de fondos sostiene dos responsabilidades centrales del Estado, delegadas en Chaco al clan Sena que refuerza su influencia en dos derechos básicos de los chaqueños: el derecho a la vivienda y el derecho a la educación. Para comunicar ese poder, Sena no tuvo muchas vueltas: al barrio, a la escuela, al hospital le puso su nombre o dejó impresa su silueta en sus paredes. La insistencia de ese nombre como recordatorio a los chaqueños más vulnerables de su sumisión a Sena en temas vitales.
Que el Estado provincial haya admitido que el barrio que financió con fondos públicos llevara el nombre de “Emerenciano Sena”, el administrador de esos fondos, es todo un indicador del grado de naturalización del abuso de poder. La categoría de “organización social” manipulada para legitimar la confusión entre lo público y lo privado, con beneficio para el privado. Es decir, Sena y su clan.
El Estado provincial de Capitanich, junto con el ministerio de Educación nacional, debió regular y supervisar el funcionamiento de los emprendimientos educativos de los Sena, según la Ley de Educación Nacional. El ritual escolar con temática guevarista, el uso de uniformes rojos en una escuela financiada por el Estado, el panteón de héroes propuesto, desde el Che Guevara a Hugo Chávez, los contenidos escolares: Capitanich miró para otro lado en cada caso.
Las autoridades educativas nacionales y provinciales enfrentaron un dilema ante organizaciones comunitarias que, en medio de la crisis de 2001, salieron a cubrir a un Estado fracturado. El cuidado comunitario creció en la primera infancia, el nivel inicial y la escuela primaria. Se aceptó de hecho que esas organizaciones fueron creativas para encontrar formatos pedagógicos capaces de retener a los alumnos más vulnerables. En 2006, se les dio estatuto legal. Con los años, eso implicó flexibilidad las exigencias en relación, por ejemplo, a la falta de título docente de quienes estaban al frente de esas aulas. En distintas provincias, la legislación buscó ponerle límites y, al mismo tiempo, legitimar a los docentes de hecho. En el marco de esa flexibilidad, Sena pudo convertirse en responsable de escuelas sociales en Chaco.
La Ley de Coparticipación Federal también alienta malos incentivos. Nació en 1988 como transitoria y se convirtió en un problema endémico vigente. La reforma constitucional de 1994 incluyó en su letra el concepto de coparticipación federal de impuestos. La promesa de la dirigencia política fue reformular la ley en 1996. Eso no sucedió. El impacto sobre la marcha política, social y económica de las provincias es tema de análisis entre los especialistas. En 2021, Chaco cubría apenas el 24% de su gasto público con fondos propios. El 76% depende de fondos nacionales. En el ranking de esa dependencia, esta sexta. Lideraba Formosa.
Contra ese telón de fondo, se recorta el asesinato de Cecilia. “Un hecho policial que no puede transformarse en político”, dijo Capitanich en la mañana del domingo, antes de recibir la reprobación de los votantes. En el caso del asesinato de Cecilia que la Justicia investiga, la categoría de “hecho policial” opaca las dimensiones políticas que son parte del hecho.
Por un lado, el caso de Cecilia muestra semejanzas con el caso de María Soledad Morales. Ese crimen se volvió político no sólo porque estuvieron implicados “los hijos del poder”. También porque el gobierno de Catamarca dio protección a sus protagonistas. Y, también, porque puso en evidencia el poder abusivo que se consolida en ciertas provincias.
En el caso de Cecilia, la noción de “hecho policial” también se queda corta. Tampoco la categoría de “femicidio” logra dar con los alcances de su significado. No se trata de un femicidio resultado de la violencia intrafamiliar acotada a la intimidad de una pareja o una familia.
Para la fiscalía, el móvil que se investiga es económico. La familia de Cecilia suma un sentido mafioso a la dimensión económica: en los dichos de su mamá, Gloria Romero, Cecilia habría visto algo que no debió ver. Para su tía abuela, se negó a ser parte de una trama de lavado de dinero de la familia Sena.
En todo caso, el femicidio se inserta en una trama en la que se cruza la ruta del dinero que manejan los Sena, las transferencias para la creación de escuelas y construcción de viviendas sociales, con las necesidades políticas del oficialismo en Chaco. Ese asesinato es otro nudo en una trama de poder y uso discrecional de dinero del Estado por parte de los Sena y su círculo de confianza. Cuatro de los imputados y detenidos, Sena, que buscaba ser diputado, Acuña, que quería ser intendenta de Resistencia, y sus colaboradores más estrechos, José Obregón, también candidato a diputado, y Fabiana González, precandidata a concejal, eran postulantes clave en las boletas que llevaban a Capitanich como candidato a gobernador.
Para buena parte de las activistas feministas, según una solicitada, el asesinato de Cecilia se inscribe dentro de la “violencia de género”. El femicidio de la joven desaparecida el 1° de junio queda así cercenado de su contexto político. Un femicidio perpetrado por una pareja del poder que consolida su impunidad a partir de una estructura estatal que empodera en el peor sentido y financia niveles altos de arbitrariedad es un salto de escala respecto de femicidios donde el responsable es un particular anónimo, sin peso en la red política de un Estado provincial, y también nacional.
No toda violencia de género es igual. La que se ejecuta por parte de figuras políticas, con aspiraciones a cargos de representación política y con funciones delegadas por el Estado adquiere una gravedad que es necesario incluir en la definición del hecho.
El resultado de las PASO chaqueñas, con el triunfo del espacio de Juntos por el Cambio, despierta expectativas de recambio y solución hacia adelante. Esa conjetura parece apresurada. No sólo porque las PASO no es lo mismo que la elección general de gobernador: habrá que esperar para ver si efectivamente los vientos de condena social a Capitanich se confirman en las urnas. También porque un crimen atroz que cuenta con complicidad del poder es garantía de un futuro de modernización de una provincia. La serie histórica que va más allá de Chaco e incluye a otros casos provinciales lo desmiente. Se abren dudas sobre la profundidad de esa transformación. Catamarca resulta ejemplo en ese sentido.
La expectativa de cambio estructural sostenible que representó la destitución del entonces gobernador Ramón Saadi en 1991, cuando el asesinato de María Soledad Morales dejó claro que el poder provincial jugaba un rol, no alcanzó para cambiar el rumbo de pobreza y estancamiento de esa provincia. Tampoco la alternancia que se dio después de esa destitución.
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A la destitución de Saadi le siguió la alternancia: desde diciembre de 1991, por cinco períodos consecutivos, el radicalismo puso a los gobernadores en el poder. En 2011, volvió el peronismo al poder y aún continúa. Esa seguidilla de un partido alternativo al peronismo, que ya había gobernado Catamarca entre 1983 y 2007, no alcanzó para conducir a Catamarca a un destino de autonomía, desarrollo económico y transparencia institucional.
No está claro de dónde vendrá el terremoto que logre desactivar ese juego de capas geológicas que condiciona el despegue de la Argentina. Ni siquiera los femicidios ni los casos de violencia de género atravesados por la política han logrado convertir cambios coyunturales en tendencias sostenidas de institucionalidad y progreso.
