CÓRDOBA.- Con problemas de abastecimiento de insumos, aumentos “desmesurados” y una situación preexistente de “desfinanciamiento” desde el sector salud advierten que atraviesan una crisis que pone “en riesgo” la atención de los pacientes. La luz roja se enciende porque, de no resolverse el problema, en semanas se podrían atender solo emergencias. Con la devaluación del 22% y la suba del dólar informal, los prestadores califican el panorama de “muy preocupante”. A este contexto, se suma que el gremio ATSA pidió una renegociación de la paritaria. En este contexto, el “pago de bolsillo” para las consultas empieza a ser una realidad en todo el país.
LA NACION accedió a documentos internos que diferentes empresas enviaron a los prestadores comunicándoles desde la “imposibilidad de importación” a la “suba del 50% en la tarifa mensual de cobertura de repuestos” pasando por la descripción de que proveedores del exterior que daban crédito a compradores locales “cuestionan la capacidad de pago” de la Argentina.
El tema fue uno de los ejes de la reunión en Santiago del Estero de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Confeclisa) y también de los encuentros que mantuvo esta semana la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Adecra+Cedim).
Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Córdoba (Aclisa) y participante de la reunión en Santiago del Estero, explica a LA NACION que las subas de los insumos van entre 12% y 70%; el rango es muy amplio, incluye desde sondas y gasas a prótesis o válvulas cardíacas. Por caso, no se consigue papel de grado médico que se utiliza para envolver materiales en esterilización.
“La media de los incrementos es del 50% -apunta Escruti-. A eso hay que sumarle que todos los bienes que adquiere una institución médica -tomógrafos, equipos de rayos, camas- están dolarizados, con lo que la devaluación afecta de manera directa”.
“Nosotros no podemos frenar la actividad hasta tanto el panorama esté claro como hacen quienes proveen los insumos médicos. Los pagos de las prestaciones se reciben, como mínimo, 90 días después de realizadas. Esa situación ya es insostenible””, añade. Es por ese esquema que la alternativa del “pago de bolsillo” se extiende, como un intento de “garantizar la continuidad de la atención médica”.
En las clínicas y sanatorios de los distritos más chicos -donde el volumen de prestaciones diarias es menor- la falta de stock puede demorar algunos días más que en las ciudades más importantes, pero en el encuentro de Confeclisa quedó en claro que la realidad “es la misma para todos”.
Pablo Paltrinelli, integrante de la comisión directiva de Adecra+Cedim (la próxima semana hace su congreso nacional), grafica que hay una foto del sector hasta antes de junio, otra hasta las PASO y una nueva desde la semana pasada. En la del primer trimestre, como es siempre, la inflación médica corrió por encima de la general pero en junio hubo un “salto muy importante, de alrededor del 22% en los costos de insumos” y en julio, los valores empezaron a moverse hacia el dólar CCL y la suba de insumos fue de 54%.
“Con los días esa tendencia se fue consolidando -detalla Paltrinelli- y se agrega el desabastecimiento. Los proveedores no entregan insumos o directamente no lo tienen. Ya hay reprogramación de prestaciones. No somos una fábrica, no podemos parar”. Los problemas de importaciones acumulan varios meses y ya las cámaras del sector alertaron a las autoridades nacionales por la falta de suministros críticos.
En este panorama complejo, ATSA pidió una renegociación paritaria. El sector cerró, en abril pasado, una negociación “corta” por seis meses, de 50% con pagos mensuales (9% abril, 9% mayo y de junio a setiembre 8%, no acumulativos) y cláusula de revisión.
Ya en ese momento, los prestadores advirtieron que, con una inflación alta, tendrían problemas para renegociar porque ellos afrontan un “desfasaje financiero en las cobranzas”. Por ejemplo, de esa paritaria el primer aumento de 9% que pagaron impactó en el Índice de Costo de Salud de abril (los salarios implican 52,4% de la fórmula) que se publicó en mayo. La información a los afiliados es en junio; se aplica a las prestaciones un mes después y el prestador lo factura en agosto. “Lo cobramos en 90 días, en noviembre. El efecto financiero es terrible”, sintetizan.
