El kirchnerismo y la corrupción fueron dos fenómenos que se desarrollaron en paralelo en los últimos 20 años. No fue novedoso, ya que en lo ‘90 se dio con las privatizaciones, pero a partir de 2003 la fuente fue la obra pública. La corrupción se recicló como una manera de hacer dinero desde el Estado, que en el kirchnerismo nació a nivel provincial en Santa Cruz, con funcionarios y empresarios venales y que encontró su esplendor a nivel nacional cuando esas practicas corruptas cooptaron un sector del gobierno nacional (en los primeros tres mandatos) y un empresariado siempre listo para multiplicar ganancias merced a los contratos estatales.
Claro que para que el mecanismo se desarrollara fue necesario disciplinar a la Justicia. En algunos períodos se logró parte de ese propósito a fuerza de la actividad subterránea de los servicios de Inteligencia al servicio de Néstor Kirchner.
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Pero, al mismo tiempo, fue el propio Poder Judicial el que, aún antes de la alternancia en el gobierno de 2015, envalentonado, comenzó a avanzar en la investigación de estas prácticas corruptas y llegó a condenar a los mas altos funcionarios del kirchnerismo, incluida Cristina Kirchner y su vicepresidente Amado Boudou. El compromiso fue desde la Corte Suprema hasta los jueces de primera instancia.
Las dos décadas demostraron, asimismo, el fracaso de los organismos de control del Estado sobre la corrupción. Solo en ocasiones advirtieron sobre estas prácticas y las denunciaron, en especial la Auditoría General de la Nación. En los últimos años, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el poder, la Oficina Anticorrupción se retiró incluso de la persecución penal en estos casos.
La corrupción venía asociada al kirchnerismo aún antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia del país, el 25 de mayo de 2003. En 1992, durante su primer mandato como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner recibió US$630 millones por regalías petroleras mal liquidadas. Desde entonces, el camino de esos fondos depositados en el exterior siempre estuvo bajo sospecha y durante 10 años el derrotero de esa fortuna no quedó documentada ni fue controlada por ningún organismo provincial.
En 2002, una ley provincial dio a conocer que en esos años ingresaron en la provincia US$532 millones de sus ahorros originales y que aún había un restante de US$529 millones de dólares. Es decir, que Kirchner manejó un total de US$1061 millones; la mitad, sin rendir cuentas en los organismos oficiales.
Al 31 de diciembre de 2021, un informe oficial del tribunal de cuentas provincial determinó que quedaban en una cuenta del Banco Nación US$9295,23 de ese dinero. Hubo una investigación judicial que arrancó en Comodoro Py 2002 y en 2005 terminó archivada en la Justicia de Santa Cruz.
Los nombres que acompañaron a Néstor Kirchner en sus gobiernos en Santa Cruz lo secundaron en el gobierno nacional, tanto en su presidencia como en las dos de Cristina Kirchner. Y mucho de ellos quedaron señalados como los principales responsables de los escándalos de corrupción de los últimos 20 años. La obra pública, principal motor de la corrupción estatal, fue la que determinó la mayoría de las condenas que terminaron por poner en la cárcel a algunos de esos colaboradores del kirchnerismo inicial.
Fallecido Néstor Kirchner, la principal señalada por delitos de corrupción del kirchnerismo es Cristina Kirchner. La vicepresidenta señala que es víctima del lawfare, un complot judicial, mediático y empresario contra presidentes progresistas de América Latina, con el supuesto fin de perseguirlo, encarcelarlos y, ahora, “proscribirlos”.
La principal causa contra Cristina Kirchner es la de “Los cuadernos de las coimas”. Una investigación de LA NACION determinó que el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno registró sus viajes con funcionarios de esa cartera para cobrar coimas de manos de empresarios que querían mantener sus contratos de obra pública. Hay unos 150 imputados y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita. El dinero era llevado en ocasiones a su departamento de Recoleta, donde era recibido por el entonces secretario presidencial Daniel Muñoz.
Muñoz murió y dejó una fortuna de 75 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos. La mitad de ese dinero desapareció y la otra mitad está invertida en la paradisíaca isla de Turks & Caikos en el Caribe, en parte congelado por la Justicia. En la causa, exfuncionarios declararon que esa plata no pertenecía a Muñoz, sino a Kirchner.
Los Kirchner fueron investigados por enriquecimiento ilícito en tres causas que fueron sobreseídas. El contador de Néstor y Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, declaró como arrepentido que esas declaraciones fueron amañadas y dijo que los casos fueron cerrados por el juez Norberto Oyarbide entre masitas y champagne. Oyarbide dijo luego que lo presionaron para sobreseer esas causas. “Me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner”, afirmó, en referencia a al exespía Jaime Stiuso y al auditor de la AGN por el PJ Javier Fernández.
A fines de 2022, Cristina Kirchner ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo públicos, por defraudar al Estado, luego de que la justicia entendió que favoreció de manera indebida con licitaciones de obra pública al empresario Lázaro Báez, un empleado bancario que transfiguró en el principal constructor de la provincia de la mano de los Kirchner: recibió el 83 % de los contratos locales. El perjuicio fue de 5000 millones de pesos. La causa no casualmente se llamó “Vialidad” y abarca los contratos de sus mandatos como presidenta de 2007 a 2015.
Un coletazo de esa causa es la investigación por lavado de dinero de Hotesur y Los Sauces, donde la vicepresidenta y sus hijos. Máximo y Florencia Kirchner, están sobreseídos. La Cámara de Casación analiza si reabre ese caso para juzgarlos, bajo la sospecha de que recibieron mediante alquileres y renta de habitaciones hoteleras un retorno de dinero de los empresarios a los que favorecieron con contratos.
Entre el resto de los acusados condenados por Vialidad hay excolaboradores de la época del gobierno de Santa Cruz. El ministro de Planificación Julio de Vido, que fue absuelto en el juicio de Vialidad, está condenado a cuatro años de prisión por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, además de estar condenado a cinco años y ocho meses por la tragedia ferroviaria de Once. Allí se comprobó que el Estado no controló a las concesionarias ferroviarias, lo que provocó un deterioro del material rodante y el accidente que dejó 52 muertos en febrero de 2012.
De Vido espera aún su juzgamiento por los cuadernos de las coimas y en los casos de los soborno del gigante brasileño Odebrecht, de la constructora sueca Skanska y del programa de viviendas sociales de Sueños Compartidos. De Vido cumple arresto domiciliario en su chacra de Zárate.
El caso Skanska fue el primero que estalló en 2005, a dos años de la llegada al poder de Néstor Kirchner. La empresa fue contratada para la expansión de dos gasoductos. Se exigieron sobornos para que se quedara con el contrato. Y la prueba clave fue una grabación donde ejecutivos de la empresa admitían la maniobra. Las coimas se disimularon en la contabilidad de la firma mediante la adquisición de facturas truchas. Las obas eran por unos 200 millones de dólares y la coima de unos 14 millones de pesos de 2005, escribió el juez Sebastián Casanello.
El fallecido juez Oyarbide se encargó de encubrir el asunto hasta que casi 20 años después el expediente cobró nueva vida y está esperando juicio oral, con 29 imputados, incluido José López, exsecretario de Obras Públicas de kirchnerismo y otro de los multicondenados por corrupción.
José López venía también del círculo íntimo de los Kirchner en Santa Cruz. Fue secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos entre 1990 y 1991 y entre 1992 y 1993 estuvo en el directorio de Vialidad Provincial. Señalado desde siempre, para que terminara preso fue necesario que lo pescaran in fraganti mientras intentaba esconder un bolso con 9 millones de dólares en un convento de monjas de Moreno, armado con una ametralladora. Además de esa condena a seis años, fue sentenciado también en la causa de Vialidad con Cristina Kirchner y espera otros procesos. Declaró como “arrepentido” en las causas de corrupción donde admitió haber cometido esos delitos.
Si el caso Skanka de 2005 fue el primero que hizo rudo, el caso Odebrecht fue el primero donde hubo confesiones de los empresarios, que admitieron haber pagado coimas al Ministerio de Planificación para mantener las obras del soterramiento del tren Sarmiento, la construcción de plantas potabilizadoras de AySA y la extensión de las redes troncales de gasoductos. Odebrecht confirmó en Brasil que pagó 35 millones de dólares en coimas en Argentina. Decenas de exfuncionarios, empresarios e intermediarios esperan juicio por las dos últimas causas. La pesquisa sobre el soterramiento del Sarmiento, en cambio, está empantanada, con empresarios indagados y funcionarios aún no alcanzados por la justicia. En otros países, el caso Odebrecht llevó a la cárcel a altos funcionarios y empresarios y se aplicaron multas millonarias.
Hasta la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el funcionario de más alto rango con condena judicial era el exvicepresidente Amado Boudou, a quien la Justicia encontró culpable de haberse quedado con parte de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica, que imprime papel moneda, mediante de testaferros. Boudou cumplió los dos tercios de su condena a cinco años y diez meses de prisión, está en libertad condicional, pero quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Otra condenada fue la exministra de Economía Felisa Miceli, que fue sorprendida con 100.000 pesos y 31.000 dólares en el baño de su oficina durante una requisa de bomberos. Recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
También integra la lista de condenados otro exfuncionario santacruceño: el extitular de AFIP Ricardo Echegaray, quien fue condenado a casi cinco años de prisión por defraudar al Estado en la causa Oil Combustibles, al otorgar un plan de pagos a la petrolera de Cristóbal López en perjuicio de los intereses del Estado.
Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte del kirchnerismo, fue durante años el preso por corrupción más icónico del kirchnerismo. Si De Vido articulaba los fondos energéticos y con López, la obra pública, Jaime administraba bajo la supervisión de Néstor Kirchner los fondos multimillonarios de los siempre oscuros subsidios al transporte, así como el vínculo y control con las empresas concesionarias de autopistas, puertos y aviación. Fue el funcionario de Néstor y Cristina Kirchner que más tiempo permaneció preso. Estuvo siete años en la cárcel hasta que fue liberado el 13 de marzo pasado con una tobillera electrónica. Aún espera el juicio con Cristina Kirchner por los cuadernos de las coimas. Está condenado por seis casos distintos.
Antes de ser su secretario de Transporte, Jaime fue ministro de Educación en Santa Cruz. En 2009 LA NACION publicó que usaba como propio un jet privado de 4 millones de dólares y la justicia le adjudicó la propiedad de un yate de un millón de dólares, además de múltiples inmuebles en el país y el exterior, medios de comunicación en Córdoba y vehículos. Fue condenado por alterar pruebas, por vivir en un departamento alquilado por los empresarios a los que debía controlar, por su responsabilidad en la Tragedia de Once. Además, en abril de 2022 fue sentenciado por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta y el cobro de coimas en la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En septiembre del año pasado lo condenaron por pactar una coima con Alstom cuando la firma empezara la construcción de un proyecto de un tren bala.
Tras la renuncia de Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi se hizo cargo de la secretaría de Transporte. Y como su antecesor, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por administración fraudulenta y estrago culposo agravado a raíz de la Tragedia de Once. Actualmente está en libertad condicional.
Otro de los exfuncionarios en la lista de los condenados es Sergio Urribarri, exembajador argentino ante Israel y Chipre y exgobernador de Entre Ríos. Uribarri fue condenado bajo los cargos de peculado (delito que comete un funcionario público cuando toma para sí caudales que debe custodiar por su cargo ) y negociaciones incompatibles con la administración pública.
No eran funcionarios pero fueron condenados por haberse beneficiado por la corrupción en el kirchnerismo el empresario Lázaro Báez, con nueve años de prisión por lavar cinco millones de dólares de la obra pública corrupta y la evasión fiscal; y Milagro Sala, la líder de la agrupación Túpac Amaru, que recibió 13 años de prisión por el desvío de 60 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales. Está presa en su casa.
Siempre hicieron falta los empresarios venales, en Santa Cruz y en todo el país, para completar la prácticas corruptas y alimentar con fondos públicos el flujo de dinero negro.
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