A pedido del fiscal Carlos Stornelli, la Justicia puso en marcha una serie de medidas para echar luz sobre un presunta incompatibilidad entre funcionarios del gobierno de Alberto Fernández en la operatoria por la cual se resolvió la compra de la vacuna Sputnik durante la pandemia en el año 2021.
El movimiento judicial, que tuvo al juez federal Ariel Lijo como promotor de la instrucción, está motivado por una denuncia que legisladores y ex diputados de Juntos por el Cambio, realizaron hace dos años bajo la sospecha de que hubo motivos “oscuros” detrás de la decisión del Gobierno de no firmar un acuerdo con el laboratorio Pzifer, que tenía vacunas disponibles en un momento de urgencia para el país. Omar de Marchi y el ahora Secretario de Asuntos Públicos de la CIudad, Waldo Wolff, son algunos de los nombres que impulsan la denuncia.
Según se lee en el requerimiento de instrucción del fiscal Stornelli, para los denunciantes “habría existido por parte de funcionarios nacionales un “claro favoritismo” a laboratorios locales que actuarían como “socios locales” de fabricantes de vacunas, a quienes el Gobierno habría privilegiados y autorizado la venta de las mismas, relegando a quienes no tendrían dicha asociación local”
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Entre los apuntados por la operatoria entre el Gobierno y el laboratorio ruso, se encuentra Hugo Sigman, fundador del Grupo Insur y titular de la firma ELEA, señalado como uno de los principales beneficiarios del convenio, siendo una persona “allegada” a la ministra de Salud, Carla Vizzoti y al Dr. Pedro Cahn, asesor presidencial.
En ese sentido, entre las 8 medidas de prueba, se le solicita a la ministra Vizotti, que aclare si guarda algún vínculo con la Fundación Huésped y la firma Vacunar S.A. Por otro lado, se le pide a los diputados Graciela Ocaña, Alfredo Cornejo y Claudia Najul, que informen “si promovieron una solicitud de información al Laboratorio Pfizer en relación a las condiciones exigidas para la contratación con la República Argentina a la época de denuncia”.
En su momento, la empresa biofarmaceútica, a través de su tiular local, Nicolás Vaquer, reveló la propuesta de entregar más de 13 millones de vacunas, pero el Gobierno terminó optando por la vacuna rusa.
Un mes más tarde, cuando finalmente la ley a la que la empresa norteamericana ofrecía resistencia fue modificada, Máximo Kirchner, por aquel entonces jefe de la bancada del Frente de Todos, mostró su disconformidad en la Cámara baja y levantó polémica por la crítica situación en la que sus dichos se enmarcaban.
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“Tenemos que tener más autoestima como país ¿o acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia? Cuando no escuchamos nuestra propia experiencia como pueblo terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de los laboratorios extranjeros”
Otros de los diputados que firmaron la denuncia que motorizó el movimiento judicial, son Álvaro Héctor de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Adolfo Iglesias, Héctor Antonio Stefani y Alberto Emilio Asseff.
Los diputados señalan que el acuerdo celebrado por dichas compañías en octubre de 2020, “habría comprendido la compra de once millones de dosis de vacunas y el Estado habría pagado por adelantado, en noviembre de ese año, el 60% del contrato”.
Además, en la denuncia se subraya una “notable falta de información por parte de los funcionarios de gobierno que mantienen los hechos en la oscuridad, y que a medida que se van conociendo no pueden explicar de forma cierta y precisa los motivos por los que no se adquirieron las vacunas que estaban disponibles y que provocaron miles de muertes que eran evitables”, y más adelante “No puede haber ninguna razón que justifique no comprar vacunas disponibles cuando, casualmente, no pertenecen a los laboratorios que han sido favorecidos por el Gobierno y tenían un costo mucho menor a las adquiridas de otros laboratorios con socios locales”
