El gobierno argentino volvió a protestar ante la empresa de origen israelí Navitas Petroleum LP por las tareas de exploración que realiza “ilegítimamente” en las Islas Malvinas. El reclamo fue presentado por la Cancillería, al recordar que la compañía extranjera fue sancionada en abril de 2022 con 20 años de inhabilitación para realizar actividades de exploración hidrocarburífera en territorio argentino.
Tanto la sanción como el renovado reclamo al Reino Unido por las tareas de exploración petrolera en la zona de Malvinas tienen más impacto político que efectivo, dado que la empresa israelí no dio señales de acceder a las exigencias del gobierno de Alberto Fernández. En tanto, el Presidente insistió en los reclamos de nuestro país en su mensaje ante la 78a. Asamblea General de las Naciones Unidas. Expresó su voluntad de iniciar “una renovada agenda bilateral sobre el Atlántico Sur que supone un proceso formal de diálogo que incluya la cuestión vinculada a la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía” con el Reino Unido.
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La sanción a la empresa israelí fue aplicada por la Secretaría de Energía de la Nación el 18 de abril de 2022, a partir de la resolución 240/2022, que declaró ilegales las actividades desarrolladas por la empresa Navitas Petroleum LP en la plataforma continental argentina. El Gobierno también declaró “clandestinas” las operaciones de dicha empresa, por llevar adelante actividades “sin estar habilitada por las autoridades competentes argentinas”.
El proceso contra Navitas Petroleum LP fue iniciado a instancias de la Secretaría de Malvinas, que conduce Guillermo Carmona, mientras que la Secretaría de Energía intervino por tratarse de la autoridad de aplicación de las leyes que regulan las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
La inhabilitación fue la culminación de un proceso administrativo en enero de 2020 que incluyó la remisión de notas de desaliento a la empresa, que en julio de 2022 fue notificada de la mencionada resolución a través de nuestra embajada en Israel, explicó en las últimas horas la Cancillería, que conduce el ministro Santiago Cafiero.
“Exploración unilateral”
El pronunciamiento oficial afirma, una vez más, que “las actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales desarrolladas por el Reino Unido en la zona disputada resultan contrarias a lo dispuesto en la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que solicita a las partes que se abstengan de tomar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas estuvieran atravesando el proceso recomendado” por la Asamblea General de la ONU.
Al no reconocer las autorizaciones que expide el Reino Unidos en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales, la Cancilloería recordó que la ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país. Entre esas exigencias se encuentra la “obligatoriedad de obtener permisos previos a la realización de dichas actividades” por parte de las autoridades argentinas.
Al mismo tiempo, la norma invocada por el gobierno argentino dispone sanciones por su incumplimiento “con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los cinco a los veinte años, entre otras penalidades”, especificó el gobierno argentino.
La referida ley prohíbe además “tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos”. Por lo tanto, esta norma alcanzaría a las empresas que presten servicios directos a NAVITAS en sus actividades ilegales en la Plataforma Continental Argentina.
La empresa israelí había recibido en 2020 una nota del gobierno argentino, en la que se la invitaba a abstenerse de “financiar o participar” en las referidas actividades en la Cuenca de Malvinas. La advertencia también se había hecho llegar a la compañía petrolera Harbour Energy Plc, con sede en el Reino Unido, que luego de la intimación se retiró del proyecto.
