Cambiemos arrastra una piedra en su zapato: los aportes a la campaña de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución judicial que determinó que existen “notorias deficiencias” en la rendición del origen de aportes que figuran a nombre de personas físicas por casi $22,3 millones -un tercio del total- y reafirmó que se recurrió a beneficiarios de planes sociales para encubrir a algunos financistas.
Los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas no solo respaldaron las conclusiones a las que arribó el juez federal Alejo Ramos Padilla, que también apuntaron a los gastos de publicidad callejera y por Internet, sino que lo urgieron a “determinar las eventuales responsabilidades” de los involucrados en la campaña que tuvo a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal como una de sus protagonistas centrales pese a que ella no era candidata.
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Ramos Padilla consideró probado que la coalición Cambiemos cometió “numerosas irregularidades […] vinculadas a los aportantes privados” que figuraron en sus informes, pero que luego se probaron falsos. Entre ellos, receptores de planes sociales, monotributistas y empleados del gobierno porteño que negaron haber hecho esos aportes cuando se presentaron en tribunales.
Esas sospechas se acentuaron a medida que avanzó la investigación, ya que los diversos partidos que integran Cambiemos jamás explicaron o corrigieron esas inconsistencias, por lo que “no puede tenerse por acreditado el origen y destino de los fondos de la campaña”, estimo Ramos Padilla, quien como magistrado federal cuenta con la competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.
Varios de los partidos que integran Cambiemos, sin embargo, apelaron la resolución de Ramos Padilla con la esperanza de evitar las sanciones que podrían recaerles. Pro, la Coalición Cívica y el Partido Conservador Popular, entre otros, solicitaron revocar la decisión que expuso “las numerosas irregularidades vinculadas a los aportantes privados” de ese espacio.
Sin embargo, tanto la fiscalía como la Cámara Nacional Electoral respaldaron a Ramos Padilla, tras sostener que “la información a la opinión pública es la restricción más eficaz a la administración indebida”, según recordaron Corcuera, Dalla Vía y Bejas, lo que quedó en evidencia durante la investigación.
En este sentido, recordó la Cámara, “el magistrado puso de manifiesto que ‘se [obtuvieron] los testimonios y denuncias de 98 personas’. De ellas, ‘47 denunciaron penalmente su aparición como aportantes de campaña; una se presentó espontáneamente en el expediente y manifestó que no había realizado aportes; una envió carta documento por la misma razón; y las 49 restantes fueron citadas ante este Juzgado para que formularan la expresión de consentimiento de los aportes privados”.
De esas 49 personas, detalló Ramos Padilla, 19 figuraban como beneficiarias de planes sociales y, salvo dos de ellas, las restantes 17 “negaron haber realizado aportes de campaña”. A ese primer conjunto se sumó el conformado por 24 monotributistas cuyo aporte superaba el límite de facturación mensual promedio. ¿Resultado? Nueve negaron haber aportado. Y a este se sumó un tercer grupo: cuatro de los seis empleados del gobierno porteño convocados por la Justica negaron haber contribuido a la campaña.
Sin comprobantes
Si las negativas se acumularon en los tribunales, las inconsistencias también, según destacó Ramos Padilla en su resolución y recordó la Cámara Nacional Electoral al convalidarla. ¿Por qué? Porque de las personas que sí afirmaron haber aportado dinero a la campaña de Cambiemos en territorio bonaerense durante 2017, “solo una presentó el comprobante correspondiente”.
Así, Ramos Padilla determinó que las irregularidades orillaron los $22.200.000 (más de US$1.300.000 al tipo de cambio entonces vigente) cuando, cabe recordar, Cambiemos fue la alianza que más dinero desembolsó en la provincia durante esa campaña, con $70 millones, mientras que Unidad Ciudadana apenas declaró $23 millones y se situó por debajo incluso de Florencio Randazzo que gastó $37,5 millones y de 1 País, la alianza de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que destinó $30 millones, según los informes de financiamiento que entregaron a la Cámara Nacional Electoral.
La Coalición Cambiemos, sin embargo, ya arrastraba múltiples turbulencias por la forma en que se financió durante 2015. Entre otras razones, porque el entonces candidato presidencial, Mauricio Macri, llegó a pedirle el 1% de su patrimonio a grandes empresarios, en negro, para la campaña que lo llevó a la Casa Rosada, según reconstruyó LA NACION.
La reacción posterior a las elecciones de 2017 de Cambiemos, en tanto, también generó suspicacias en la Justicia electoral. En particular cuando presentó tres rectificaciones sucesivas de sus listados de aportes privados en los que terminó por excluir a 1500 de sus aportes originales y sumó otros 322 para reemplazarlos, lo que llevó a mayores lagunas.
“Se verificaron casos de personas que habían realizado aportes considerables y cuyos recibos fueron presentados en el expediente por la agrupación; [y] luego, […] fueron excluidas en los informes rectificados sin explicación alguna”, destacó Ramos Padilla, y validó la Cámara.
En ese sentido, el escándalo que siguió a la difusión pública de las primeras irregularidades llevó a Vidal a remover a la entonces contadora general de la provincia, Fernanda Inza, una estrecha colaboradora que se desempeñó como tesorera de las campañas de 2015 y 2017. También se vio forzada a anunciar una supuesta “auditoría” interna de su campaña que quedó en manos de tres funcionarios que respondían a ella o a Macri: el entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas; el entonces ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y el entonces asesor general de gobierno provincial Patricio Blanco Ilari.
Ahora, sin embargo, los camaristas Corcuera, Dalla Vía y Bejas terminaron por rechazar las apelaciones presentadas contra la resolución de Ramos Padilla. “Las correcciones [a los listados de aportantes] que se pretendieron incorporar traducen una conducta contable contraria a una rendición de cuentas correcta para ser valorada por la Justicia”, destacaron. “Les corresponde a las agrupaciones, como deber cardinal, llevar una contabilidad con estricto detalle del origen y destino de sus fondos y patrimonio”.
En la misma línea, la Cámara confirmó las conclusiones sobre las “irregularidades” en la publicidad en la vía pública y por Internet que consideró acreditadas Ramos Padilla, apoyado en la auditoría de medios, que expusieron cómo Cambiemos pretendió despegarse de la operatoria desarrollada por agencias de publicidad. “Admitir lo contrario importaría consentir la existencia de aportes y gastos de campaña sin su debida exposición, y soslayar -de este modo- las disposiciones legales aplicables”, indicaron los camaristas.
Tras confirmar su decisión, la Cámara urgió a Ramos Padilla a impulsar la investigación de modo que le permita avanzar hacia los protagonistas. ¿Para que? “A fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder”.
