La Cámara Federal confirmó el procesamiento de dos personas por inteligencia ilegal respecto de Antonio “Jaime” Stiusso y Sandra Arroyo Salgado y le ordenó al juez Julián Ercolini que profundice la investigación del expediente, donde se busca determinar si existió un sistema de espionaje ilegal para espiar a políticos opositores, jueces, fiscales y periodistas.
Los procesados son Pablo P. y Alexis L., según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. Para la Justicia, ambos monitorearon los movimientos del exagente de inteligencia Stiuso y la jueza Arroyo Salgado justo cuando ocurría la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA que apareció con un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. Lo hicieron con un usario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“Hasta el momento, la fiscalía y el juez posaron especialmente la atención en determinadas consultas de movimientos migratorios que fueron materializadas desde un usuario de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia. Las consultas se refirieron a Antonio Stiusso y a Sandra Arroyo Salgado, exmujer de Nisman. Las identidades en cuestión –como se ve- no son inocuas; responden a la lógica de la trama que se viene describiendo. También lo hace la sede en que se produjo el origen de la averiguación. Y el cuadro se completa con las fechas en que ello sucedió”, dice un fragmento del fallo judicial.
“Los movimientos migratorios de la jueza federal fueron consultados con el usuario de la Secretaría de Inteligencia el 27 de enero de 2015, a las 02:33:00 hs. Los de Stiuso, en 38 oportunidades desde el 18 de enero de 2015 a las 16:14:10 y 16:14:17 hs., hasta el 30 de enero de dicho mes, a las 13:04:27 hs.”
Para la Justicia, los dos sospechosos desempeñaron sus tareas desde una dirección en Paraná, Entre Ríos. Ambos tenían contratos con dependencias públicas entrerrianas. Pablo P. y Alexis L. dijeron en su descargo que solo hacían actividades comerciales lícitas que desplegaban en materia informática. El juez Ercolini, sin embargo, los había procesado y embargado por presunta violación de la ley de inteligencia.
“Lo que aquí se demostró y a Pablo P. y Alexis L. se les imputa, son maniobras que me afectan a mí y que también han afectado a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, dato éste no menor, por cuanto no cabe otra opción (habida la fecha en que sucedieron los hechos, desde el 18 y hasta el 30 de enero de 2015) que entrelazar todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman”, planteó Stiuso, que es querellante en la causa. El axagente de inteligencia agregó: “Las búsquedas en la base de datos de Migraciones respecto de mi persona comienzan el mismo día 18 de enero de 2015 a las 16;14;19 hs. y 16:14:17 hs., es decir cuando ‘aún no se sabía” lo que había ocurrido en el interior del departamento del Fiscal Nisman en Puerto Madero”.
La Cámara Federal, integrada por Martín Iruzun y Eduardo Farah (Roberto Boico no firmó por estar de licencia), expresó en su fallo: “Hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos, en un contexto (por la época de los acontecimientos y los hechos que se produjeron por entonces) particularmente relevante”.
Y añadió: “Las implicancias, derivaciones y alcances de lo anterior deben seguir siendo profundizadas, pero ya a esta altura, lo expuesto fortalece la hipótesis de que habría existido involucramiento de funcionarios de los organismos en danza en el seguimiento y búsqueda de información de los damnificados”.
