Es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y realizó un magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo, en la Universidad de Georgetown. Es directora Ejecutiva del think tank Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)
Gala Díaz Langou, la directora ejecutiva de Cippec, será la anfitriona esta noche de la clásica cena del think tank, donde se plantearán cuatro de las 10 propuestas concretas en las que están trabajando para pensar los próximos 40 años de democracia. Entre los temas a debatir hay proyectos de energía, infancia, educación y previsionales. “En un contexto complicado, creemos que es fundamental tener este horizonte temporal largo plazo en todas las decisiones que tomemos hoy, para poder entender las implicancias que tienen las distintas opciones que tenemos sobre la mesa de cara a las posibilidades de desarrollo futuro de la Argentina”, dijo, en una entrevista con la nacion.
–¿Cree que en estos 40 años de democracia, si bien hubo un progreso en el cuidado de las instituciones, todavía hay demandas económicas que no se pudieron satisfacer?
–Si bien en la Argentina tenemos elecciones que funcionan hace 40 años, la democracia en términos de legitimidad de las instituciones democráticas no está asegurada. También hay que poner un foco ahí, no hay que darlo por sentado como un logro. En lo económico, venimos teniendo deudas hace muchísimos años. Hace más de 10 años que el país no crece de una manera sostenida y hoy enfrentamos una inestabilidad macroeconómica, que es más bien un síntoma de un problema mucho mayor, que es no tener un consenso sobre cuál es nuestra estrategia de desarrollo a nivel país y qué acciones queremos priorizar de una manera sostenida, para que no vayan alterándose con el color del poder político a cargo en distintos niveles de gobierno, no solo el nacional.
–¿Por qué cree que nunca se logró ese consenso?
–En Cippec tratamos de fomentar que ese consenso exista. Esa pregunta se la puede hacer a muchos líderes políticos. Nosotros tenemos un diagnóstico y creemos que se ven muchos más costos de pensar el largo plazo de los que realmente existen. El foco que estamos poniendo es mostrar los rendimientos y el valor futuro que tienen muchas políticas que podemos tomar hoy. Este concepto de valor futuro, que tal vez en el mundo de las finanzas es moneda corriente, no es tan común a la hora de pensar lo público, y creemos que es útil, no solo para proyectar rendimientos esperados o riesgos asociados, sino para elegir entre las distintas opciones que hoy tenemos sobre la mesa y mostrar que los costos que pueda haber en el presente son mínimos respecto de lo que podemos ganar en la próxima gestión de gobierno, y ni hablar en los próximos 40 años democracia. Se pueden tomar algunas acciones concretas, como por ejemplo, redefinir las tarifas y los subsidios energéticos, reordenar el sistema previsional o potenciar la inversión educativa.
–¿Son esas tres condiciones necesarias?
–No, en total son 10 recomendaciones que tenemos. Sólo mencioné tres, porque ahí se ve muy claramente ese valor futuro. También en las políticas de cuidados, como los centros de primera infancia o extender las licencias de maternidad y paternidad, que hoy se ven como un costo del presente, pero en realidad es una inversión que haríamos y tiene demostrado que no solo tiene un efecto multiplicador en reactivar la economía, sino que tiene retornos increíbles a futuro y que nos encaminaría en el sendero de esos escenarios optimistas que identificamos para 2063.
–Cuando se mira la composición del gasto del Estado, se ve que se invierte más en las personas mayores que en la educación o en la primera infancia. ¿Eso sucede porque “los niños no votan”, como se suele decir?
–Es una cuestión muy estructural de rigideces. La inversión en el sistema previsional es un poquito más de 12% del PBI. La inversión en infancia, por ejemplo, la asignación universal por hijo (AUH), que siempre fue muy discutida, no alcanza a ser un 1% del PBI. Y ni hablar la inversión educativa, que es menos de 5% del PBI. Tenemos que discutir como sociedad dónde queremos poner las prioridades. De ese 12% del PBI que consiste el sistema previsional, 7% son jubilaciones que tienen algún tipo de excepcionalidad, las mal llamadas jubilaciones de privilegio, que tienen algún tipo de beneficio extraordinario. Estamos diciendo que extender las licencias de maternidad y paternidad por cuatro meses es carísimo, cuando equivale a 0,17% del PBI. Estamos invirtiendo 7% del producto en estas jubilaciones con beneficios extraordinarios. No estoy diciendo que no tengamos que tenerlas, sino que tenemos que discutir qué profesiones y con qué criterios queremos tenerlas. Porque estoy segura de que, sin esforzarnos mucho, podríamos encontrar criterios válidos para que todas las profesiones tengan un régimen diferencial, pero un sistema así no es sostenible.
–¿Qué le dicen los dirigentes políticos cuando se les plantea esto? ¿Hay consenso de todo el espectro político de avanzar en el debate o en una reforma?
–Va variando de acuerdo al tema. En el previsional, hay un consenso creciente de que es importante hacer algo. La Argentina envejeció muy rápidamente en los últimos cinco años, a tasas muy superiores de las de Europa, y eso hace que se acerque el fin del bono demográfico que tenemos por tener más personas en edad activa insertas en el mercado de trabajo que personas que dependen de los ingresos que estas otras personas generan (niños, niñas, adolescentes y sobre todo personas mayores). Pensábamos que más hacia 2040 íbamos a tener este fin, pero está más cerca de 2030, y eso hace también que la sostenibilidad del sistema previsional sea cada vez más corta temporalmente, y que probablemente ya en la próxima gestión de gobierno empecemos a ver problemas estructurales por no resolverlos ahora de manera anticipada. Eso se ve en todo el espectro político partidario de que buena parte de estas reformas son necesarias, que obviamente incluyen regímenes excepcionales, pero también incluye poner sobre discusión el hecho de que el 55% de las personas que se jubila en la Argentina no llega a los 30 años de aportes, se jubilan por moratoria, y encima esa moratoria después le paga lo mismo a una persona que tiene dos años de aportes y a la que tiene 28. No tenemos muchos criterios lógicos en nuestro sistema previsional y eso hoy lo estamos viendo muy cristalinamente, y lo vamos a ver mucho más claramente en los próximos años.
–Decir esto políticamente tal vez no es muy seductor en términos electorales. ¿Qué necesita un político para llevar adelante estas reformas?
–Por un lado, creemos que es importante visibilizar que la mayor parte de la inversión previsional no son las jubilaciones mínimas, sino que son las jubilaciones de hasta un millón de pesos. Ahí ya se pone un lente distinto y electoralmente eso pesa distinto. Las propuestas concretas que desde Cippec ponemos sobre la mesa son factibles, no son solamente viables desde lo fiscal, sino también desde lo político y lo técnico. En el caso previsional, estamos proponiendo que haya una base universal y que a partir de eso se le puedan ir incorporando incrementales de acuerdo a la cantidad de años de aportes y que no haya un corte discreto a los 30 años, que hoy no tiene un correlato con la formalidad ni con los niveles de aporte que tiene nuestro mercado laboral.
–¿Por qué la Argentina envejeció tanto en los últimos cinco años?
–Hay dos razones grandes. Primero, se extendió la longevidad por buenas políticas y niveles de salud en general, pero lo que más impactó fue una caída en la natalidad, sobre todo en la de embarazo adolescente y de sectores más vulnerables. Es una buena noticia en el corto plazo, porque implica que hay menos madres adolescentes de sectores vulnerables que van a poder hacer su vida de una manera distinta. Antes tenían dos o tres chicos antes de los 20 años y ahora tienen uno solo, porque se atan las trompas en el parto de ese primer niño, por ejemplo, que es algo que se ofrece ya directamente en los hospitales públicos, que es parte de una política que acompañamos e impulsamos en Cippec, que fue el Plan nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia. Esta buena noticia en el corto plazo, es una hipoteca en el largo, porque vamos a tener menos personas en edad activa dentro de 15 o 20 años.
–¿Es posible aplicar el ingreso básico universal (IBU) en la Argentina?
–En Cippec trabajamos el tema del IBU en dos grandes dimensiones. La primera es entendiendo los cambios en el mercado de trabajo. En la Argentina, como en la gran mayoría de los países emergentes, tenemos niveles de informalidad muy altos y eso tiene implicancias, no solo para la recaudación y los niveles de evasión, que son problemáticos, sino sobre todo para la protección de los derechos de los trabajadores. Pero creemos que la puerta de entrada para la discusión del ingreso básico universal no son las personas en edades activas, sino las infancias. En la Argentina estamos concentrando la pobreza en las familias con niños, niñas y adolescentes. Según los últimos datos del Indec, la mitad de los niños viven en la pobreza por ingreso. Si tomamos los datos de Unicef, con una medición multidimensional, dos tercios de los niños en la Argentina viven en una situación de pobreza mes a mes, lo cual es tremendo, es una deuda enorme en el presente y es la hipoteca más grande que hoy el país tiene a futuro.
–¿Cómo se puede resolver?
–Creemos que se puede avanzar en un ingreso universal a la infancia. Estamos muy cerca. En la Argentina tenemos una cobertura a partir de las distintas transferencias que hace el Estado a las familias con niños del 95%. Esto incluye la AUH y las asignaciones familiares contributivas, que cobran los trabajadores en relación de dependencia, la deducción del impuesto a la Ganancias, que si bien no es una transferencia explícita, tácitamente tiene el mismo efecto en el bolsillo, que es dinero por cada niño y niña que tienen. Después hay cajas provinciales y otras transferencias. Con todo eso, el 95% está cubierto. El 5% que queda afuera es sobre todo de los sectores más vulnerables. Además, hay inequidades grandes, porque, quien deduce Ganancias, puede llegar a deducir más el monto que alguien que cobra asignaciones familiares contributivas, que a su vez puede llegar a ganar más que alguien que cobra la AUH, sin el plus de la tarjeta Alimentar. Hay distintos criterios sobre edades y sobre qué se le pide a cambio a la familia. Creemos que es posible unificar mucho más ese sistema y garantizar que, con lo misma que invertimos hoy, haya un impacto concreto en reducción de la pobreza, invirtiéndolo más inteligentemente, más progresivamente y con criterios comunes a los distintos regímenes. Esa es la propuesta de Cippec, que es uno de los pilares de la propuesta de cuidados.
Fuente: La Nación. Ver nota completa.
