Tras la devaluación, el Gobierno suma presión sobre el sector privado para contener el traspaso a los precios. Mientras, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con supermercados, la AFIP salió a controlar esos comercios.
La agencia impositiva anunció que fortaleció sus tareas de fiscalización en algunos sectores de la economía con el despliegue de más de 500 agentes en diversas provincias del país. El organismo, conducido por Carlos Castagneto, llevó adelante operativos sobre ingenios azucareros y comercios mayoristas de alimentos y bebidas, con el objetivo de relevar las listas de precios y los valores de compraventa de la mercadería. También controlaron la facturación y la documentación de respaldo para verificar el cumplimiento de la registración de las operaciones.
Los procedimientos se llevaron a cabo con la intervención de la Dirección General Impositiva (DGI) en 198 establecimientos en simultáneo, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Además, en los ingenios se controló el ingreso y egreso de los camiones junto con documentación que respaldara de la carga transportada.
A esta intervención se le sumó el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de un acuerdo a través del cual los supermercados y los mayoristas establecen un tope de aumento del 5% mensual por los próximos tres meses.
“Como todos saben, la Argentina ha vivido, a lo largo de los últimos cinco días, situaciones de inestabilidad. El FMI obligó a la Argentina a devaluar para proceder con el programa de los desembolsos, lo que generó distorsiones y cambios en la ecuación de precios y empresas, y algún nivel de dificultad e incertidumbre para los ciudadanos, los comerciantes, las PYME y las grandes empresas”, comenzó el anuncio de esta tarde.
La intención de los nuevos “beneficios fiscales” es la de brindar “certidumbre” ante este difícil escenario. Al tope de aumento se le suma la absorción de una parte de pérdida de rentabilidad de las empresas, los supermercados y los mayoristas. “Una parte del esfuerzo la hace el Estado”, aseguró el ministro, al informar que establecieron dos programas: uno de beneficios impositivos y fiscales, y otro de crédito a tasa subsidiada para las pyme proveedoras de los supermercados, con el fin de garantizar ese 5% mensual.
De este acuerdo participan 31 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas, entre las que se encuentran: Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital, Maxiconsumo, y más. Además, las empresas que incrementen sus precios por encima de este tope serán sancionadas y se les quitarán los beneficios fiscales establecidos en el acuerdo.
Además, Massa le pidió a los almacenes y locales de barrio que sigan el programa junto con sus mayoristas, y aclaró que “a aquellos que no cumplan les vamos a hacer sentir todo el peso y el rigor de la ley”. También aseguró que se establecerán beneficios impositivos para quienes hagan compras de productos de consumo masivo en los mercados formales.
