Antonio Aracre dejó el máximo puesto de la multinacional agropecuaria Syngenta en diciembre del año pasado para dedicarse a la política y se sumó al Gobierno como jefe de asesores de Alberto Fernández semanas después. Dejó este cargo a menos tres meses de haber asumido, luego de quedar envuelto en versiones que daban cuenta de que tenía una relación tensa con Sergio Massa, el ministro de Economía. Hoy, la Aduana, ente a cargo de Guillermo Michel, uno de los hombres más cercanos al tigrense, informó que presentó una denuncia contra la empresa por presuntos “contrabandos calificados” supuestamente ocurridos durante la gestión de Aracre. En las últimas horas el ahora exfuncionario criticó a Massa en declaraciones radiales.
El empresario fue CEO de Syngenta durante 12 años. La Aduana dice que observó potenciales delitos durante los últimos cuatro años de su gestión, entre 2018 y 2022, según fuentes oficiales, que aseguraron que la investigación comenzó en 2022, cuando Aracre todavía estaba en la compañía. La firma quedó imputada por presunto contrabando calificado en una causa que tramita en el Juzgado Federal de Campana, según información del organismo que depende de la AFIP.
Sin embargo, desde la compañía informaron: “Syngenta quiere aclarar que no ha recibido a la fecha ninguna notificación oficial del Juzgado Federal de Campana relacionado con un proceso judicial en referencia a posibles acciones de triangulación”.
Ante la consulta de LA NACION, Aracre prefirió no hacer comentarios.
Las imputaciones, según fuentes oficiales, se realizaron respecto de dos delitos del código aduanero. El 863 indica que “será reprimido con prisión de dos a ocho años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones”. El 865, inciso F, amplía la pena máxima a 10 años por otras causales.
Horas antes de la comunicación, Aracre rompió el silencio con fuertes críticas a Massa. “Fui el chivo expiatorio de la corrida cambiaria”, dijo en declaraciones a CNN Radio y afirmó que “no hay un plan claro para controlar la inflación y generar distribución del ingreso”.
“Eso sí. Sentí que no tengo los skills para la política”, añadió. Luego, explicó: “En la política vale más la rosca que la acción, a mí me aburre, veo un problema serio y tengo la necesidad de salir a ver qué se hace con eso rápidamente”.
Dos semanas atrás, Aracre renunció a su cargo luego de que circulara un rumor que lo ubicaba como posible reemplazo de Sergio Massa. La Casa Rosada rechazó esa versión, pero se generó un fuerte revuelo en el seno del Gobierno que tensó su relación con el ministro de Economía. Se lo acusó de divulgar en off the record un plan para devaluar un 30%, algo a lo que el ministro se opone. Finalmente, dejó la Rosada.
La Aduana, conducida por Michel, informó hoy que está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con supuestas triangulaciones indebidas vía un intermediario, Syngenta Agro Uruguay, que responde a la misma sede en Basilea, Suiza, que la empresa local. “Le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería al país”, informaron.
“En efecto, la investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina. La mercadería fue enviada desde el país norteamericano en forma directa, pero refacturada desde Uruguay. Cabe destacar, no se advierte un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya que justifique el margen de diferencia”, agregaron en la Aduana a través de un comunicado.
La causa N° FSM 18561/2023 -caratulada “SYNGENTA AGRO S.A. s/CONTRABANDO ARTICULO 863 – CODIGO ADUANERO y CONTRABANDO AGRAVADO ARTICULO 865, INC. F) – CODIGO ADUANERO”- recayó en el Juzgado Federal de Campana, que habría pedido información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que la Dirección General de Aduanas obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano. Las operaciones totalizarían US$30 millones.
