El titular de la Aduana, Guillermo Michel, encabezó hoy un operativo en el Microcentro porteño en el que se allanaron a 20 bancos y entidades financieras para obtener información de empresas que habrían fraguado el pago de importaciones en el exterior para comprar dólares al valor oficial, girarlos al exterior y luego traerlos para venderlos en el mercado paralelo.
Según dijo Michel, la operatoria habría tenido lugar entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. “Estamos convencidos de que los gerentes de los bancos no están involucrados, pero sí empleados infieles a cargo de la mesa de dinero y del comercio exterior, lo que surge de las escuchas en el marco de la investigación”, afirmó el funcionario, que dijo que la maniobra ascendió a más de US$5 millones e involucra a 46 empresas, 13 personas y tres sociedades en Estados Unidos que fueron identificadas.
Ante la consulta de LA NACION, la Aduana se excusó de mencionar a las entidades bancarias y empresas involucradas porque la causa tiene secreto de sumario.
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“Algunas actuaban como importadoras y lo que hacían las empresas era falsear documentación y establecer falsas importaciones para girar los dólares, que luego traían de regreso al país con cuevas y los vendían al blue. Después del comienzo del sistema SIRA esta modalidad no se puede seguir haciendo”, agregó.
La Aduana es querellante en la causa penal, que está radicada en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola. En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$5,3 millones a un promedio de US$22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”.
Según indicaron, los conceptos que se utilizaron eran “B05 – Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 – Pagos diferidos de importaciones de bienes” y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar courriers con facturas truchas, según la Aduana.
Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan, además de las cuatro falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se habrían utilizado para lavar las ganancias del rulo financiero.
La fiscalía, a cargo de Emilio Gerberoff, solicitó una serie de medidas cautelares, como el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados, para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros.
Como en otras causas, la Aduana dijo que activó la utilización de los acuerdos de intercambio de información con los Estados Unidos para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país.
