Jujuy: una diputada de la izquierda había anticipado un “golpe institucional” mientras se debatía la reforma constitucional

En medio de la violencia en Jujuy, se conoció este lunes un video en el que la diputada del Frente de Izquierda Natalia Morales había anticipado “un golpe institucional”, durante los debates por la reforma constitucional que impulsó Gerardo Morales, eje de las protestas. Allí, la legisladora había rechazado enfáticamente algunos de los lineamientos que el gobernador pretendía impulsar para modificar la Carta Magna.

En el video, de corta duración, Morales le expuso a dirigentes de otras fuerzas, durante una reunión de comisión las críticas al proyecto y había dado cuenta de varias manifestaciones en ciernes. Señaló que había habido “una enorme movilización” en la Legislatura el día anterior y precisó que también se había hecho acciones en la ciudad de Buenos Aires.

Esto se va a multiplicar”, les advirtió Morales en el video a sus pares. Pidió, en ese sentido, que tenga más visibilidad una actividad de discusión y sugirió que se realice el lunes por la tarde con “cinco expositores y diez minutos, respectivamente”. De lo contrario, señaló que la situación empeorará. Y lanzó: “O sea están haciendo todo lo posible para que haya un golpe institucional”.

En sus redes sociales, Morales ha compartido otras expresiones con fuertes críticas a la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales. La legisladora del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) cuestionó puntualmente el artículo que impone restricciones a las manifestaciones -y que es calificado como “criminalización de la protesta”- y en esa línea la decisión de “prohibir” los cortes.

En uno de los videos subidos a sus redes, Morales se quejó de que la reunión de una comisión para debatir cambios a la Carta Magna no tomó “más de 30 segundos”. “Así avanzan de forma exprés con una reforma de la constitución antiderechos para un régimen totalitario en Jujuy”, escribió junto ese clip.

“Gastón Morales y Victoria Luna Murillo con el aval del PJ votaron cerrar un debate público y abierto que duró un día. Menos de un día, una tarde. Así son de demócratas”, fustigó en ese material. Y ahondó: “Que quede claro que están censurando a familiares, organismos de derechos humanos, y a referentes de luchas democráticas”.

La diputada del FIT había cuestionada la falta de debate de las reformas

La legisladora del FIT-PTS señaló que hubo “más de 60 personas que se anotaron” para dar su opinión a los puntos más controvertidos de la reforma propuesta y que no pudieron participar. “Sabemos muy bien que ya está todo resuelto. En dos días quieren aprobar todo con un borrador que ya estaba cocinado”, indicó.

En consecuencia, anunció una fuerte reacción. “Claramente la respuesta la vamos a dar en las calles, convocando al paro, a la movilización y a la huelga general, así como hicieron los docentes”. Y remarcó: “Vamos a confluir con todos los sectores ocupados y desocupados , la juventud y las mujeres para que efectivamente con la huelga general podamos torcer el brazo sobre esta reforma trucha y anti-derechos del gobierno de Morales”.

Los puntos polémicos de la reforma

La Constitución de Jujuy que se juró este martes por la mañana genera controversias en puntos como la propiedad privada, los derechos de las comunidades indígenas, la prohibición de los cortes de calles y el manejo de recursos naturales y tierras fiscales. El gobernador Gerardo Morales dio de baja dos artículos, el 50 y el 36, que volvieron a su redacción original, la de 1986.

Morales suspendió dos artículos de la Constitución reformada porque generan “dudas” en las comunidades indígenas. Son el 36 y el 50, que momentáneamente vuelven a la redacción original de la Constitución del año 1986.

El artículo 36 se refiere al “Derecho a la propiedad privada”. La nueva Constitución añade incisos al texto anterior y elimina algunos preceptos. La modificación aprobada quita del texto el párrafo que establecía que el derecho a la propiedad privada “no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”. Y agrega condiciones, como la que indica que “las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. También, añade que “será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley”.

El artículo 50, el otro que Morales dio de baja, es el que se enfoca en los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”. El gobernador resaltó el inciso 3 de ese artículo como el que genera mayores resistencias en las comunidades indígenas. “El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, se lee en ese párrafo del nuevo texto constitucional.

Sin embargo, todavía persisten otros puntos que generan controversia. El artículo 67 del nuevo texto legal de Jujuy se refiere al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”. Establece que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”. Y puntualiza una serie de condiciones para regular la protesta que se definirán por ley: entre ellas, “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia”. Morales, en su conferencia de prensa del lunes por la noche, ratificó que este nuevo artículo se mantendrá vigente y no se someterá a un nuevo debate.

En paralelo, las organizaciones de izquierda reprochan la puesta en marcha en la nueva Constitución de un “sistema contravencional”. Argumentan que, al otorgar rango constitucional a ese sistema, se refuerzan las sanciones por participar en protestas.

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