Después de seis meses de iniciado el proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema en la Cámara de Diputados, llegó la jornada más esperada por el kirchnerismo. No es casual que haya fijado para este martes, a solo diez días para las primarias, la comparecencia a la Comisión de Juicio Político de Silvio Robles, funcionario de la vocalía del juez Horacio Rosatti, y de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño. En el tramo más candente de la campaña electoral, los kirchneristas arremeterán contra ambos para dejar expuesta una supuesta connivencia entre el máximo tribunal y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en el fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad en diciembre pasado.
En la Comisión de Juicio Político –que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard– dejaron trascender que, por cuestiones personales, D’Alessandro no concurrirá mañana a la comisión y pedirá una prórroga para otra fecha. Esperan, en cambio, que Robles sí se haga presente, aunque fuentes del máximo tribunal aventuran que no responderá a todas las preguntas.
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Como sea, los oficialistas tienen grandes expectativas en la audiencia de este martes. La principal prueba que esgrimen para demostrar que hubo connivencia entre la Corte y el gobierno porteño son los supuestos chats privados entre Robles y D’Alessandro que se filtraron por internet; en uno de ellos, el vocero de Rosatti parece indicarle al funcionario porteño la estrategia para evitar que la vicepresidenta Cristina Kirchner pudiera designar a tres senadores en el Consejo de la Magistratura.
En otros chats, también obtenidos de manera ilegal, D’Alessandro y Robles intercambian información sobre el fallo que, días después, dictaría el máximo tribunal por el cual resolvió que la Nación le devuelva a la ciudad los recursos coparticipables que le detrajo en 2020. En esa cautelar fijó un porcentaje del 2,95%.
Rechazo opositor
Los diputados opositores oficiarán de defensores de los testigos, si finalmente concurren. Insistirán en que los chats no pueden tomarse como prueba válida pues fueron obtenidos de manera ilegal. “Además, el fallo de la Corte se ajusta perfectamente a las circunstancias de la causa y de los precedentes del máximo tribunal en materia de coparticipación”, apuntó el diputado Pablo Tonelli (Pro).
“Este proceso de juicio político está plagado de nulidades y está claro que si el oficialismo lo estiró es para que calce en la campaña electoral. La intención es explícita y es desprestigiar a la Corte Suprema; les importa poco el rigor de las pruebas”, enfatizó, por su lado, su colega de bloque Álvaro González.
El oficialismo buscará hincar el cuchillo hasta el hueso. El kirchnerista Leopoldo Moreau definió a Robles como el “quinto cortesano”, por su ascendencia sobre el máximo tribunal; en función de ello, indagarán en los detalles sobre su relación con el juez Rosatti a partir del testimonio de Héctor Marchi, exadministrador de la Corte, quien describió a Robles como el guardián de los intereses de Rosatti. Marchi es cercano al juez Ricardo Lorenzetti, hoy enemistado con Rosatti.
También, según Marchi, Robles ocultó a los demás jueces el cuarto informe de auditoría sobre las presuntas irregularidades cometidas en la obra social del Poder Judicial durante la gestión del interventor Mariano Althabe, hombre designado por Rosatti.
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Además de Robles y D’Alessandro, la comisión citó también para este martes al secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez y a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP.
