En su segunda aparición ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el exadministrador de la Corte Suprema Héctor Marchi denunció al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, de haber incurrido en el “posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos”.
Marchi apuntó contra Silvio Robles, mano derecha de Rosatti en la Corte, quien -según dijo- habría solicitado dichos contratos que, sostuvo, habrían estado destinados para la Cámara de Casación.
“Esto es en referencia a la causa (sobre enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Corte) iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses. Que (la causa) tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti. Dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles (los contratos) y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces (de la Cámara de Casación, donde está radicada la causa) durante los años 2021 y 2022″, sostuvo Marchi ante los legisladores.
“Los contratos son una herramienta coyuntural con que cuenta el tribunal para atender las necesidades urgentes y prioritarias de la Justicia. Esta posible demostración de poder seguramente no fue advertida por los demás ministros, ni por los jueces intervinientes”, agregó Marchi.
En otro orden, el exadministrador de la Corte insistió en cuestionar a Rosatti y a su colega Juan Carlos Maqueda por la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la que recaen una serie de denuncias sobre irregularidades y desmanejos que son investigados por la Justicia. Marchi insistió que el juez Maqueda fue el responsable directo de supervisar la obra social hasta 2021, la cual estaba bajo la dirección de un hombre suyo, Aldo Tonón.
Marchi agregó que las irregularidades continúan durante la actual gestión del director Mariano Althabe, designado por Rosatti cuando asumió la presidencia de la Corte. Enfatizó que perdieron $2700 millones por no haber puesto el dinero de los afiliados en plazos fijos. “Se lo advertí dos veces al presidente de la Corte, pero siguieron como si nada. Creo que es una negligencia grave”, sostuvo.
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