El exdirector de la Obra Social del Poder Judicial Aldo Tonón no se presentó a declarar ante la Comisión de Juicio Político que investiga a los cuatro jueces de la Corte Suprema, pese a que había sido citado. Alegó que era inconstitucional que lo obligaran a asistir, pero los diputados rechazaron su planteo y volverán a convocarlo.
Si Tonón se ausenta otra vez, corre el riesgo de que la comisión recurra a la Justicia para que sea llevado a declarar por la fuerza. Es el camino que los diputados siguieron ayer con otro testigo “reticente”, el abogado Marcelo Mazzeo, que además de faltar, publicó en Twitter que no iba a presentarse.
Renunció Antonio Aracre, jefe de asesores de Alberto Fernández
La comisión decidió hacer una presentación en los tribunales federales de Comdoro Py para que un juez disponga “las medidas necesarias” para que Mazzeo comparezca, con “auxilio de la fuerza pública”.
Tonón explicó la semana pasada, por escrito, que hay una investigación abierta en su contra en el juzgado federal 4, a cargo de Ariel Lijo, y que obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional (”Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”). Es que la comisión lo citó para indagar en las sospechas de irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial, que él dirigía. La causa penal es por lo mismo.
“Se me exima de declarar”, solicitó Tonón. Pero la comisión le contestó este lunes que toda persona tiene la carga publica de prestar declaración testimonial y que si entiende que al responder alguna de las preguntas puede autoincriminarse, está facultado a no contestarla.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anunció este martes que “se le va a reiterar la citación” a Tonón diciéndole que está obligado a asistir.
Juan Manuel López (Coalición Cívica) hizo una advertencia contra lo decidido. Dijo que la comisión debía tener un “criterio serio” para casos como éste. “Tenemos un dilema. Para nosotros también es un testigo útil, pero el derecho a no declarar teniendo causas abiertas es algo que la comisión no terminó de debatir”. El oficialismo citó el caso del exministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, que se presentó y se excusó de contestar algunas preguntas.
A la audiencia de hoy, dedicada íntegramente al tema de la obra social, faltaron otros dos testigos, a quienes se les fijará una nueva fecha de declaración.
También voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina
— Marcelo Mazzeo (@marcelomazzeo) March 13, 2023
Antes de los testimonios, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade pidió una larga lista de nuevas medidas de prueba, que incluyó la citación de tres auditores externos, de una funcionaria de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda y del director de sistemas de la Corte. También, por la acusación relacionada con el “2×1″, pidió las declaraciones de Jorge Auat, exfiscal general de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación.
Acto seguido, la comisión recibió a los testigos citados por el oficialismo en la causal por supuestas irregularidades administrativas en la obra social del Poder Judicial la cual, si bien goza de autonomía, su manejo debe ser controlado por la Corte Suprema. A principios del año pasado, los jueces del máximo tribunal ordenaron una auditoría, que focalizó su relevamiento en el manejo administrativo y financiero de la obra social entre abril de 2008 y setiembre de 2021.
La auditoría fue lapidaria: entre otras cosas detectó que Tonon delegó su firma en distintas áreas; durante toda la etapa analizada nunca se designó a los subdirectores médicos y administrativos ni se elaboraron los presupuestos anuales, pese a que los estatutos establecían que debían ser elevados anualmente para control de la Corte Suprema; además, los balances fueron hechos por profesionales externos que eran elegidos por las propias autoridades a las que debían controlar.
“Nosotros no vimos un solo presupuesto en los trece años que analizamos”, confirmó ayer el contador Oscar Fernández, uno de los auditores citados por la comisión. “La obra social tampoco cuenta con un sistema contable, por ende, no se cuenta con la información contable. Es un dato menos para tomar decisiones correctas. No es algo habitual”, advirtió el testigo.
También fue citada la contadora Melisa Solana, quien fue designada por la Corte como administradora de la obra social. La testigo indicó que que “todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al directorio (de la obra social)” y confirmó que “no había registros contables” en el organismo. Ante las preguntas de los diputados oficialistas, confirmó que renunció a poco de asumir su cargo pero que lo hizo por “motivos personales” y no por diferencias con sus superiores.
