La continuidad de la jueza Ana María Figueroa en la Cámara de Casación más allá de los 75 años, que cumplió hoy, genera resistencias entre sus colegas del tribunal, quienes consideran que ya cesó en sus funciones, dado que llegó al límite de edad que la Constitución nacional le impone a los magistrados para seguir en funciones. En medio de la polémica, miembros del Consejo de la Magistratura presentaron notas al presidente de la Corte Suprema y titular del organismo, Horacio Rosatti, para que llame a concurso para cubrir su vacante.
La propia jueza, cuya permanencia es pretendida especialmente por sectores kirchneristas, envió en las últimas horas na nota a Rosatti, en la que le comunica a él y, por su intermedio, a los integrantes del Consejo de la Magistratura -el organismo que tiene a su cargo la administración del Poder Judicial, que “en el día de la fecha cumplo 75 años de edad, ejerciendo el cargo de presidenta y jueza de la Cámara Federal de Casación Penal”.
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Sin embargo, Figueroa les anticipó a sus colegas camaristas, en la reunión de Superintendencia, que dejaba la presidencia en manos del vicepresidente, Mariano Borinsky, y que dejaba de firmar fallos como jueza, para evitar nulidades.
En la nota enviada a Rosatti, la jueza señala que pidió un nuevo acuerdo al Senado y que la petición fue aprobada en comisión, pero falta que se vote en el recinto, “encontrándome a la espera de la culminación del trámite”.
Un debate político y jurídico
La discusión sobre la continuidad de la jueza Figueroa es política y jurídica. Política, porque la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal ha dado señales de afinidad con el kirchnerismo, al haber votado en distintas causas en defensa de funcionarios y exfuncionarios de ese espacio condenados o procesados por la Justicia. Denunció en distintos momentos la existencia del lawfare y de una “persecución” por parte de la llamada “mesa judicial” atribuida al gobierno de Mauricio Macri. Se pronunció, además, en contra de la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas,
La mayoría de los jueces de la Casación disienten con la interpretación que hace Figueroa para seguir en el cargo, pero entienden que no tienen facultades para quitarle su condición de jueza a una colega.
Sin embargo, los jueces tienen a su alcance una forma de darle intervención al Consejo de la Magistratura para que resuelva sobre el futuro de la camarista. Y la van a activar mañana. El juez Borinsky le comunicará, mediante una nota al Consejo de la Magistratura, que en virtud del artículo 99 de la Constitución nacional, que establece que los jueces se van a los 75 años sin acuerdo del Senado, la propia Figueroa lo dejó en el cargo como presidente de la Cámara de Casación. Una forma implícita de avanzar en la definición de la controversia.
Esa nota será firmada por todos los presidentes de las salas de la Casación que integran el tribunal de Superintendencia.
Con esa comunicación de los jueces, el Consejo de la Magistratura estaría en condiciones de decidir si corresponde llamar a un nuevo concurso para cubrir la vacante de Figueroa y pedirle a la Anses que le liquide la jubilación o si considera quedebe seguir en el cargo.
Por lo pronto, la consejera Jimena de la Torre, que representa a los abogados y es cercana a Pro, presentó dos notas para pedir que Figueroa deje de ser jueza. Una de ellas fue dirigida a Rosatti, como presidente del Consejo de la Magistratura,y otra a la titular de la Comisión de Selección de jueces del Consejo, María Fernanda Vázquez, para que se abra un nuevo concurso destinado a cubrir su vacante.
Al dejar su cargo como presidenta y seguir en funciones como jueza, a pesar de haber cumplido 75 años, Figueroa echó mano de una resolución ya caduca del Consejo de la Magistratura, del año 2017. Allí, tras el fallo Schifrin de la Corte en el que el máximo tribunal restableció la vigencia de la doctrina de que los jueces deben dejar sus cargos al llegar a la edad límite, reglamentaba que los magistrados que habían pedido acuerdo al Senado podrían quedarse hasta fin del año parlamentario.
Pero el Consejo de la Magistratura dictó otra resolución en 2018, que dejo sin efecto la anterior. Y dispuso ese año que, como ya todos los magistrados habían podido adecuar su situación al fallo “Shiffrin” y a los términos de la Constitución nacional, mantuvo la vigencia de la resolución 521/2017 del organismo solo para los jueces que tenían decisiones judiciales que los mantenían en el cargo o contaban con pedido de nuevo acuerdo a ese momento y habían sido notificados personalmente de la resolución. No era el caso de Figueroa, quien en ese tiempo tenía 70 años y estaba lejos de la edad límite.
Para todos los demás jueces, incluida la camarista Figueroa, se declaró vigente la resolución 521, de 2017, que señalaba que, antes de cumplir 75 años, los jueces debían pedir un nuevo acuerdo y que cesaban si no lo habían obtenido a esa fecha. Es decir, ponía de regreso en plena vigencia la cláusula constitucional del artículo 99, que manda a su casa a los magistrados que no obtengan nuevo acuerdo del Senado.
