Asociaciones de jueces, abogados y empleados judiciales realizaron este mediodía a un acto en defensa de la independencia judicial. El lema de la convocatoria fue que la independencia del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos constituye un principio esencial del sistema republicano establecido en la Constitución Nacional.
“Las y los trabajadores judiciales, junto con toda la comunidad judicial, celebramos el día de la Independencia de la Patria reivindicando la independencia de la Justicia”, se leía este mediodía en los afiches pegados en la fachada del Palacio de Tribunales, sobre la calle Talcahuano.
La manifestación, citada a las 13, fue impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que preside el juez Marcelo Gallo Tagle; el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside Ricardo Gil Lavedra; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Alberto Garay; el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, que dirige Alfredo Vítolo, y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, el gremio que nuclea a los trabajadores de los tribunales encabezado por Julio Piumato.
Después de leer un documento público, en el que se destacó que las circunstancias actuales “imponen la necesidad de abogar por lo evidente”, los representantes de los diferentes espacios del mundo de la Justicia manifestaron que “el Poder Judicial debe ser libre de cualquier presión interna”.
En el público apostado sobre Talcahuano se encontraban, entre otros, el camarista federal Mariano Llorens (uno de los vicepresidentes de la Asociación de Magistrados), el fiscal federal Diego Luciani, que promovió la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad; miembros del Consejo de la Magistratura y el diputado Pablo Tonelli (Pro).
El primero en tomar la palabra fue Gallo Tagle, que expresó su preocupación ante la situación actual y subrayó: “No pasa una semana sin que tengamos que expresarnos por los distintos ataques que intentan socavar la independencia del Poder Judicial”.
Con dureza, calificó de faltos “de vocación democrática” a quienes “pretenden condicionar al Consejo de la Magistratura”. Y sostuvo: “Son sectores con incapacidad de generar consensos generales”.
Garay dijo: “El principio republicano fue amenazado, ya sea promoviendo la ampliación de la constitución de la Corte o planteando reformas a la forma de elección de los jueces federales”. Y afirmó: “Nunca hubo tantos atropellos como hoy. Nunca tantos tratos descalificatorios. A los jueces de la Corte se les está haciendo un juicio político que nada tiene que ver a lo que apunta ese procedimiento, que está hecho para aquellos que se apartan de la república y la división de poderes”.
Gil Lavedra apuntó al rol de los abogados como defensores de la ley y la democracia. “Basta de hostigamiento, acoso público y deslegitimación de la función de los jueces. Siempre que esté en juego la democracia, la abogacía va a estar presente”, subrayó.
El último en tomar la palabra fue Piumato. En su intervención, el líder gremial no solo reclamó fondos para “garantizar la independencia judicial”, sino que, además, se refirió a los discursos de los precandidatos presidenciales. “Estamos en una situación muy delicada en la Argentina. Vemos que candidatos a presidente ya anticiparon que van a violar la Constitución Nacional al decir que van a ir por los derechos de los trabajadores, ignorando que los tratados internacionales plantean el principio de la progresividad de los derechos. Jamás se podrá retroceder con lo que ya se logró en materia de derechos laborales”, dijo.
Tensión con el Gobierno
Con la idea de que “construir un país republicano y democrático es tarea de todos y algo que debe ejercerse diariamente”, quienes convocaron a esta manifestación quisieron que sea un “encuentro abierto” para “defender la división de poderes”.
Con la intervención de Gil Lavedra, Garay, Gallo Tagle y Piumato, los organizadores buscaron que la manifestación no tuviera contenido partidario. Sin embargo, en la práctica, se leyó como un respaldo a la Corte en momentos de máxima tensión con el Gobierno.
Es que durante la gestión de Alberto Fernández fue en aumento la tensión del Gobierno con la Justicia en general y la Corte Suprema en particular. Los contrapuntos entre los dos poderes se sucedieron a lo largo de estos últimos cuatro años. El Gobierno reaccionó con especial dureza a la condena por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero también, a los fallos adversos en relación con los fondos coparticipables destinados a la Ciudad de Buenos Aires y, recientemente, al veto a las reelecciones de Sergio Uñac y Juan Manzur en sus respectivas provincias.
El oficialismo presentó proyectos de juicio político a todos los jueces de la Corte en el Congreso, un trámite que está en desarrollo, en comisión, en la Cámara de Diputados. Si bien el Frente de Todos tiene votos suficientes para aprobar un dictamen acusatorio en la comisión, no cuenta con los votos necesarios para que prospere la promoción de ese juicio político en el recinto.
“No es concebible un país sin justicia independiente. En este momento, el Gobierno ataca a la Corte Suprema mediante un juicio político absurdo y sin fundamentos que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Se hace más importante que nunca seguir defendiendo la justicia independiente de los embates del kirchnerismo, como lo hemos hecho siempre”, dijo Tonelli.
