El candidato presidencial Javier Milei (La Libertad Avanza) reclamó al presidente Alberto Fernández la suspensión inmediata de “medidas populistas” con las que “pretende comprar la voluntad del electorado”. Denunció, así, la aprobación de decretos y resoluciones que promueven, por ejemplo, designaciones en distintas áreas de la administración pública y que generarán un elevado costo fiscal, además de que “atentan contra el sistema democrático” y condicionarán la futura gestión que asumirá el 10 de diciembre.
En la recta a las elecciones del 22 de octubre, Milei denunció que la finalidad de las disposiciones fue “manipular al electorado, despilfarrar los recursos del Estado e imponer condicionamientos a quienes los sucederán tras las próximas elecciones”.
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Entre otras medidas, objetó la resolución 607 de la Secretaría de Energía, que en julio pasado llamó a concurso abierto para cubrir los cargos de presidente y vicepresidente del Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); y otras disposiciones de la Jefatura de Gabinete para cubrir más de 455 cargos en los ministerios de Seguridad y de Obras Públicas, así como en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que es el organismo encargado de supervisar y aprobar las ofertas académicas de las universidades.
En una carta dirigida al Presidente, Milei también cuestionó el decreto 443/2023, que restablece en forma transitoria el Programa de Incremento Exportador, destinado a promover la exportación de manufacturas de soja; y la resolución 1285/2023 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que el el 28 de agosto –quince días después de las PASO- llamó a concurso para la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes.
El dirigente libertario cuestionó, así, una serie de decretos y resoluciones que avanzan sobre el próximo gobierno en las áreas de energía, telecomunicaciones, empleo público, entre otras. Y pide expresamente que el mandatario “se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las próximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
Milei también le reclamó a Fernández que instruya a los órganos y entidades integrantes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada para que “revoquen las medidas y se abstengan de dictar o ejecutar actos o de desplegar conductas materiales que afecten o puedan afectar los recursos del Estado nacional” más allá de la fecha en que finaliza su mandato.
Entre otras medidas objetadas se encuentra la resolución 336 del Conicet, que en abril pasado aprobó “los perfiles aportados por las universidades y otros organismos nacionales para la convocatoria al ingreso a la carrera del investigador científico y tecnológico, destinada a incorporar 180 investigadores en la modalidad del fortalecimiento del programa I+D.
“Cuatro años de inactividad”
Tras cuatro años de absoluta inactividad y ausencia de políticas públicas serias en materia económica, manifiesto apartamiento de los marcos regulatorios aplicables a los servicios públicos, restricciones inadmisibles al comercio exterior, regulaciones sobre el mercado de divisas, falta de políticas en materia de infraestructura y energía, y de un crecimiento inusitado del sector público nacional, el Poder Ejecutivo Nacional -encabezado, en los hechos, por el actual ministro de Economía y candidato a Presidente- pretende comprar la voluntad del electorado mediante medidas de carácter populista, carentes de planificación o análisis económico alguno y con un costo fiscal elevado, que deberá ser atendido por las próximas autoridades de gobierno”, se quejó Milei, al fundamentar sus reclamos.
Sostuvo que esos actos “son nulos y su objeto está viciado, por ser manifiestamente irrazonables y contrarios a la legislación”.
También denunció que existe “el vicio de desviación de poder”, al emender que las decisiones vulneran “el interés público definido por el ordenamiento jurídico”. Y argumentó que “el ropaje invocado para justificar las medidas ilegítimas no sirve para convalidarlas”. Expresó, en ese sentido, que “la observancia de formalidades no basta para acordar legalidad de un acto si tras esa apariencia se esconde una finalidad arbitraria o espuria”.
El candidato de La Libertad Avanza le dijo al Presidente en la carta que “frente a la proximidad de las elecciones generales, todo desvío de poder, por el cual el partido gobernante se sirva de los recursos estatales para beneficio propio, no solo constituye un hecho evidente y notorio de corrupción, sino también un atentado contra el sistema democrático”, al citar el artículo 36 de la Constitución nacional y el artículo 3 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
