Luego de que el juez que lleva su concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, rechazara su propuesta de pago y abriera un proceso de cramdown, en la cerealera Vicentin apuntaron contra la decisión judicial: la consideraron “irresponsable y no ajustada a derecho”. Además, en la firma, que apelará la medida, advirtieron que la empresa quedó inmersa en un clima de incertidumbre, “mucho más vulnerable que antes“.
Vicentin, que tiene una deuda de más de US$1500 millones, había elaborado una propuesta de pago a 12 años para devolver a los acreedores más del 30% de la acreencia y salir del concurso, pero la decisión del juez la tomó por sorpresa. El magistrado ordenó la apertura del período de concurrencia según el artículo 48 de la ley de concursos y quiebras, permitiendo que un acreedor o interesado externo presente una propuesta superadora para hacerse cargo de la cerealera mediante un cramdown.
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En diálogo con LA NACION, desde Vicentin aseguraron que planean apelar el fallo argumentando que es “irresponsable y no ajustado a derecho porque no se compadece con las constancias del expediente, específicamente los cuatro informes presentados presentes en el expediente”. Son informes realizados por dos compañías evaluadoras contratadas, así como por la intervención y la sindicatura, que coincidían en que la propuesta representaba la “mejor solución posible”, según dijeron.
“Como siempre la compañía confía en la Justicia, en este caso en la corrección que va a hacer la Cámara de Reconquista sobre la mala decisión que tomó el juez de primera instancia; esperamos que ordene la homologación”, indicaron.
Además, la cerealera señaló varios riesgos a los que se enfrenta. “En caso de que se opte por continuar con el cramdown, en primer lugar, a corto plazo, nos encontramos sin visibilidad ni credibilidad para obtener nuevos contratos a fasón (presta servicios a terceros). Es posible que no se nos concedan”, afirmaron. También destacan que aún no han resuelto los posibles embargos por parte de AFIP y el Banco Central.
Vale recordar que la AFIP emitió la resolución general N° 5391/2023 que establece un anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias para empresas que no pagaron el tributo en 2022 debido a pérdidas acumuladas. Vicentin, afectada por la sequía y con contratos futuros, enfrentaría un anticipo de $8000 millones en tres cuotas. La firma argumentó que no debe aplicarse esta resolución ya que no tendrá ganancias en 2023 ni en 2024. Solicitó una medida cautelar para evitar embargos en sus cuentas.
En tanto, en lo que respecta al Banco Central, reclama una supuesta millonaria liquidación de divisas que no habría realizado la cerealera. Se trata de operaciones realizadas antes del actual concurso porque después no exportó más como tal.
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Además, otro riesgo al que aseguraron los expuso el fallo es la incertidumbre sobre si tendrán suficientes fondos para cumplir con sus obligaciones, incluyendo los salarios. A fines de agosto pasado, Vicentin, que venía trabajando con contratos para que otras empresas operaren sus instalaciones, tomó una decisión drástica. Debido a la escasez de soja por la sequía, optó por suspender la actividad de dos de sus plantas durante un período de seis meses. Estas plantas se encuentran en las cercanías del Gran Rosario y están ubicadas en Ricardone y Puerto Vicentin.
“En este nuevo escenario eso se pone en duda. Ahora ya no sabemos si vamos a poder cumplir con todas esas obligaciones y con la expectativa de alcanzar la próxima cosecha y empezar a girar de vuelta”, dijeron.
Otro “gran riesgo” es la pérdida de los socios estratégicos. “Si hubiese cramdown queda claro que los contratos definitivos ya no valen más y en ese caso vamos a tener que buscar la forma de hacerlos de vuelta, pero no tenemos certeza de volverlos a tener”, apuntaron.
Vale recordar que para salir del concurso Vicentin presentó una propuesta a 12 años que contempla la creación de un fideicomiso con la participación de tres interesados estratégicos: Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estos actores asumirían el control del 95% de la empresa, mientras que los accionistas de Vicentin mantendrían el 5%. “Al día de hoy lo único que no sabemos es si los interesados estratégicos van a seguir adelante”, indicaron.
Por último, destacaron que esto los pone más lejos de los acreedores. “Es a quienes les deberíamos haber pagado hace un año y medio y ahora, otra vez más, ven pateada la fecha de pago para más adelante”. Añadieron: “Hoy en día la situación de Vicentin es mucho más vulnerable que el viernes”.
