El pedido fue claro. “Que el primer barco de la próxima cosecha de trigo, en diciembre, salga sin volúmenes de equilibrio, dólar soja, ni retenciones”. Quien lo formuló fue Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) durante uno de los paneles del seminario Agrotendencias, que organizó esta semana la Federación de Acopiadores.
Más que pedido, en rigor, habría que decir que fue una expresión de deseos y un mensaje para las fuerzas políticas que disputarán las elecciones presidenciales de este año.
Idígoras fue más preciso aún. “Necesitamos que se elimine el dólar agro, que genera distorsión en el mercado. Lo estamos padeciendo cotidianamente. Las distorsiones del dólar soja I, II, y III son fenomenales, no solo en la soja, sino también en el maíz, trigo”, expresó.
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Al final del día, pese a que los exportadores son interlocutores habituales del Gobierno, coinciden con los planteos de los productores respecto de la necesidad de eliminar todo tipo de distorsiones en el comercio de granos. En definitiva, las sufre toda la cadena
Como primer paso, un tipo de cambio único para exportar e importar podría configurar un escenario radicalmente distinto para el agro respecto del actual. No es nada extraordinario: los productores de Uruguay, Paraguay y Brasil lo tienen.
La otra cuestión de fondo es la de los derechos de exportación (DEX), mal llamados retenciones. Economistas y buena parte de la dirigencia política adopta ya casi como una cuestión de fe la idea que los impuestos a la exportación no pueden derogarse porque son importantes para el equilibrio fiscal. Quienes proponen llevarlas a cero son muy pocos.
En esa misma jornada, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), recordó que esta agrupación, integrada por más de 60 cámaras de la actividad, presentó un programa con 40 propuestas para el agro a todas las fuerzas políticas en el que se incluye la reducción gradual de los DEX hasta su completa eliminación.
“Hay un efecto fiscal neutro, se va a terminar recaudando por mayor valor agregado”, dijo Martins y explicó que también se podría lograr una mayor producción si se redujera la presión impositiva. En las proyecciones del CAA, de implementarse la propuesta, se lograría una cosecha de granos de 180 millones de toneladas, unos US$100.000 millones en exportaciones y se generaría empleo en el interior del país. “Es una locura que tengamos un 50% de pobres, tres de cada cinco personas la está pasando muy mal”, señaló Martins.
El contexto en el que fueron puestas a la luz estas definiciones es el de un gobierno que adopta medidas casi con desesperación para que no se agrave la situación económica. Luego de conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril pasado fue del 8,4% , desde el Ministerio de Economía se anunciaron medidas de tipo financiero y una especial y extraña para el marco conceptual de esta administración: importar alimentos para frenar la inflación. En cualquier otro contexto, una medida de este tipo podría ser entendible y hasta auspiciosa para el agro; la libertad para importar y exportar es esencial para aumentar los flujos de comercio en cualquier economía. Pero para esta administración es toda una paradoja: es la misma que, por ejemplo, prohíbe todavía la exportación de siete cortes vacunos, fija “volúmenes de equilibrio” (cupos) para las exportaciones cereales y oleaginosas como el girasol y aplica DEX. Estos artefactos provocan una distorsión en toda la cadena que, en el mediano plazo, actúa como un desincentivo para incrementar la producción. Si se suma la brecha cambiaria, el escenario es de claro retroceso. No solo por la sequía la Argentina no puede superar los 140 millones de toneladas de cosecha de granos.
El afán intervencionista es todavía más extremo si se utiliza al Mercado Central para importar. Un proyecto que nació como mercado concentrador en la década del ochenta y que nunca se desarrolló, por la injerencia de la política, en un instrumento de modernización de la frutihorticultura, se convertiría ahora en una suerte de empresa estatal de alimentos. Como ocurrió con el proyecto de expropiación de Vicentin, las viejas ideas que demostraron su fracaso en todo el mundo se reciclan y se presentan con ropas nuevas.
