La tensión que atraviesa a Juntos por el Cambio a nivel nacional repercute de diferentes formas en los territorios más pequeños. En Mar del Plata, donde esa coalición es gobierno, las discrepancias entre los distintos sectores se vive al rojo vivo. A tal punto que tres funcionarios del intendente Guillermo Montenegro tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros de tres concejales del mismo espacio, según lo dispuso la Justicia. La razón: supuestas amenazas y violencia física.
La jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó días atrás una orden de restricción contra el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel y los directores coordinadores de Desarrollo Social Lucas Amodey y Santiago Reyes, además de tres gremialistas. Los tres funcionarios municipales fueron denunciados por los concejales radicales Daniel Nuñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero y al militante de la UCR, Luciano Pagni Salaverry, según consignó La Capital de Mar del Plata.
El caso es llamativo porque son los mismos concejales que deben defender las iniciativas que el municipio envía al Concejo Deliberante los que fueron a la Justicia para denunciar a tres miembros del gobierno comunal. La orden de restricción alcanza también a dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos, su titular Cristián Echeverría, y los referentes Diego Paredes y Federico Cardozo.
La denuncia atraviesa, en particular, a la Unión Cívica Radical. Los funcionarios acusados se encuentran dentro de la Secretaría de Desarrollo Social que conduce Vilma Baragiola, histórica dirigente del radicalismo local. Baragiola, su jefa, declaró contra los acusados e, incluso, les advirtió que una situación así podría llegar a suceder si la tensión entre los sectores escalaba.
El expediente se inició el 23 de marzo, cuando los concejales realizaron una presentación ante la ayudante fiscal Carolina Castañeda. Denunciaron “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles por parte de los funcionarios municipales Amodey, Reyes y Terruel, así como también de los sindicalistas de la CTA, Echeverría, Paredes y Cardozo”.
En la presentación, los ediles mencionan en particular hechos que se sucedieron a lo largo de marzo. El primero de ellos tuvo lugar el miércoles 8. El coordinador de Desarrollo Social Santiago Reyes amenazó, según el escrito, al concejal Núñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la Juventud Sindical.
Sin embargo, allí no se terminó todo. El subsecretario Teruel y el coordinador Amodey ingresaron el 21 de marzo a la oficina del concejal Nuñez en el Palacio Municipal y le dieron un ultimátum. Según la denuncia -citada por La Capital-, los funcionarios lo emplazaron a que diera una respuesta antes del jueves. En caso contrario, “debería atenerse a las consecuencias”.
En tanto, los denunciantes indicaron que el otro hecho se registró el 24 de marzo durante un acto público a raíz de un aniversario del golpe cívico militar de 1976. En esa ocasión apuntó a los dirigentes del sindicato de los trabajadores del casino. Núñez sostuvo que Paredes, Cardozo y otros miembros quisieron obligarlo a él y a su grupo de trabajo a “bajar las banderas, utilizando la violencia física baja la amenaza de que la iban a pasar mal”.
El último hecho tuvo lugar el 26 de marzo, dos días después. La vivienda donde viven la exmujer y la hija de Nuñez apareció con pintadas. El Concejo Deliberante aprobó una declaración de repudio frente a esa situación en la última sesión del Concejo Deliberante.
La secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, declaró en la causa y sostuvo que más dirigentes del radicalismo pudieron haber sido amedrentados. Afirmó que “le hicieron llegar” desde personas enviadas por “la facción denunciada” que escracharían incluso “su domicilio como también de otros funcionarios de la UCR”.
En esa línea, Baragiola señaló que, al enterarse de lo ocurrido en la vivienda familiar de Núñez, “se sintió intimidada”, dado que entendió que ese episodio “no se encontraba aislado de las referencias que le hicieron llegar meses atrás”.
En virtud de estos elementos, la jueza marplatense Lucrecia Bustos dictó una medida cautelar que le prohíbe a los acusados acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes. También tienen prohibido tener un contacto por cualquier medio.
Repercusiones
Además de Baragiola, los secretarios de Obras, Jorge González, y del Emsur, Sebastián D’Andrea también expresaron que sufrieron la misma violencia de los funcionarios y los sindicalistas apuntados. Y también lo aseguró del mismo modo el concejal del Frente de Todos, Roberto “Chucho” Páez.
Pese a la polémica, los tres funcionarios, Daniel Teruel, Lucas Amodey y Santiago Reyes continuaban en funciones hasta este lunes, según dio cuenta La Capital. La difusión de la noticia tuvo impacto en la comuna que hasta el momento no registraba, al parecer, sobresaltos entre los diferentes sectores que integran Juntos por el Cambio.
A medida que el caso cobró relevancia, emergió otro caso. El concejal del Frente de Todos Roberto Chucho Pérez, quien también es secretario general de los Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos, tuvo un enfrentamiento con el titular del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos, Diego Echeverría, otro de los acusados en el expediente junto a los funcionarios radicales.
Echeverría encabezó meses atrás el paro de un grupo de maleteros que impidió la llegada a tiempo de micros a la terminal local. Y, a su vez, impidió recientemente, en Semana Santa, el ingreso de clientes al casino, un hecho cuestionada en duros términos por Páez. En la protesta que se desarrolló en aquel momento, dijo el edil, hubo funcionarios de Desarrollo Social presentes.
Ese enfrentamiento no quedó solo en palabras. Páez denunció que sufrió amenazas en la puerta de su casa mientras se encontraba con su hija de diez años y habló de “delincuentes que se presentaron en nombre de Cristian Echeverría”.
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