El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a ampliar su declaración indagatoria a Jonathan Morel, integrante del grupo libertario Revolución Federal, ya procesado por el delito de incitación a la violencia colectiva, por haber amenazado a legisladora kirchneristas, al periodista Víctor Hugo Morales y al exministro Jorge Ferraresi.
El juez lo citó para ampliar su declaración indagatoria el 5 de junio. Morel está procesado sin prisión preventiva por incitación a la violencia colectiva y será indagado nuevamente. En este caso, por haber amenazado el 4 de julio del año pasado a Maia Daer y Claudia Neira, legisladoras del Frente de Todos, y al exministro e intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, cuando caminaban en las inmediaciones de la Casa Rosada. A Ferraresi, Morel le gritó “traidor a la Patria, te vamos a prender fuego”.
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También ampliará su declaración indagatoria otro de los procesados en la causa, Leonardo Sosa, acusado de resistirse a la autoridad cuando forcejeó con un policía frente a la escasa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el 22 de agosto de 2022. Pelearon porque estaba rompiendo elementos de unas vallas, con la presunta intención de arrojarlos.
A Morel se lo imputó además por haber incitado a la violencia colectiva el 19 de agosto de 2022, durante una trasmisión en vivo difundida a través de la plataforma «Twitter Space» en la cual insultó al periodista Víctor Hugo Morales y al personal del canal de noticias C5N que estaban siendo mostrados en un video.
Morel, Sosa, Gastón Guerra y Nilda Sabrina Basile están procesados y en libertad por incitar a la violencia colectiva según la Cámara Federal.
Martínez De Giorgi los había procesado por estar vinculados a “un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación”.
Pero el tribunal cambió la calificación por una más benigna. Los integrantes de Revolución Federal realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra del Gobierno y el kirchnerismo.
La vicepresidenta Cristina Kirchner vinculó a esta agrupación con el atentado que sufrió el año pasado, pero no se encontró ningún vínculo entre esta agrupación y los detenidos por el ataque, Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y el jefe de ambos, Gabriel Carrizo. Solo Uliarte fue identificada en una foto como una asistente a una marcha de esa agrupación.
”Revolución Federal no parecería poseer en principio la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías”, dijeron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aunque dijeron que sus conductas son “un estímulo a la violencia contra un grupo de personas”, concluyeron.
Por su parte, el juez Mariano Llorens votó en disidencia y propuso directamente revocar los procesamientos de los cuatros imputados y sostuvo que sus expresiones quedaban bajo el amparo de la libertad de expresión.
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La vicepresidenta sostiene que estos sospechosos “planeaban juntar dinero para contratar un sicario”, situación que podría estar relacionada con el intento de magnicidio del cual fue víctima. ”De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso”, agregó la expresidenta.
