En estos días se cumplen dos años de la reunión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con exportadores de carne vacuna en la que les anunció que había decidido prohibir las exportaciones por 30 días, justo el día que se inauguraba la Feria Alimenticia SIAL Shangái, la más importante de nuestro principal cliente que, debido a la pandemia del Covid, hacia dos años que no se realizaba.
La sorpresa de los exportadores cuyos representantes se encontraban abriendo los stands fue tan brutal que se quedaron sin palabras, imaginando cómo les explicarían a sus clientes e interesados cuando se acercaran para consultar y cerrar negocios. Resultó tan impactante que los proveedores de otros países fueron subiendo el precio de la carne cerca del 15% no pudiendo dar abasto para tomar pedidos ante la incomprensible decisión unilateral del gobierno argentino.
Desde aquel momento el Gobierno mantuvo todo tipo de restricciones y limitaciones con total displicencia y sin ninguna razonabilidad ni fundamento quitando todo tipo de previsibilidad, imprescindible para procesos biológicos de largo plazo.
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Hoy continúan: la prohibición de exportación de siete cortes que representan cerca de ¼ parte de la res, los impuestos a la exportación (retenciones) y los cupos mensuales cuya asignación termina beneficiando a algunos en perjuicio de otros.
Pese a los reiterados pedidos de la producción, el Gobierno sigue impertérrito en su posición, particularmente en la restricción de exportación de cortes de vacas en momentos en que la sequía obliga a los criadores a desprenderse de “los vientres” a precios regalados que en el último año ajustaron sus valores apenas un 15% cuando la inflación superó el 108%.
No ignoran que su liberación contribuiría a mitigar la dolorosa pérdida cuando sobra carne en el consumo interno y el precio de la carne vacuna al consumidor acumula más del 20% de atraso con la inflación en la comparación interanual.
Medidas
Adicionalmente a lo mencionado, se suman las medidas tomadas el domingo pasado cuando el Gobierno anunció que va a abrir y estimular importaciones de alimentos frescos (verduras y carnes), liberándola de restricciones permitiendo hacerlo al dólar oficial con el subsidio implícito frente a la producción local con costos impactados por el dólar billete y relevándolos de todo tipo de pago de impuestos a la importación.
Para magnificar la aberración, designa al Mercado Central, entidad que no estaría por sus estatutos habilitada para ese fin, y alcanza ribetes monumentales cuando en el mismo escenario continúa limitando y castigando las exportaciones.
Los adjetivos quedan cortos y la capacidad de compresión se evapora para comprender semejante disparate en un país que necesita el ingreso de divisas para poder respirar, revertir la brutal caída de puestos de trabajo y mitigar inexcusablemente los niveles de pobreza que ya superan el 40%.
¿Realmente creen que hay alguna racionalidad en este comportamiento o que la medida está basada en el mínimo sentido común de la equidad entre quienes siguen sosteniendo lo que queda de la economía con el sudor de su frente mientras se habilita a intermediarios “del pasa mano” que lucren con estas medidas?
Solo queda esperar que en algún momento algún responsable reflexione hacia dónde nos están llevando y revean las permanentes limitaciones a las que someten a quienes con su trabajo e inversiones solo contribuyen al bien común y tratan de demorarse acercar al trágico final al que nos están llevando.
El autor es consultor ganadero
