Sin hacer pronunciamientos públicos y con un perfil más bajo que las manifestaciones de repudio que coordinaron sectores de izquierda, de Unión por la Patria y organizaciones de derechos humanos, los referentes de Juntos por el Cambio optaron por no pronunciarse sobre el homenaje a víctimas de ERP y Montoneros que la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, organizó para este lunes. Referentes del Pro, el radicalismo y la Coalición Cívica se mantuvieron al margen de la discusión y solo quienes tuvieron roles protagónicos durante los años 70 señalaron que el terrorismo de Estado existió y que es un tema ya “muy debatido”.
Dos días después del inicio formal de la campaña para las elecciones de octubre, el debate vuelve a ser puesto sobre la mesa por el partido libertario en la casa matriz de Pro: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
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Con dificultades para encontrar su lugar en la discusión pública tras la irrupción de Javier Milei en la escena política, Juntos por el Cambio decidió no tomar parte en el debate sobre las víctimas de la última dictadura militar. Patricia Bullrich, así como el resto de los principales referentes del espacio, como el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, o Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica a nivel nacional, prefirieron mantenerse en silencio.
“Son cuestiones ya muy debatidas. Las víctimas son víctimas y todas las muertes son muertes independientemente de quien las perpetre. Sin embargo, nada tienen que ver las víctimas de las organizaciones armadas con el terrorismo de Estado. No son equiparables los delitos de las organizaciones armadas con aquellos perpetrados por las Fuerzas Armadas, con todo el aparato del Estado detrás”, señaló a LA NACION Ricardo Gil Lavedra, dirigente de la UCR que integró el tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas.
En la misma línea se expresó Graciela Fernández Meijide, parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y exministra de Desarrollo Social de la Presidencia de Fernando De la Rúa. “Nadie niega que las muertes son muertes y no importa en qué lugar de la lucha ocurrieron”, afirmó. Sin embargo, destacó que durante la última dictadura militar “se adoptó como sistema de persecución la desaparición forzada de personas porque producía terror y parálisis en la sociedad”.
En diálogo con el programa Lanata sin filtro, emitido por Radio Mitre, la dirigente radical recordó que el expresidente Ricardo Alfonsín firmó dos decretos (157 y 158 de 1983) por los que se ordenó el enjuiciamiento tanto las Fuerzas Armadas como a los líderes de la guerrilla. “[Mario] Firmenich estuvo siete años preso y a todo el mundo se le olvida. ¿Quién los indultó? [Carlos] Menem”, sentenció Fernández Meijide, quien apuntó a uno de los pilares del candidato libertario Javier Milei, que reivindica el gobierno del expresidente riojano y diseña su equipo económico con exfuncionarios del menemismo: Carlos Rodríguez y Roque Fernández, entre otros.
“El rol de la administración de la Legislatura no es juzgar el contenido de lo que se debate en los salones. Mientras se dé en el marco de la ley vigente, no se puede censurar ni moderar un debate que es propuesto por un diputado o diputada, sea del espacio político que sea, dado que representan diversos intereses de la ciudadanía”, señaló a LA NACION Emmanuel Ferrario, presidente de la Legislatura, quien además explicó que la sala “fue solicitada en tiempo y forma por la diputada Lucia Montenegro, quien es la encargada de la organización de dicho evento y quien tiene derecho a usarla como cualquier otra diputada o diputado que lo pida”.
La legisladora porteña Alejandrina Barry (PTS) fue una de las personas que cuestionó la falta de respuesta de las autoridades del cuerpo legislativo de la Ciudad. “Es una verdadera provocación que en la Legislatura se realice una actividad a 40 años del fin de la dictadura para promover la impunidad de los crímenes más atroces del terrorismo de Estado”, señaló.
Los integrantes del bloque de legisladores de Unión por la Patria criticaron no solo a Villarruel, sino que emitieron una nota de prensa en la que aclararon que “agotaron todas las instancias institucionales disponibles” para evitar la realización del acto. “Nuestros planteos fueron desoídos por las principales autoridades de esta Casa Legislativa”, apuntaron.
En las filas de la Coalición Cívica (CC), por su parte, decidieron no pronunciarse al respecto.
En tanto, la reacción de sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos contra la propuesta libertaria fue inmediata. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos junto a otros organismos convocaron a una movilización, en la puerta del edificio legislativo de la Ciudad para repudiar la realización del acto de Villarruel.
La convocatoria al evento en la Legislatura la extendió el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que tiene a Villarruel como presidenta. El homenaje tendrá la participación, entre otros, de Arturo Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado en agosto de 1974 y asesinado al año siguiente por el ERP. “Les molesta que pidamos DDHH para todos y que sepamos la verdad de lo que hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los 70. No quieren que se sepa la verdad, porque la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos”, escribió Villarruel en sus redes sociales.
Los 70 en la campaña
La compañera de fórmula de Javier Milei es activista en agrupaciones que se autodenominan como de “memoria completa”, es decir, que buscan reivindicar a las víctimas de la guerrilla para ubicarlos en pie de igualdad con los desaparecidos de la última dictadura militar. Estos reclamos son parte de la agenda de la asociación civil que reclama, además, que no se cumplen las garantías de los militares que están presos en causas de lesa humanidad.
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Villarruel es la encargada de preparar los equipos en materia de Defensa y Seguridad para un eventual gobierno si La Libertad Avanza se impone en los comicios presidenciales. También se espera que tenga injerencia en las áreas de Justicia y Derechos Humanos.
